El exministro de Defensa Alberto Otárola, abogado de Boluarte Zegarra, consideró que la SAC actuó “con madurez” e “hizo justicia” con su clienta. (Foto: El Comercio)
El exministro de Defensa Alberto Otárola, abogado de Boluarte Zegarra, consideró que la SAC actuó “con madurez” e “hizo justicia” con su clienta. (Foto: El Comercio)
/ Foto: Jorge Cerdán

A solo dos días de que el pleno del Congreso debata y vote la tercera moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó, por mayoría, librar a la vicepresidenta de una denuncia constitucional por una presunta infracción a los artículos 38 y 126 de la Carta Magna.

Un sector de la oposición había solicitado que la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social sea inhabilitada de la función pública por 10 años.

Esto luego de que la contraloría advirtiera a mediados de este año que Boluarte Zegarra firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, cuando ya estaba al frente del despacho de Desarrollo e Inclusión Social, entre ellos una solicitud ante la Municipalidad de Lima para que la citada asociación pueda acceder a una licencia de funcionamiento.

La abogada también omitió consignar en su declaración jurada de intereses (DJI) a Alfredo Florentino Pezo Paredes, quien es el esposo de su hermana. Esta persona fue contratada por el Estado para ofrecer sus servicios profesionales.

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Boluarte- de acuerdo a una serie de denuncias constitucionales, que fueron acumuladas- habría violado los artículos 38 y 126 de la Constitución. El primero establece que todos los peruanos están obligados a respetar el ordenamiento jurídico del país, mientras que el otro refiere que los ministros de Estado “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

No obstante, el informe final, elaborado por el parlamentario Edgard Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), subrayó que “no se evidencia” que la hoy ex titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) “hay infringido el artículo 126″ de la Carta Magna, “por cuanto los actos registrales y solicitud de licencia de funcionamiento que, realizado, no implicaron, en lo absoluto, actos de gestión o de dirección” del Club Departamental Apurímac.

El documento, al que tuvo acceso El Comercio, señaló que Boluarte Zegarra solo realizó la “formalización de decisiones adoptadas” por la asociación antes de que ella asumiera el cargo de ministra.

También remarca que “no se advierte” que la actuación de la vicepresidenta “haya generado una afectación concreta a un bien jurídico-constitucional”.

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Reymundo, en su informe final, además, descarta que la ex titular del MIDIS haya violado el artículo 38 de la Constitución, porque no existe “un conflicto de intereses real” de parte de esta al haber omitido consignar en su Declaración Jurada de Intereses que su cuñado laboraba en el Estado.

“Tampoco habría incurrido en la comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal, toda vez que, la presentación incompleta de la Declaración Jurada de Intereses presentada por parte de la denunciada no contraviene las funciones inherentes al cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social ni constituye un hecho ilegal”, se lee en el documento.

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Bancadas de centro se unieron al oficialismo

El informe de Reymundo, que recomendó archivar la denuncia constitucional contra Boluarte, fue aprobado con 13 votos a favor, y ocho en contra. Las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Perú Democrático y Juntos por el Perú respaldaron el documento. Al oficialismo se sumaron Acción Popular, Somos Perú e Integridad y Desarrollo [ver recuadro].

(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)

Durante el debate, el congresista acciopopulista José Arriola justificó la postura de su bancada, al señalar que no hubo “un aprovechamiento indebido del cargo” por parte de Boluarte, al haber realizado trámites a favor del Club Departamental Apurímac. “Me pregunto, ¿dónde está el hecho punible contra el Estado?”, expresó.

Arriola recordó que un sector de su bancada votó “a favor de la gobernabilidad”, cuando el presidente Pedro Castillo comenzó su administración.

“Lamentablemente, hechos nada gratos nos tienen hoy día en vilo”, agregó.

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Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y de Alianza para el Progreso votaron en contra del archivo de la denuncia constitucional contra Boluarte.

La portavoz del fujimorismo, Patricia Juárez, sostuvo que el artículo 126 de la Constitución es claro al señalar que los ministros de Estado “no pueden” ser gestores de intereses propios o de terceros. Añadió que este no habla de que el alto funcionario deba generar alguna perdida económica al Estado para la sanción proceda.

Juárez consideró que Boluarte pudo haber permitido que otros directivos del Club Departamental Apurímac presenten la solicitud de licencia de funcionamiento ante la Municipalidad de Lima.

“¿Qué implica que la vicepresidenta haya firmado documentos de trámite ante una entidad del Estado? Esto se presta a que se le dé un trato diferente, especial”, expresó.

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A su turno, la congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, criticó que el informe de Reymundo avale “el tarjetazo”, al no haber mostrado observaciones a la contratación en el Estado del cuñado de Boluarte Zegarra.

Jáuregui opinó que la ex titular del MIDIS sí bien no merece ser inhabilitada por 10 años, sí “una sanción adecuada y gradual”.

Las congresistas Rosio Torres (APP) y Heidy Juárez Calle (no agrupada) no participaron de la sesión de la SAC por encontrarse de licencia.

Juárez Calle juró, hace una semana, como nueva ministra de la Mujer y de Población Vulnerables. Tras ello, Podemos Perú, bancada le exigió dar un paso al costado de la agrupación.

La parlamentaria Norma Yarrow, de Avanza País, se inhibió de votar porque ella fue autora de una de las denuncias constitucionales en contra de la vicepresidenta.

El exministro de Defensa Alberto Otárola, abogado de Boluarte Zegarra, consideró que la SAC actuó “con madurez” e “hizo justicia” con su clienta.





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