Congreso quedó a un paso de inhabilitar a toda la JNJ: la votación en la Comisión Permanente y lo que sigue

Este lunes, la Comisión Permanente aprobó por amplia mayoría el informe que recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años a los actuales los seis actuales miembros de la JNJ: Antonio de la Haza (presidente), Aldo Vásquez (vicepresidente), Imelda Tumialán, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello. Lo mismo se pide para Henry Ávila, quien renunció a la institución la semana pasada.

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Los siete son acusados de haber infringido el artículo 156 de la Constitución, que establece que para ser integrante de la junta se debe tener menos de 75 años. Ello por haber avalado la permanencia de la magistrada Inés Tello luego de haber cumplido esa edad a fines del 2020.

La denuncia constitucional para lograr ese objetivo fue presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular). Luego, el legislador Esdras Medina (Unidad y Diálogo) elaboró el informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomendó la inhabilitación, el cual fue aprobado en ese grupo el pasado viernes 16 de enero, con 14 votos a favor.

Este lunes, el informe fue presentado ante la Comisión Permanente del Congreso por la legisladora Lady Camones (APP), presidenta de la SAC), y fue sustentado por Esdras Medina. El parlamentario aseguró que Inés Tello debió haber sido vacada tras cumplir los 75 años. No haberlo hecho, sostuvo, no fue una omisión de funciones, sino una falta a la Constitución que debe sancionarse con la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.

Antonio de la Haza y Aldo Vásquez se presentaron ante la Comisión Permanente, acompañados por el abogado Samuel Abad como defensa de los magistrados. También se presentó el abogado Omar Cairo en representación de Inés Tello. Todos ello rechazaron la acusación y solicitaron su archivo.

Como titular de la JNJ, Antonio de la Haza rechazó el informe de Esdras Medina, negando que hayan infringido la Constitución. Señaló que tres de los miembros suplentes de la JNJ que fueron designados junto con ellos en el 2020 hoy tienen más de 75 años, lo que les impide integrase a la junta y dejaría a la institución sin el mínimo de miembros para realizar sus princiapels funciones: sus procesos disciplinarios, de ratificación y de nombramientos.

“La edad como supuesto para dejar el cargo no está previsto ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la JNJ [...] Seguir la lógica del señor Medina es dejar acéfala, inactiva, toda una institución constitucional. Ello es como plantear la destitución de todos los integrantes de la sala plena de la Corte Suprema”.

Aldo Vásquez incidió en que vacar a Inés Tello al cumplir 75 años sí hubiese sido una infracción artículo 155 de la Constitución, que establece que el cargo en la junta dura cinco años, y un delito de abuso de autoridad. Además, consideró que “la afectación de la autonomía de la autonomía de la JNJ, a través del cese masivo de sus miembros, sería la confirmación de la ausencia de institucionalidad en el Perú y el quiebre del equilibrio de poderes”.

En suma, la defensa de la junta se reafirmó en su intepretación -apoyada en un informe de Servir- de que la condición de tener menos de 75 años era solo para integrarse a la junta y que cada uno de los miembros juró su cargo en el 2020 por cinco años. Además, incidieron en que la mayoría de integrantes de la comisión especial que eligió a los actuales miembros de la JNJ en el 2020 tuvo esa misma interpretación.

Los argumentos de la defensa, sin embargo, no tuvieron eco entre los congresistas. Luego de un debate que duró unos 35 minutos, la denuncia fue sometida a voto. La acusación contra cada magistrado se votó de forma separada, siendo todas aprobadas con entre 18 y 21 votos a favor.

En cada caso, los votos vinieron principalmente de Fuerza Popular, con sus integrantes en la Comisión Permanente más el primer vicepresidente de la Mesa Directiva, Arturo Alegría, y de Perú Libre, con sus legisladores y con el tercer vicepresidente, Walder Cerrón. Los apoyos también vinieron desde Avanza País, Renovación Popular, Acción, Popu,ar Somos Perú, y Unidad y Diálogo.

De APP solo votó a favor respecto a los siete acusados Lady Camones, la presidenta de la SAC. Si bien María Acuña también se pronunció a favor en el primer caso, el de Imelda Tumialán, el resto de legisladores apepistas no respondieron al llamado a votar en ninguno de los otros seis magistrados.

Las posturas estuvieron divididas en el Bloque Magisterial y Podemos Perú. En el primer grupo, Lucinda Vásquez y lex Paredes votaron en contra o en abstención; mientras que Édgar Tello votó a favor. En el segundo, el vocero José Luna estuvo a favor; mientras que Kirra Alcarraz, Francis Paredes y Carlos Zevallos lo hicieron en contra.

Las únicas bancadas que votaron constantemente en contra o en abstención del informe fueron las de Cambio Democrático-Juntos por el Perú y Perú Bicentenario.

Con el informe aprobado a nivel de la Comisión Permanente, el próximo paso es que el pleno del Congreso también vea el caso y emita la votación definitiva. La inhabilitación requiere el voto de 2/3 del número de parlamentarios (130) sin contar a los 30 integrantes de la Comisión Permanente. Es decir, se requiere el voto mínimo de 66 legisladores.

En tanto, fuentes de El Comercio comentaron que la fecha para definir cuando será esa sesión del pleno se definirá este miércoles en la sesión de Junta de Portavoces convocada para ese día. Sin embargo, todo apunta a que será el jueves 7 de marzo. Los impulsores de la denuncia buscan que el tema se resuelva cuanto antes.

Constitucionalistas consultados por este Diario indicaron que la votación en el pleno también será individual por cada uno de los siete magistrados acusados. Por ello, es posible que se concrete la salida de los seis actuales integrantes de la JNJ, de solo algunos de ellos o de ninguno. Todo depende ahora de los votos.

Heber Joel Campos, profesor de Derecho Constitucional en la PUCP, consideró que la acusación contra la JNJ es de carácter más político que jurídico, con un “argumento muy débil” que no justifica la inhabilitación. “Antes del artículo 156, está el artículo 155 de la Constitución que señala que la permanencia en el cargo de la junta es por cinco años”, comentó.

“Si se concreta la salida de los seis integrantes, habría un problema porque tres de los suplentes también superaron el supuesto límite de edad. La JNJ no podría funcionar porque no se podría concretar el quórum de cinco integrantes que la ley exige para tomar decisiones importantes [...] Si el Congreso confirma lo decidido por la Comisión Permanente, en la práctica, la junta quedaría inoperativa hasta que se elijan nuevos integrantes, lo que recién ocurrirá el próximo año”.

El constitucionalista Natale Amprimo opinó que a pesar de la alta votación en la Comisión Permanente, no está garantizado que se llegue a los 66 votos requeridos en el pleno. Por otro lado, a su juicio, los magistrados de la JNJ sí infringieron la Constitución y sí se justifica la inhabilitación: “Creo que la junta que está descalificada y que tuvo un objetivo que no ha logrado para la ciudadanía”.

Respecto a los suplentes que ya tienen más de 75 años, indicó que quienes los eligieron no fueron prudentes ni tuvieron criterio, pero que la Constitución establece que no se puede integrar la JNJ ni ningún otro cargo (salvo los de elección popular) cuando se tiene más de 75 años. “El Perú tiene un gran problema: que por cuestione prácticas, no aplicamos la Constitución. Si tres suplentes tienen más de 75 años, bueno, es una lástima”.

Sobre el tema de los suplentes mayores de 75 años, aspecto reportado por El Comercio el pasado 20 de febrero, el portal Epicentro reportó que el congresista José Cueto (Renovación Popular) envió un oficio al defensor del Pueblo al respecto para manifestar su “preocupación” por ese aspecto y preguntar qué medidas se estaban tomando.

El defensor es, por ley, el presidente de la comisión especial que designará a los próximos integrantes de la JNJ para el periodo 2025-2030. Fuentes de El Comercio corroboraron el envío de ese oficio. Al respecto, Campos comentó adelantar el procedimiento de esa comisión especial no está previsto en la ley.

El origen y rol de la JNJ

Preguntas y respuestas sobre la junta: su rol, su origen, sus miembros y sus suplentes

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¿Cuál es la función de la JNJ?

La JNJ es el ente autónomo encargado de nombrar, sancionar y ratificar a jueces y fiscales titulares, así como al jefe de la Onpe y del Reniec. Por ello, se trata de una institución clave para el funcionamiento del sistema judicial (Poder Judicial y Ministerio Público) y el sistema electoral.

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2. ¿Cómo surge la JNJ?

En el 2018, a raíz del caso 'Cuellos Blancos del Puerto', el Congreso desactiva el Consejo de Nacional de la Magistratura (CNM), institución que cumplía hasta entonces ese mismo rol. A partir de un número de proyectos de ley impulsados en esa coyuntura, entre ellos uno del gobierno de Martín Vizcarra, el Congreso (de mayoría fujimorista) aprueba una reforma constitucional para crear la JNJ en lugar del CNM. La reforma fue luego ratificada ese mismo año en referéndum.

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¿Quién eligió a los actuales miembros y suplentes de la JNJ?

Los magistrados fueron nombrados mediante un concurso de méritos dirigio por una comisión especial para nombrar a la JNJ. Esta trabajó entre el 2019 y 2020 bajo la presidencia de Walter Gutiérrez, entonces defensor del Pueblo. Lo acompañaron José Lecaros como presidente del Poder Judicial, Ernesto Blume como presidente del Tribunal Constitucional, Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación, Nelson Shack como contralor general, el rector de la UNI Jorge Alva como representante de las universidad públicas, y el rector de la Universidad de Piura Antonio Abruña como representente de las universidades privadas

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4. ¿Qué pasaría si se destituye a todos los magistrados de la JNJ?

Si los seis magistrados son destituidos, sería reemplazados por los suplentes, también designados en el 2020 por concurso de méritos. Sin embargo, de los siete suplentes solo cuatro podrían asumir por ser actualmente menores de 75 años. Son los abogados Marco Tulio Falconí (foto), Abraham Siles, Mónica Rossel y Jaime de la Puente. Con solo ellos no se llegaría al mínimo de cinco miembros necesaria para los proceso disciplinarios, de nombramiento y ratificación que tiene a cargo la JNJ. Todos esos procesos, como los de fiscales supremos Patricia Benavides y Pablo Sánchez, o los de la ratifiación de los jefes de la ONPE y Reniec, quedarían estancados.