Investigación a Keiko Fujimori está encarpetada desde el 2013

La Comisión de Fiscalización acaba de abrir una nueva investigación, esta vez para indagar sobre los aportes recibidos por los partidos en la campaña del 2011. Sin embargo, este grupo de trabajo registra investigaciones pendientes que tienen más de un año congeladas.

La más llamativa, pues tiene de lejos el mayor tiempo  sin que se haya producido una sola actividad desde  que se otorgaron las facultades, es contra Keiko Fujimori. Data del 2013 y nunca se efectuaron pesquisas.

La moción tramitada el 29 de mayo del 2013 propuso otorgar facultades a la Comisión de Fiscalización por el plazo de 180 días para que se investigue a Keiko Fujimori por el inmueble que ocupa, registrado a nombre de Jenny Mery Kagami Fujimori, sobrina de Rosa Fujimori.

La moción dice que el origen de este inmueble “podría ser consecuencia de delito, producto de dineros apropiados ilícitamente de Apenkai y/o de las arcas de Estado”.  De comprobarse esto último, Fujimori estaría incurriendo en el delito de tenencia ilegal.

La moción también pide indagar sobre la venta por US$669.500 de la casa ubicada en la calle Pinerolo, de propiedad de su familia, dinero con el que, según Keiko Fujimori, se financiaron sus estudios en el extranjero. El documento pide también ahondar en la compra del terreno en la playa Toyo Seco-Puerto Fiel, en Cañete, por parte de la lideresa fujimorista.

En esa línea, los 12 congresistas firmantes también propusieron, a través de la moción, que se lleven a cabo averiguaciones respecto de cómo “solventa el holgado estilo de vida de su familia, si no se le conocen ingresos ni empleo o propiedades registradas, siendo gerente de dos empresas desactivadas y con deudas en Essalud”.

DOBLE POSTURA
Casi 15 días después de presentada, la moción fue aprobada en el Consejo Directivo del Congreso con votos de la bancada de Fuerza Popular incluidos. Es decir, se le otorgó facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar a Keiko Fujimori.

Fueron ocho votos a favor, tres en contra y siete abstenciones. De los ocho a favor, seis fueron fujimoristas. Pero la votación fujimorista fue solo para las cámaras. El entonces vocero de la bancada de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, presentó al día siguiente una carta pidiendo la reconsideración de la votación que aprobó investigar a su lideresa. 

Para el ex presidente de la Comisión de Fiscalización Vicente Zeballos, esta medida fue un intento de dilatar la investigación. De hecho, la reconsideración presentada por Aguinaga se tomó 55 meses después.

Incluso, en setiembre del mismo 2013, el parlamentario Jorge Rimarachín remitió una carta a la Presidencia del Congreso exigiendo se incluya en la agenda del Consejo Directivo. La solicitud no fue tomada en cuenta hasta el 26 de noviembre.

Aquel día se rechazó la reconsideración fujimorista al no alcanzar los votos requeridos. Dos días después, la Oficialía Mayor informó a Fiscalización que al ser rechazada la reconsideración la investigación debía seguir. Esto nunca ocurrió. 

No es el único caso de investigación paralizada en la Comisión de Fiscalización. También están en espera el caso Helios iniciado en marzo del 2014, el caso Onagi cuya investigación comenzó en abril del 2014, el caso de la Caja Metropolitana que se abrió en junio del 2014.