En un oficio dirigido a sí mismo, el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, César Gonzales (Somos Perú), pidió reconsiderar su voto respecto al informe aprobado el sábado último que desestimó investigar el cobro por gastos de instalación por parte de legisladores de Lima.
Por 4 votos a favor, 3 en contra y dos abstenciones, el mencionado grupo de trabajo aprobó el informe de calificación elaborado por la secretaría técnica, que determinó que no hubo ningún tipo de infracción al Código de Ética Parlamentaria, tal como lo adelantó El Comercio. En aquella sesión, El presidente de la comisión, César Gonzales, usó su voto dirimente.
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Según indicó en su oficio, la reconsideración “permitirá un mayor debate y análisis respecto a la asignación de los gastos de instalación para los congresistas elegidos por el Distrito Electoral de Lima y Callao. Asimismo, permitirá, desde el punto de vista ético, se pueda precisar o modificar los alcances del artículo 22, inciso j, del Reglamento del Congreso, norma legal que permite que los legisladores tienen derecho a “recibir” las mismas facilidades materiales, económicas, del personal que requiera para el mejor desarrollo de sus funciones”.
Los congresistas a los que se inició indagación tras haber cobrado el bono de instalación son: Mónica Saavedra, Walter Rivera Guerra y Paul García Oviedo (Acción Popular); Rocío Silva Santisteban y Carlos Fernández Chacón (Frente Amplio).
Asimismo, Martha Chávez, Marco Antonio Pichilingue Gómez, Carlos Mesía y Valeria Valer (Fuerza Popular); Carmen Omonte y Omar Chehade (Alianza para el Progreso); Alcides Rayme, Wilmer Cayllahua Barrientos, María Teresa Céspedes, Isaías Pineda, Richard Rubio Gariza y María Cristina Retamozo (Frepap).
Del mismo modo, María Teresa Cabrera, Luis Felipe Castillo Oliva y Cecilia García Rodríguez (Podemos Perú); José Vega Antonio (Unión por el Perú); y Arlette Contreras (no agrupada).