“El único llamado a hacer una reforma de justicia es el Congreso”

Sí. Creo que todas las personas deben poder tener la libertad de desarrollar sus proyectos de vida como mejor les parezca, de poder organizar sus vidas y de disponer de sus bienes y de su patrimonio como mejor les parezca. Sin embargo, hay instituciones como el matrimonio que preceden al Estado y por lo tanto no deben ser redefinidas políticamente desde el Estado.

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—Los grupos más conservadores y religiosos han dicho que este proyecto es un disfraz y que se busca llegar al matrimonio.

Es una discusión que siempre ha encontrado posiciones divergentes, incluso dentro de los mismos grupos políticos. Es muy importante que se dé este debate y en el transcurso vamos a ver a qué solución llegamos.

—Hay políticos que dicen que este Congreso está tan deslegitimado que no debería legislar en un punto tan sensible...

Lamentablemente, se suele confundir popularidad con legitimidad y nadie niega que este Congreso y la gran mayoría de instituciones están siendo muy golpeadas por la crisis política que estamos viviendo. Sin embargo, la legitimidad del Congreso de la República no nace de las encuestas, sino de la Constitución y del hecho que ha sido democráticamente elegido.

—¿Qué ha pasado con la reelección de los alcaldes? ¿Por qué no se han alcanzado los votos?

Porque la discusión que se llevó a cabo en la Comisión de Constitución giró en torno a la reelección de alcaldes y gobernadores, y el dictamen que se aprobó por mayoría en la Comisión de Constitución versaba sobre lo mismo. Sin embargo, durante el debate en el pleno, a último minuto se introdujo la eliminación de los movimientos regionales, un punto que no había sido siquiera debatido. Introducir esa eliminación, que además genera varias dudas respecto de su constitucionalidad, ha terminado truncando esta votación.

—¿Qué hace falta para reconsiderar?

Se ha presentado una reconsideración y, si se logra llegar a un acuerdo en torno a la reelección de alcaldes y gobernadores, sí podría ser aprobada. Pero la eliminación de los movimientos regionales es un asunto que tiene que ser debatido mínimamente. Nadie niega que los movimientos tienen muchos problemas, también los tienen los partidos políticos nacionales; pero la solución no es borrarlos de un plumazo, sino que existan mayores requisitos para crear los movimientos regionales, es decir, nivelar la cancha entre los partidos nacionales y los movimientos, y que haya una mayor fiscalización por parte de los organismos electorales. Borrarlos afecta el derecho a la participación política de los ciudadanos de las regiones.

—¿Y qué del financiamiento y del poco control?

Por eso hago hincapié en que falta mayor fiscalización por parte de los organismos electorales a los movimientos. Lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que la ONPE y el JNE se han concentrado únicamente en fiscalizar a los partidos políticos nacionales, y a los movimientos regionales nadie los mira, sobre todo el financiamiento de economías ilegales.

—¿Parte de recuperar la confianza en el sistema electoral tiene que ver con su lucha por evitar el transfuguismo?

Sí, construir confianza entre los ciudadanos y sus representantes es algo fundamental y yo me he esforzado mucho en cuidar esa relación con mi electorado. El permitir que se creen nuevas bancadas, que en el fondo no han sido elegidas por nadie en un proceso electoral, socavan profundamente esa confianza ciudadana. Por eso he presentado este proyecto de ley que busca luchar contra la fragmentación parlamentaria que ha llegado a un extremo: tenemos 13 bancadas, y lo que se busca es prohibir que se formen nuevas bancadas que no fueron elegidas.

—¿Cree que con la fiscal Delia Espinoza hay mejores vientos?

La situación del Ministerio Público no va a cambiar en función de quién esté la cabeza de la institución. Hay un problema estructural, un problema de falta de eficiencia de cumplimiento de las funciones del Ministerio Público; se requiere una reforma profunda del sistema de justicia en su conjunto.

—¿Y quién debería hacer esa reforma?

El único llamado a hacer una reforma es el Congreso. Las propuestas pueden venir desde las distintas instituciones, incluso de las que forman parte del sistema de justicia, pero es solo el Congreso el que puede aprobar esa reforma.

—¿Y los fiscales y jueces que piensan que es concentración del poder?

Es absurdo pensar eso, sobre todo si tomamos en consideración que actualmente en el Congreso hay 13 bancadas. El Congreso de la República es el llamado por la Constitución a aprobar leyes y aprobar reformas de ese tipo y para aprobarlas se requieren votaciones calificadas más elevadas que para cualquier ley ordinaria, justamente para lograr el mayor consenso posible y evitar que solamente una facción política pueda capturar poder.

—¿Ha sido un error devolver a la policía la investigación primigenia de los delitos?

Esta reforma que ya se aprobó no salió de la Comisión de Defensa, sino de la Comisión de Justicia. El Ministerio Público ha perdido una facultad que tenía hasta hace pocos meses y que no estaba cumpliendo bien. Lo que se ha hecho desde el Congreso es pasar a tener el sistema que teníamos antes. La fiscalía recién empieza a tener el control absoluto de la investigación, incluso desde su etapa preliminar, a partir del 2003. Es evidente que ese sistema no dio resultado y la delincuencia está peor que nunca: ese análisis de la realidad llevó al Congreso al sistema anterior en el cual la policía tiene un rol protagónico en la etapa preliminar de la investigación; eso no quiere decir que los fiscales no tengan participación en la investigación.

—¿Qué piensa del posible pase al retiro de Harvey Colchado?

Si el coronel Colchado ha incurrido en causales que puedan llevar a su destitución a través de un proceso disciplinario, sí se debe proceder. De lo contrario, no veo por qué habría que destituirlo. Toda destitución está amparada en la ley, para mí no hay funcionario que sea intocable.

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—¿Por qué cree que no se ha podido imponer la autoridad y establecer un plan real de combate a la delincuencia?

En nuestro país existe una falta de liderazgo evidente. Tenemos varios problemas, en realidad: por un lado, tenemos una policía que debería cumplir un rol de prevención, pero no tiene los recursos para poder cumplir esa función a cabalidad. Ha sido una institución bastante maltratada. También es una institución que, lamentablemente, tiene malos elementos que tienen que ser retirados. Por otro lado, tenemos un sistema de justicia que está totalmente tomado por la corrupción, no es capaz de aplicar la ley. Y por último, tenemos un sistema penitenciario absolutamente ineficiente y vemos cómo todos los días desde las cárceles se cometen delitos. Lamentablemente, la falta de liderazgo de Dina Boluarte en este momento particular se está sintiendo de manera estridente.

—¿Le parece un exceso el pedido de 36 meses de prisión para Nicanor Boluarte, como dice el Gabinete en pleno?

Considerando que el señor Boluarte se ha dado a la fuga, no lo considero un exceso.

—¿Se consolida el pedido de vacancia que le hacen a Dina Boluarte por incapacidad moral?

Que el hermano de la presidenta se encuentre prófugo de la justicia definitivamente no aboga a favor de su inocencia. Si se encontraran mayores indicios o pruebas de que las acusaciones que tiene Nicanor Boluarte involucran de manera personal a la presidenta, definitivamente tendría que abrirse la discusión de la vacancia por incapacidad moral. Lamentablemente para nosotros, desde la izquierda la vacancia de Dina Boluarte se ha convertido en una revancha política y lo que pretenden hacer es generar una falsa equivalencia entre el gobierno de Castillo y Boluarte, cuando lo que están buscando en realidad es lavarse las manos por haber llevado a Castillo al poder.

—¿No se pueden equiparar los dos gobiernos?

En el caso de Pedro Castillo teníamos videos, imágenes del mismísimo presidente entrando a Sarratea, escondido, tapado, reuniéndose con personas que entraban con maletines. Nombró desde el día uno, en su primer Gabinete, a varias personas con serios cuestionamientos y relacionamientos con movimientos terroristas. Desde el día uno el plan de Pedro Castillo era dar un golpe de Estado, cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente. Todos sus actos iban dirigidos a eso. Pero Castillo, en el fondo, significó para nosotros una lucha de supervivencia y de preservación de nuestra democracia. Esto no quiere decir que el gobierno de Dina Boluarte sea óptimo; siempre debió ser un gobierno de transición.

—¿Deberíamos cerrar Petro-Perú?

Como mínimo podríamos comenzar con Petro-Perú y continuar con Córpac, con su privatización.

—¿Urgen cambios en el Gabinete?

Cambios urgentes y necesarios. Definitivamente se debe evaluar un cambio en el Ministerio de Energía y Minas por este problema que tenemos con el Reinfo y que el Ejecutivo está eludiendo por completo la responsabilidad que tienen. El Ministerio del Interior también requiere cambio urgente. Claramente anunció una serie de medidas y un estado de emergencia para combatir la delincuencia y no vemos ningún resultado.

—¿Cómo recuperar la confianza en el sistema electoral cuando no hay previsibilidad?

El problema –cuando hablamos de política y crisis institucional– se encuentra en nuestras reglas electorales que incentivan la fragmentación política.

—¿En qué sentido?

Tenemos leyes electorales que castigan la posibilidad de que dos o más partidos decidan unirse e ir juntos a una elección en un frente común. Se eleva la valla que se exige a los partidos para poder mantener su inscripción cuando los partidos van en alianza y se eleva en 1% por cada partido que conforme el frente. En el fondo estamos penalizando las alianzas cuando deberíamos estar haciendo todo lo contrario, sobre todo en un contexto en el que hay por lo menos 40 partidos.

—¿La reforma política de Martín Vizcarra fue un desastre?

Fue una reforma nefasta. Se prohibió la reelección parlamentaria cuando no es posible tener una democracia funcional sin una reelección parlamentaria. Se prohibió el financiamiento de personas jurídicas, se limitó de manera extrema el financiamiento formal a los partidos políticos. Fue una reforma que tuvo la finalidad explícita de debilitar a los partidos políticos y al Parlamento como institución que le hace contrapeso al Ejecutivo. La reforma fue malintencionada y ha dado muy malos resultados. El objetivo de Vizcarra era concentrar el poder, debilitar el Parlamento y finalmente lo terminó cerrando. Buscaba debilitar a sus adversarios políticos, cosa que logró.

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—¿Por qué está en contra del financiamiento público de los partidos?

Porque el dinero del contribuyente no debe ser utilizado para financiar proyectos políticos específicos con los cuales no todas las personas deben estar de acuerdo. Los proyectos políticos deben generar apoyo y financiamiento de las personas que respaldan el proyecto.

—¿Va a la reelección como diputada o aspira llegar al Senado?

Mi idea es postular a la reelección en la Cámara de Diputados. El Senado es algo que en este momento no estoy considerando.

—¿Aspira a la presidencia?

No es algo que me haya planteado. El gran reto que tiene la derecha de cara a las elecciones del 2026 es lograr un frente común que nos lleve a no cometer el mismo error que cometimos de la última elección: fuimos todos divididos y fragmentamos el voto. Es importante lograr ciertos acuerdos para formar una alianza.

—¿Considera que ha sido un exceso del PJ la anulación del partido Antauro?

Siempre ha habido discusión en torno a si se debe prohibir cierto tipo de movimientos políticos, incluso en otras partes del mundo. Considero que es una discusión sumamente compleja y con matices. En el caso de Antauro está clarísimo que quiere capturar el poder y usar el sistema democrático para destruirlo por dentro.