JNJ: Los detalles del dictamen de la Comisión de Constitución que desaparece la Junta Nacional de Justicia

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó —por mayoría— el dictamen de reforma constitucional que desaparece a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crea, en su lugar, la Escuela Nacional de la Magistratura. Además, se atribuye al Senado la potestad de elegir a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), respectivamente, dos de los tres organismos que conforman el sistema electoral.

El dictamen fue abordado en una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, que preside la legisladora Martha Moyano (Fuerza Popular). Fueron 13 votos a favor, cinco de ellos “con reservas”; frente a cinco votos en contra y cinco abstenciones [ver gráfica]. Así, el tema quedó expedito para que sea visto en el pleno del Congreso, la máxima instancia, en donde se requeriría 87 votos en dos legislaturas distintas o, en su defecto, 66 votos y un referéndum.

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A través de esta fórmula, se establece la modificación de hasta 13 artículos de la Constitución Política para la creación de la denominada ‘Escuela Nacional de la Magistratura’, la cual con su entrada en vigor concluiría las funciones tanto de la JNJ, como de la Academia de la Magistratura, según el propio texto.

Mira aquí el debate:

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De acuerdo con la propuesta, esta escuela estará a cargo de la “formación” de los aspirantes a jueces y fiscales a nivel nacional, “así como de su selección y posterior nombramiento; asimismo, de su actualización y perfeccionamiento, y de su capacitación con fines de ascenso”.

Se establece que la Escuela Nacional de la Magistratura estará conformada por un Consejo Directivo y éste, a su vez, integrado por un juez supremo titular, un fiscal supremo titular (en ambos casos, en actividad o cesante), así como por un miembro elegido por los rectores de las universidades. Los miembros de este consejo directivo, según la propuesta, “pueden ser removidos del cargo, por causa grave, por el Senado del Congreso”.

Además, dentro del mismo paquete de reforma, se propone que los jefes de la ONPE y el Reniec sean ahora nombrados por el Senado del Congreso, con un periodo renovable de cuatro años, con la posibilidad de que también sean removidos por falta grave. Actualmente, ambos son elegidos por la JNJ.

Estos son los cambios planteados:

La sesión duró poco más de media hora. Algunos legisladores plantearon reparos, unos de forma y otros de fondo, pero desde la presidenta de la comisión se insistió en someter el tema a votación, llegando a ser aprobado pese a las objeciones. La legisladora Martha Moyano indicó a los legisladores que “hay temas que deben ir necesariamente a la ley orgánica y hay otros temas que podrían modificarse en el propio pleno”.

“Considero desde la presidencia que podríamos ir a una votación ahora, con el dictamen que tenemos, y en el pleno cuando se debata, se puede plantear algunas otras sugerencias”, aseveró.

El congresista Reymundo Mercado (Cambio Democrático-JP) había cuestionado que el dictamen haya sido remitido pasada las 10:00 a.m. del mismo día, a lo que mencionó que debería de haberse remitido con 24 horas de anticipación. “Necesitamos más debate y no queremos sesiones sorpresas como la que se está haciendo en estos momentos”, dijo.

En esa misma línea se pronunció su colega de bancada Víctor Cutipa. Además, el legislador Germán Tacuri (Bloque Magisterial), consideró que debería realizarse análisis sobre cuál sería el costo de la creación de la nueva escuela y mostró su disconformidad indicando que “se están haciendo cambios en la Constitución como si fuéramos una asamblea constituyente”.

Por su parte, la legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular) indicó que si bien se está elevando a 50 años la edad para ser juez de la Corte Suprema, en el texto se debe establecer explícitamente la edad límite de 70 años, en referencia a la controversia que se generó con la JNJ. También propuso que se incluya a la lista de aforados a los jefes de las autoridades de control tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.

“Si, efectivamente, estamos modificando la Constitución y lo que se quiere es crear certidumbre, que no haya más criterios de interpretación, que no haya una serie de argumentos que en su momento expusieron los miembros de la JNJ y sus abogados (...) podríamos establecer quizás cuál es la edad límite para ser juez de la Corte Suprema”, remarcó Juárez.

Además, la parlamentaria Adriana Tudela (Avanza País) planteó que el consejo directivo de la escuela pueda contar con más miembros y no solo tres, como establece el texto presentado por la presidencia de la comisión. “Si solo son tres miembros, el poder que tiene un solo voto, creo yo, que es tal vez demasiado. La misma duda que tengo en si para ser miembro del consejo se requiere ser abogado o no”, apuntó.

A pesar de las objeciones, el tema fue sometido a votación.

Así se realizó la votación en la Comisión de Constitución:

El abogado constitucionalista Erick Urbina consideró que se trata de una buena propuesta la creación de una escuela para jueces y fiscales pues no solamente generará una carrera dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público “sino que, además, va a poder ayudar a que haya mayor crecimiento profesional de los que ya son parte del sistema judicial”.

“La JNJ, en el fondo, era lo mismo que el CNM, el cambio fue cómo se elegían a los miembros (...), pero luego ha terminado pasando lo mismo. Fomentar la carrera judicial, cosa que no hace la JNJ porque no tiene competencia para ello, y que tampoco ha conseguido la Academia de la Magistratura, sí son temas importantes y una escuela puede hacerlo”, indicó en diálogo con El Comercio.

Sin embargo, Urbina también mostró su preocupación respecto al encargo que recaería ahora en el Senado para la elección de la ONPE y el Reniec y apuntó que ello bien podría continuar a cargo de la escuela. También cuestionó que se deje sin efecto la designación de los actuales miembros de la JNJ, quienes -apuntó- podrían demandar su reposición.

Similar postura mostró Gilmar Andía, ex viceministro de Justicia, quien apuntó que la creación de una escuela, técnicamente, no es algo malo y que ya existe en otros países, donde se ha demostrado que sí funciona.

“Técnicamente, a mí me parece que, si bien la idea puede ser buena, técnicamente tiene muchas falencias. Obviamente la desaparición de la JNJ es un tema que tiene un trasfondo político importantísimo. Porque, además, lo que se está diciendo es que el Congreso está logrando tener un poder absoluto”, cuestionó en entrevista con este Diario.

“Si bien la idea puede ser buena, están tomando esta idea buena como excusa para la desaparición de la JNJ. Eso implicaría que, al día de hoy, todos los procedimientos disciplinarios que se han iniciado queden en stand-by”, acotó.

Por su parte, el abogado Enrique Ghersi se mostró a favor de la eliminación de la JNJ. Remarcó que no puede haber “jueces elegidos políticamente” sino más bien “neutrales”, sin formar parte del juego político de un país. “Me parece una buena iniciativa, es un cambio completo en el sistema. (...) Porque si tú haces cambios para hacer más de lo mismo, ¿qué diferencia había entre el CNM y la JNJ? Nada”, exclamó.

Respecto a la elección por parte del Senado de los jefes de ONPE y Reniec, Ghersi indicó más bien que debería retornarse al sistema que regía en la Constitución del 79, suprimiendo a ambas instituciones y reintegrarlas al JNE.

Por su parte, el expresidente del TC, Ernesto Álvarez, indicó que “era necesario” hacer esta reforma pues “el modelo que teníamos, que es muy similar al de la JNJ y el CNM, había ya llegado a su fin, prácticamente había colapsado”.

Sin embargo, indicó que se espera que se puedan realizar algunas correcciones a nivel del pleno del Congreso, como es la ampliación de los tres integrantes del consejo directivo de la Escuela Nacional de la Magistratura. “[Se] Otorga demasiado poder a cada una de esas personas. Sería mejor tener un colegiado de cinco”, acotó.

“El modelo fracasado implica que dirige la carrera una entidad extraña a los propios jueces y fiscales, por una sospecha permanente contra ellos. Ese modelo ha fracasado. Lo que se tiene que hacer es que ellos mismos participen de forma muy activa en dirigir su propia carrera, al igual que los diplomáticos, al igual que los marinos, al igual que los militares”, aseveró Álvarez.

El exmagistrado del TC también consideró correcto que sea el senado el que elija a los jefes de ONPE y Reniec pues, apuntó, deben contar con la “confianza” de los actores políticos que concluyen su mandato.

“En este caso es mejor que sea abierto, que sea transparente. Que en el propio Senado se debata y se barajen los nombres y que gane el que tenga mayor confianza y consenso. Es mejor eso a que luego nos demos cuenta de que el concurso público lo ha ganado una personalidad discutible, con problemas o con un sesgo muy a la siquiera o a la derecha. Mejor que sea transparente”, aseveró.

El abogado constitucionalista Natale Amprimo, por su parte, consideró que la reforma, tal como está aprobada por la comisión, no llegaría a solucionar el problema que se advierte en el sistema de justicia. Remarcó que se debe fomentar la postulación de los mejores cuadros para la carrera judicial y fiscal. “Es más de lo mismo”, cuestionó.

Desde la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en tanto, se emitió un comunicado en donde se sostiene que lo aprobado por parte de la Comisión de Constitución afecta no solo a la junta “sino al sistema de justicia y la institucionalidad del país”.

“Lejos de mejorar la administración de justicia en beneficio de la población, el proyecto es un retroceso porque da a la sala plena del Poder Judicial y a la junta de fiscales la facultad de elegir jueces y fiscales, respectivamente, corriendo el riesgo de pervertir el sistema de justicia, como ocurrió en el pasado”, se cuestionó.