Redacción EC

La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Martha Moyano (Fuerza Popular), inició este martes el debate del predictamen de reforma constitucional que desaparece la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crea, en su lugar, la “Escuela Nacional de la Magistratura”. Esto sobre la base de un proyecto impulsado por Gladys Echaíz (Renovación Popular).

Sin embargo, el texto no fue sometido a votación como se esperaba y Moyano suspendió el debate sin precisar nueva fecha. Solo indicó que la discusión en la comisión será amplia.

Mira aquí la sesión


Sigue aquí los detalles:

11:10 horas

10:50 horas

Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) señala que la propuesta debería pasar por una consulta ciudadana, como pasó la creación de la JNJ. Critica que se le otorgue a las fuerzas políticas del Congreso (Senado) la capacidad para elegir al jefe de la ONPE, parte del sistema electoral

Adriana Tudela (Avanza País) cuestiona la autonomía que se le dio a la JNJ en la elección de magistrados y autoridades del sistema electoral. “Se creó un sistema aislado del control de los poderes electos (los partidos políticos) para tener el control de ambos sistemas”

10:45 horas

Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Héctor Ventura (Fuerza Popular) manifiestan su apoyo a la propuesta con críticas a la JNJ. Muñante la responsabilidad de la crisis en el sistema de justicia, Ventura la llama “deplorable” y que “no debe continuar más”

10:10 horas


Se debe tener en cuenta que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y el , se mostraron en contra de la iniciativa. En tanto, la Academia de la Magistratura remitió su opinión institucional calificando como “inviable” el proyecto.

“Consideramos que, por lo menos en este momento, no sería factible implementar”,Yo no desearía calificar si es constitucional o no. Para mí, lo más apropiado sería que el Poder Judicial antes que se apruebe esa modificación a la legislación se pronuncie sobre dos miembros de la Junta Nacional de Justicia porque tienen derecho al pronunciamiento”, .

Detalles del dictamen

Publicada la presente reforma constitucional concluyen las funciones de la Junta Nacional de Justicia y de la Academia de la Magistratura, encargándose la Contraloría General de la República, durante el proceso de transferencia, de cautelar el acervo documentario y administrativo de ambas instituciones y de supervisar su transición hacia la Escuela Nacional de la Magistratura”, señala la propuesta.

Como se trata de una reforma a la Constitución, para su aprobación se requiere, en el pleno, de votación calificada (87) en dos legislaturas o 66 votos en una legislatura y ratificada vía referéndum. Busca modificar específicamente los artículos 142, 144, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 182 y 183.

Además, se pretende que los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sean nombrados por el Senado por un periodo renovable y puedan ser removidos por el mismo órgano por falta grave. Aquí se modificarían los artículos 182 y 183 de la Constitución.

La Escuela Nacional de la Magistratura es el centro superior de alta especialización e investigación académica encargada de la selección y formación de los aspirantes a jueces y fiscales, así como de su nombramiento; de la capacitación con fines de ascenso y de su actualización y perfeccionamiento; así como, de extender el título que los acredite como jueces o fiscales en su correspondiente grado y de su cancelación en los supuestos previstos por la ley”, precisa el predictamen.

Añade que este nuevo organismo se encargará de seleccionar y nombrar a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público previo concurso público.


Según el texto, el órgano de gobierno de la Escuela Nacional de la Magistratura será un consejo directivo integrado por un juez supremo, en actividad o cesante, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia; un fiscal supremo, en actividad o cesante, elegido por la Junta de Fiscales Supremos; y un exrector de las universidades nacionales y privadas, elegido por sus rectores en ejercicio con apoyo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.