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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República evalúa si procede o no investigar el caso del ahora suspendido parlamentario fijimorista Julio Gagó.
El informe de la asesoria técnica de esa subcomisión plantea que se debe iniciar una investigación a Gagó por presunta infracción constitucional, pues, a través de la empresa Copy Depot, continuó siendo proveedor del Estado, a pesar de que la ley se lo prohibe expresamente.
Durante el debate, la parlamentaria fujimorista Martha Chávez y el aprista Javier Velásquez Quesquén plantearon que ese iinforme de calificación no sea aprobado, toda vez que el Ministerio Público archivó el caso porque determinó que Gagó no tiene ninguna relación contra Copy Depot.
Velásquez advirtió que el referido informe no incorpora ningún elemento nuevo que amerite investigar este caso, por lo que si fuera aprobado "se repetiría la misma investigación fiscal".
