El ministro de Educación, Martín Benavides, debe presentarse este jueves ante el Congreso para responder el pliego interpelatorio de 33 preguntas referidas a su gestión como jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
El 7 de julio, tras ingresar a debate la moción, El Comercio publicó este informe en el que se advierte que el ministro ya respondió ante el propio Parlamento diversas preguntas incluidas en la moción de interpelación.
Aquí el informe:
La moción de interpelación contra el ministro de Educación, Martín Benavides, no está referida a la temática de la crisis sanitaria que atraviesa el país a raíz del COVID-19. Son 33 preguntas, centradas, en su mayor parte, en el licenciamiento de dos instituciones privadas, que ya ha respondido ante la Comisión de Educación del propio Parlamento.
El ministro de Educación, Martín Benavides, fue citado al Congreso hasta en seis oportunidades: a las comisiones de Educación, Presupuesto y Pueblos Andinos. La sesión del grupo de Educación, del 16 de junio, estuvo centrada en el tema de los licenciamientos, el mismo motivo por el cual se busca interpelarlo en el pleno.
En el pleno del jueves 25 de junio, se dio cuenta de la moción firmada por representantes de Acción Popular, Fuerza Popular, Frepap y Unión por el Perú. El reglamento del Congreso estipula que el pedido se somete a votación, inevitablemente, en la siguiente sesión de la que se dio cuenta. Esto debió ocurrir en la sesión del viernes 3 de julio. Sin embargo, no ocurrió.
La Mesa Directiva del Congreso, según fuentes consultadas, interpretó que la moción se dio a cuenta sin haber sido incorporada en la agenda (algo que no contempla el reglamento). Ante ello, decidieron que la moción recién se dará a cuenta en una próxima sesión junto a los seis pedidos de interpelación restantes que se han presentado contra otros ministros.
Universidades privadas
Este Diario revisó la sesión de la Comisión de Educación, del 19 de junio, donde no solo se presentó el ministro Martín Benavides, sino también el jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra. Un cruce de información con el pliego interpelatorio, muestra que las preguntas inciden sobre dos licenciamientos sobre los cuales las autoridades del gobierno ya han respondido.
De las 33 preguntas: 16 preguntas está referidas a la Universidad Peruano Alemana (preguntas 5-20); 4 a la Universidad Tecnológica del Perú (preguntas 21-25); además de otras generales (1-4) y sobre designaciones en la Sunedu (26-33). Todas estas interrogantes están centradas en el paso de Martín Benavides como jefe de la Sunedu, antes de asumir el cargo de ministro del sector.
Entre la preguntas 5 y 14, el principal cuestionamiento es sobre las condiciones básicas de calidad y las filiales de de la Universidad Peruano Alemana (UPAL).
“Para el tema de la infraestructura se exige el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para los dos primeros años de funcionamientos de las universidades. Y acompañado a ese cumplimiento de los dos primeros años, se exige el cumplimiento de un programa de implementación progresiva, supervisado por Sunedu, para garantizar que los estudiantes, cuando terminen el año dos, tengan una infraestructura con conexiones básicas de calidad para el años tres, cuatro y cinco”, refirió el ministro en su presentación el 19 de junio.
Asimismo, explicó que, tres semanas atrás, Sunedu publicó el nuevo modelo de autorización de funcionamiento donde se reconoce la situación de universidades o filiales sin alumnos.
“Ahí se dice, siendo un modelo más exigente, que cualquier nuevo proyecto educativo que quiera presentar y pedir una autorización de funcionamiento tiene que cumplir con tener una infraestructura para los dos primeros años. Es un criterio razonable [...] hay carreras que dependen de laboratorios en su año cinco que, si los obligamos a comprar todo en el año cero antes de iniciar, en el año cinco este material puede quedar obsoleto”, refirió.
Entrando al caso específico de la Universidad Peruano Alemana, el titular del Minedu explicó que su autorización inicial, dada por la anterior autoridad, le había reconocido cinco programas. Sin embargo, Sunedu determinó que tres de ellos no cumplían condiciones básicas de calidad, y solo recibió autorización para dos programas de estudio.
En esa línea, el ministro Benavides recordó que en el 2017, el Congreso disuelto demoró en aprobar la moratoria para la creación de nuevas universidades, y muchas aprovecharon para inscribir nuevas filiales, entre ellas la Universidad Tecnológica del Perú.
Pese a ello, indicó que muchas de estas no se licenciaron o retiraron las filiales ingresadas porque no cumplieron las condiciones básicas de calidad.
La moción, en su pregunta 23, desliza que la Sunedu -bajo la administración de Benavides- habría favorecido a la UTP durante la época en la que venció la moratoria, aunque no refiere nada sobre la demora del Congreso en emitir la ley respectiva para la ampliación.
“Así como la UTP y la UPAL se han licenciado con este mecanismo, también lo han hecho universidades públicas que tienen comisiones organizadoras [...] se han licenciado con locales que cumplían, para los dos primeros años, todas sus condiciones básicas de calidad, y al mismo tiempo con un programa progresivo de implementación de la infraestructura para los siguientes años”, acotó el ministro en otro momento.
Según detalló, este es el motivo por el cual se observan algunas universidades licenciadas con locales principales que cumplen las condiciones básicas de calidad, y al costado una construcción en proceso para los siguientes años.
“Lo mismo ocurre con la universidad UTP que tiene un licenciamiento de filiales con sus locales para su primeros años, y al costado construyen o van construyendo para el año tres, cuatro, cinco. En algunas localidades lo tienen en espacios deparado. En este segundo caso, de querer abrir ese nuevo local que está en un sitio distinto, tendrá que solicitar una ampliación de licencia”, dijo tras ratificar que es un proceso regular y reglamentado, y descartando algún tipo de favoritismo.
En lo que se refiere a la UPAL, la pregunta 11 de la moción está referida a que los directores de escuela no contarían con el grado de Doctor. En la Comisión de Educación, el ministro refirió que la referida universidad registró 15 docentes para sus dos primeros años de actividad, el 60% de ellos con posgrados en universidades en el extranjero.
La pregunta 9 de la moción refiere que la UPAL, solo su segundo piso está dedicado a clases con un aforo de 112 personas y 343 metros. “¿Usted cree que se inició la reforma universitaria para licencias universidad del tamaño de una cada?”, culmina la pregunta.
Ante la Comisión de Educación, el titular del Minedu ya había respondido al respecto: “Cumple perfectamente el indicador de ocupabilidad que exige la Sunedu, que tiene que ver con la cantidad de espacio disponibles según las horas de enseñanza. Ellos necesitan 8.000 horas de espacio, y actualmente les cubre para 8.720 horas”.
También respondió Sunedu
En la misma sesión del 19 de junio, se presentó el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, quien también precisó varios de los puntos consultados en el pliego interpelatorio.
Según detalló Zegarra, hasta la fecha se han licenciado 94 universidades, de las cuales 28 (14 públicas y 14 privadas) tienen 82 filiales en conjunto. De esta última cifra, el 55% pertenecen a universidades publicas.
Agregó que de las 12 universidades con más filiales, ocho son públicas y cuatro privadas. Las cuatro privadas con más filiares son la Universidad César Vallejo (9), la UTP (7), la Universidad Católica Sedes Sapientiae (5) y la Universidad Andina del Cusco (3).
De otro lado, el jefe de la Sunedu descartó algún tipo de favorecimiento hacia algún grupo. De hecho, la moción de interpelación desliza un “contubernio” con el Grupo Intercorp, dueño de la UTP.
Zegarra recordó, ante la Comisión de Educación, que la Sunedu sancionó a la UTP debido a que su filial de Chiclayo comenzó a funcionar sin autorización. La universidad tuvo que pagar una multa de más de 900 mil soles.
Las únicas preguntas de la moción de interpelación que no han sido respondidas con anterioridad en la Comisión de Educación son las de índoles más político. Por ejemplo, la pregunta 27 está referida al rol de Fabiola León, esposa del congresista Gino Costa, como miembro del Consejo Directivo de la Sunedu.
O incluso, la pregunta 28 cuestiona que el actual congresista Francisco Sagasti haya integrado el mismo Consejo Directivo. En el último pleno, este tema fue mencionado y Sagasti aclaró que fue una participación ad honorem.
Votos e investigaciones
Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, ha advertido que, al no tener nada que ver con la crisis, la moción muestra “una vocación de traerse abajo al ministro que viene de la Sunedu y representa la reforma”.
Entre las cuatro bancadas que firman la moción suman 68 votos y solo necesitan 43 para aprobarla.
A esto se suma que en el pleno del viernes 3, el pleno otorgó facultades a la Comisión de Educación para investigar a la Sunedu. En su presentación ante dicho grupo, Benavides recordó que este era el quinto intento que nacía en el Congreso por indagar sobre la Sunedu y los licenciamientos.
Durante la gestión de Benavides en la Sunedu, Fuerza Popular impulsó cuatro investigaciones en su contra. Hoy la historia parece repetirse, pero a través de otras bancadas.