El Pleno del Parlamento debate y vota este miércoles la denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos Rivera.
El Pleno del Parlamento debate y vota este miércoles la denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos Rivera.
Martín Calderón

El pleno del aprobó inhabilitar de la función pública por cinco años a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, por haber suspendido en enero de 2022 las investigaciones contra el entonces presidente .

Ávalos deberá dejar su cargo de fiscal suprema de manera inmediata. Su reemplazo en la Junta de Fiscales Supremos estaría entre los fiscales Gianina Tapia Vivas, Franklin Tomy López y Helder Terán Dianderas.

La decisión se tomó con 71 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones.

El pleno también aprobó acusar constitucionalmente a Ávalos por presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

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La acusación contra Ávalos fue sustentada por el congresista Ernesto Bustamente (Fuerza Popular).

En tanto, la ex fiscal de la Nación se presentó ante el pleno para ejercer su derecho a la defensa.

Ávalos aseguró que la acusación no tenía fundamento constitucional ni jurídico. Además, recordó que todos los fiscales de la Nación que la antecedieron archivaron de plano las denuncias contra presidentes de la República en funciones.

No obstante, la mayoría parlamentaria rechazó los argumentos de Ávalos.

NOTA PREVIA

Durante la sesión, el ponente del caso, Ernesto Bustamente (Fuerza Popular) debe sustentar el informe contra Zoraida Ávalos, actual integrante de la Junta de Fiscales Supremos, quien además podrá ejercer su defensa. Luego, se someterá a votación la acusación constitucional y la inhabilitación.

El informe, aprobado previamente por la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, acusa a Zoraida Ávalos “por presunta infracción del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución (juicio político)” tras una denuncia de la congresista Patricia Chirinos.

La exfiscal de la Nación afirmó que se le pretende inhabilitar por temas políticos y aseguró que fue la primera titular del Ministerio Público que inició investigaciones a dos expresidentes por delitos cometidos en sus funciones.

“Lo grave de esto es la señal que está mandando un sector del Congreso, que pretende inhabilitarme por cuestiones políticas. La señal es: ‘si tú fiscal suprema, vocal supremo no te alineas a mis intereses políticos, esto es lo que te puede pasar, te destituyo, te boto’”, advirtió en mayo.

“Esto es grave porque quiebra todo orden constitucional porque de alguna manera debilita y quebranta ese equilibrio de poderes que debe haber, que es el sustento de una democracia firme. Por otro lado, es una amenaza contra un sistema de administración de justicia que es el pilar fundamental, la esencia de la democracia”, exclamó.