Presidentes bajo la lupa: Congreso creó hasta 16 comisiones investigadoras contra gobiernos en los últimos 20 años

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Aunque la Comisión de Fiscalización, presidida por el parlamentario Héctor Ventura (Fuerza Popular) sí obtuvo votación favorable tras sustentar su informe final, que concluía una presunta red de corrupción en el gobierno (con relación a las visitas en la casa de pasaje Sarratea y otros casos), el resultado no impactó más a nivel sancionador. En los últimos 20 años, las comisiones investigadoras abiertas en el Parlamento tampoco contribuyeron directamente en ese sentido sobre otros presidentes y altos funcionarios.

De acuerdo con información analizada por la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, entre el período 2001 y 2022, el Poder Legislativo ha creado hasta 16 comisiones investigadoras que atribuían responsabilidades penales o infracciones a gobiernos y jefes de Estado. Si bien 12 llegaron a conclusiones aprobadas por mayoría en el hemiciclo, los trabajos pasaron al archivo, en tanto que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dirigió procesos de manera separada.

En promedio, el período de trabajo de las comisiones mencionadas fue de 245 días, incluyendo prórrogas para ampliar las pesquisas. Según información presupuestaria del Congreso, el costo de una comisión investigadora a nivel logístico y de personal es de S/ 170 mil en promedio por año. Y, si consideramos los gastos realizados en 21 años, la suma supera los S/ 27 millones.

Eficacia vs. atribuciones del Congreso

En diálogo con este Diario, el especialista en Derecho Parlamentario y ex oficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, sostuvo que el rol de las comisiones investigadoras debe valorarse más allá de los resultados punitivos. En tal sentido, precisó que su conformación, además de avalada constitucionalmente, tiene como objetivo principal la recopilación de datos relevantes que, frente a hechos o supuestos de interés ciudadano, genere debates más informados tanto dentro del Parlamento.

“Cuando el Congreso utiliza la facultad que la Constitución le señala para investigar hechos de interés público, esa atribución no se agota en una competencia de carácter sancionatorio o punitivo. Esto, porque las investigaciones lo que hacen es permitir que los representantes, en nombre del pueblo, se informen respecto de la gestión que realizan los altos funcionarios en general. Por eso es que, cuando se evalúa el rol del Congreso en general en materia de fiscalización o de dirección política, la función que también se está cumpliendo es la función deliberativa o la función cognitiva”, señaló.

Para la politóloga y especialista en temas parlamentarios, Kathy Zegarra Díaz, se debe también considerar que el Congreso es un foro político, en donde el carácter punitivo no es centro de las investigaciones que realiza. Sin embargo, añadió que en los últimos años algunas comisiones investigadoras no han sido creadas bajo suficiente reflexión y sus resultados inconclusos o rechazados han desnaturalizado su rol legítimo.

“Hay una diferencia entre lo que buscan las comisiones investigadoras y sus resultados. Es complicado pedir eficiencia cuando el proceso es político. Sin embargo, creo que sí es importante que comencemos a repensarlas. Una de las cuestiones positivas es que, en general, responden a un carácter público. Sin embargo, lo que hemos encontrado últimamente es una mala praxis y uso poco responsable del presupuesto del Parlamento en su creación y mantenimiento”, comentó.

Uno de los ejemplos de lo sostenido por Zegarra es el de la comisión que investigó presuntas irregularidades en las Elecciones Generales del 2021. Originalmente, se le asignó un período de trabajo de 120 días, que luego se modificó a más de 150. No obstante, sus conclusiones en mayoría, ya presentadas ante el pleno, fueron desestimadas por 55 legisladores, mientras que 15 se abstuvieron de votar. Con solo 42 votos a favor, el informe final fue enviado al archivo.

Responsabilidad y desnaturalización

El especialista César Delgado advierte que el trabajo de las comisiones investigadoras permite transparentar el seguimiento de actos funcionales cuestionados y que, por tanto, sus sesiones –en varios casos, abiertas y públicas– ayudan a la población a formar sus propios juicios tras denuncias ventiladas por los medios de comunicación. Adicionalmente, otorga mayores herramientas objetivas al discurso legislativo.

“También es cuestión de que [a partir de lo analizado en las comisiones investigadoras] se obtenga la información a partir de la cual pueden los representantes y representados formarse un juicio o una opinión. Eso por un lado. Por otro lado, está el rol que los representantes tienen, a partir de la capacidad que les corresponde para luego actuar como portavoces de esta opinión ante la esfera pública, es decir, ante los medios de comunicación”, precisó

La especialista Kathy Zegarra coincidió en que las comisiones investigadoras, al citar a funcionarios públicos o personas relacionadas con el poder y difundir el contenido de sus sesiones, contribuyen a la transparencia y al interés ciudadano. Esto, porque si bien los casos son también investigados a nivel fiscal o judicial, aquellos procedimientos tienen mayor reserva. No obstante, insistió en que las comisiones investigadoras deben sopesar su razón de ser bajo un criterio más objetivo que coyuntural o netamente político.

“Es importante que tengamos temas que se discutan en agenda, pero que estos no sean únicamente aquellos que se originan de escándalos y que luego las investigaciones sigan su curso sin ningún tipo de fin. Es necesaria la mayor exigencia y responsabilidad para que todas las comisiones investigadoras tengan un personal capacitado, que mantenga un equilibrio pensado en el carácter de representación público y político que tienen estos grupos de trabajo. En ese sentido, debe primar siempre el interés público y la base en sospechas reales; no las agendas particulares o vendettas partidarias”, explicó.