Congreso investigará a la JNJ: los votos y las claves del caso que enfrenta a dos instituciones

La Junta Nacional de Justicia calificó como una “amenaza al orden constitucional” la decisión aprobada por el Congreso de investigar, de manera sumaria, a los siete miembros de dicha institución por presunta causa grave.

El pleno del Parlamento decidió que la Comisión de Justicia realice una investigación sumaria contra la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, y los magistrados Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello por pronunciarse, en mayo pasado, contra el juicio político y antejuicio al que fue sometida la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Además, que se investigue una supuesta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Congreso de inhabilitar a Ávalos del ejercicio de la función pública por cinco años.

El pleno adoptó el acuerdo con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones. La Comisión de Justicia tendrá un plazo máximo de 14 días hábiles para elaborar un informe del caso.

La propuesta de investigar a los miembros de la JNJ fue de la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, quien la presentó mediante una moción de orden del día.

Chirinos busca la destitución de los siete integrantes de esa institución, a quienes acusa de utilizarla como una “herramienta política”.

En opinión de la legisladora, los integrantes de la JNJ se excedieron de sus competencias al “emitir un juicio político” en el caso de Ávalos.

La moción recibió el respaldo mayoritario en todas las bancadas excepto las de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Perú Bicentenario y Acción Popular.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN EN EL PLENO DEL CONGRESO:

A favor, en contra y abstención: Así votaron uno a uno los congresistas:

Durante la sesión del pleno, el congresista Jaime Quito, no agrupado, aseguró que la propuesta de Chirinos es “parte de una persecución política” contra la JNJ.

La legisladora Ruth Luque, de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, añadió que se trata de una interferencia del Congreso.

“Interfieren políticamente contra el sistema de justicia, pues hay que recordar que la JNJ nombra y ratifica jueces y fiscales”, señaló.

En tanto, la congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, defendió la facultad del Congreso para iniciar un proceso contra la JNJ, amparado en el artículo 157 de la Constitución.

Al mismo artículo se refirió Gladys Echaíz, de Renovación Popular, quien añadió: “No es un pedido antojadizo. Existe una base legal. Pienso que por la salud de las instituciones [...] es necesario hacer una evaluación de las conductas”.

En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso hay tres denunciadas presentadas por Patricia Chirinos contra los integrantes de la JNJ. Dos de ellas son por los mismos motivos con los que justificó su moción; y la tercera, porque presuntamente la JNJ no presentó informes anuales al Parlamento.

Otra denuncia en la subcomisión fue presentada por el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, por presunto abuso de autoridad, nombramiento ilegal y otros delitos.

“Tenemos la responsabilidad de poner un alto a una Junta Nacional de Justicia que se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares y ha incurrido en faltas muy graves"

Patricia Chirinos, congresista de Avanza País

La decisión del pleno generó la rápida respuesta de la JNJ, que la consideró una “amenaza al orden constitucional”.

"Al país le constan las amenazas que desde diversos frentes se ciernen sobre la Junta Nacional de Justicia, sin más causa que el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales".

Junta Nacional de Justicia

La JNJ añadió que la eventual remoción de sus miembros “sin un procedimiento preestablecido, sin una causal justificada y con clamorosa carencia de fundamento, constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”.

ESTE ES EL COMUNICADO QUE DIFUNDIÓ:

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, cuestionó la decisión del Congreso al considerar que atenta contra principios democráticos.

“El Congreso está usando figuras excepcionales con absoluta irresponsabilidad. Se apoyan en que siguen caminos formales pero yendo en contra de principios democráticos esenciales, como el debido proceso. Es el uso arbitrario de sus funciones”, dijo en diálogo con El Comercio.

Previamente, Transparencia rechazó el acuerdo del pleno mediante un comunicado. En este exhortó al Congreso a considerar “las graves consecuencias de la vulneración de la institucionalidad de la JNJ”.

Además, señaló que el acuerdo del Congreso forma parte de un conjunto de acciones de diversos actores “que buscan debilitar su autonomía, independencia y competencias”.

Por último, recordó que en los próximos meses la JNJ deberá evaluar la continuidad de los titulares de la ONPE y el Reniec. “[...] la eventual designación como miembros de la JNJ de personas no idóneas o comprometidos con intereses particulares afectaría gravemente tanto el sistema de justicia como el sistema electoral”, señaló.

Las Naciones Unidas también emitieron un pronunciamiento de preocupación frente a la decisión del Congreso. “La JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país que incluye el nombramiento, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como a quienes lideran los organismos electorales en el país”, señaló.

No obstante, en opinión del abogado Alejandro Rospigliosi, experto en asuntos parlamentarios, la decisión del pleno no rompe el equilibrio de poderes.

“Los artículos 156 y 157 facultan al Congreso de la República para realizar esta investigación y proceso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Está dentro de sus funciones y no rompe el equilibrio de poderes. Sí hay indicios de un presunto conflicto de intereses y comportamiento indebido que los miembros de la JNJ deben esclarecer. En una democracia nadie está exento de control”, dijo a El Comercio.

El jueves por la tarde, la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, la legisladora Janet Rivas, de Perú Libre, fue notificada oficialmente de la decisión del pleno para que se realice la investigación.

Rivas había votado en abstención.