“Deberíamos primero aprobar las reformas y luego ir el adelanto de elecciones”

De otro lado, Camones considera que antes de aprobar el adelanto de elecciones en segunda votación se debe revisar las reformas que consideran necesarias para el proceso electoral de abril del 2024.

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—¿Anticipa que mañana la decisión en el pleno será unánime en contra del congresista Freddy Díaz?

La votación que se tuvo en el informe final sustentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue unánime. Todos votaron a favor. Lo mismo ha sucedido en la Comisión Permanente. Él como acusado ha aceptado haber hecho uso indebido del despacho congresal porque ha manifestado que no solo libó licor, sino que mantuvo relaciones sexuales con una trabajadora que estaba bajo su dependencia laboral. Esos son los dos puntos que se han evaluado dentro de la Subcomisión.

El hecho de que si ha existido o no el delito de violencia sexual no es competencia de la Subcomisión. Esto, al ser un delito común, el congresista Díaz ha sido denunciado ante la instancia, el Ministerio Público. Este es un delito común y para eso no hay que levantarle el fuero parlamentario, no tiene inmunidad sobre eso porque no es un delito de función.

—A fines de octubre del 2022, la Subcomisión asignó como delegado del caso Los Niños -investigados por presunta infracción constitucional y presuntos delitos como colusión, cohecho, organización criminal, tráfico de influencias- al congresista Ernesto Bustamante. En noviembre, a la congresista Norma Yarrow. ¿Qué queda pendiente en este proceso?

Norma Yarrow ha avanzado con este caso, se ha notificado a los implicados, se ha recibido también el descargo de ellos. Han presentado 101 testigos. Entonces, estamos haciendo la programación de la presentación de cada uno de los testigos por cada uno de los imputados. Es un caso que se ha declarado complejo, que evidentemente no se va a poder resolver en 15 días. Creo que nos va a tomar unos 15 días adicionales para poder escuchar a todos los que han sido citados en calidad de testigos para poder elaborar el informe final.

—¿Hasta cuándo podría extenderse para tener un resultado final?

Esta semana debemos estar iniciando la audiencia o cita para los testigos. Estaremos hasta terminar la legislatura.

—Las audiencias con los testigos, ¿cuánto tiempo les podría tomar al ser 101?

Es una cantidad elevada, estamos pensando que se va a solicitar la ampliación de 15 días adicionales para que se pueda realizar estas audiencias. Pasado este tiempo, 30 días hábiles, se pueda elaborar el informe final, sustentarlo, debatirlo y tener un resultado en la Subcomisión. Debemos estar hablando entre el 15 y 20 de febrero [para sustentar el informe final].

—Ellos ni siquiera han sido sancionados en la Comisión de Ética. ¿No son ese tipo de dilaciones las que aumentan el descontento hacia el Congreso?

Nosotros [como Subcomisión] hemos recibido en octubre del año pasado esa denuncia y hemos dado cuenta y atendido todo el procedimiento tal cual el Reglamento de Congreso. Lamentablemente, este es un proceso bastante tedioso.

[Por eso] nosotros, como Subcomisión, también estamos presentando un proyecto de modificación del Reglamento para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deje de depender de la Comisión Permanente y se convierta en una comisión. Obviamente, sin quitar la prerrogativa de acusación que tiene la Comisión Permanente. Ese proyecto nos ahorraría tiempos como, por ejemplo, cuando se hace la presentación del informe de calificación. Lo votamos en la Subcomisión, pero si es aprobado o rechazado tiene que subir a la Comisión Permanente para que se sustente, debata y vote. Entonces, si la Subcomisión deja de pertenecer a la Comisión Permanente, nos ahorraríamos un tiempo de 10 a 15 días. Haría que los procesos sean más céleres sobre casos emblemáticos. Atendemos denuncias de altos funcionarios.

—Esa falta de celeridad repercute. Precisamente, uno de los pedidos de quienes protestan es contra el Congreso.

Si nosotros no hacemos lo que el reglamento establece, estaríamos afectando el derecho al debido proceso. Eso acarrearía que se nos denuncie por no haber atendido derechos. De setiembre a diciembre hemos atendido 77 casos, de ellos 55 con informes de calificación. Respecto al trabajo de la Subcomisión no se puede decir que no se están respetado los plazos o que no se está teniendo la prontitud de resolver los emblemáticos. El procedimiento es así. Para eso tendría que modificarse el reglamento y sobre eso también estamos trabajando para evitar que se tenga esta mala imagen por desconocimiento de los procedimientos que están regulados.

—Otro caso es el de Wilmar Elera. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Piura confirmó, a fines de diciembre, la sentencia de seis años en su contra. ¿Cómo debe actuar el Congreso respecto a su caso?

Al mantenerse con la condición de congresista y sin hacer un trabajo efectivo está limitando el derecho de representación de la población de Piura. Yo pienso que ha debido presentarse una denuncia constitucional en contra del congresista Elera, no solo por el hecho de tener una sentencia ratificada, sino por la condición de prófugo. Siendo un congresista, debería ponerse a derecho. Está en calidad de prófugo y ese solo hecho debería no solamente tener una denuncia en Ética, también una denuncia constitucional. Pero en la Subcomisión no podemos denunciar por ser parte, tendría que hacerlo otro congresista que no sea parte de la Comisión Permanente ni de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

—Aún ninguno de sus colegas lo ha hecho, pasando prácticamente desapercibido.

Eso solo parte por presentar una denuncia constitucional ante la Subcomisión. A la fecha, no se ha presentado.

—Respecto al expresidente Pedro Castillo, se aprobó en la Subcomisión el informe final de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación. ¿Cuándo lo verá la Comisión Permanente?

Me parece que la fecha para esta denuncia es 13 de enero. Una vez que suba a la Permanente, ellos tienen que notificar a los tres denunciados, que son el expresidente Pedro Castillo y exministros.

—Hace algunas semanas, cuando empezaron las protestas, el hoy primer ministro señaló a algunos congresistas como Guillermo Bermejo como azuzador en estas movilizaciones. El caso lo ve Ética, pero al verse la gravedad de las consecuencias ¿debería presentarse una denuncia constitucional en contra de ellos?

Si hay pruebas que corroboran este tipo de denuncias, corresponde presentar una ante la subcomisión.

—En el caso del expresidente Pedro Castillo, ¿cuántas denuncias están en la etapa final?

La denuncia presentada por la fiscal de la Nación nosotros ya perdimos competencia como Subcomisión porque ya presentamos el informe final que se votó, se aprobó, ahora queda en la Permanente. Tenemos la del golpe de Estado, que se hizo sustracción de la materia porque se buscaba a través de esta denuncia el antejuicio. Respecto a él hay sustracción de la materia, pero no ocurre lo mismo en esa denuncia contra Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, a quienes también se les ha notificado, han presentado sus descargos y esta semana debemos tener la audiencia de determinación de hechos y pertinencia de pruebas.

—El Congreso aprobó el adelanto de elecciones, ahora debe ser ratificado en la legislatura. ¿Debe ser el primer tema que votar, apenas inicie la siguiente legislatura?

Lo que primero debemos hacer, habiendo votado en esta primera legislatura, lo que nos debe convocar y preocupar es hacer las reformas electorales que requerimos para tener un proceso electoral con mejores condiciones, que la población tenga mejores candidatos. Hay que dar facilidades a que la población elija a los mejores y para eso hay que hacer reformas constitucionales, leyes orgánicas.

—Es decir, primero discutir reformas antes de pasar a la segunda votación.

Claro que sí, es mi postura. Deberíamos, primero, aprobar las reformas y luego ir a la segunda votación para el adelanto de elecciones. Entiendo, se va a repetir en la segunda votación, entonces no tendría por qué cambiar la posición de los congresistas que en esta primera legislatura votaron a favor.

—Debatir reformas y luego realizar la segunda votación, cuando hay una exigencia de adelanto de elecciones, que por lo menos esté definido, ¿no empeoraría las movilizaciones, el descontento?

Creo que no porque la población tiene que entender que el Congreso no se está negando a un adelanto de elecciones. Prueba de ello es la primera votación. Hoy nos convoca preocuparnos para avanzar con el tema de las reformas. Una cosa no tiene que condicionar a otra, pero debemos saber bajo qué escenario se realizarán las nuevas elecciones.

—Pero un sector de la población, por lo que hemos visto, está concentrada en exigir el adelanto de elecciones. La dilación en la primera votación fue rechazada. ¿No se leerá como una nueva dilatación?

No necesariamente. Obviamente tenemos un país que está dividido. De repente hay mucha gente que puede querer el adelanto de elecciones, otros no. Nos corresponde como congresistas ser responsables y tomar decisiones responsables en favor de la población. Y una de ellas es que existan reformas electorales para que terminemos con este círculo vicioso de estar cerrando congresos y de estar vacando presidentes. Tenemos que darle estabilidad al país dándole seguridad al Ejecutivo como seguridad también a la Legislativo. La población también tiene que hacerse responsable de su voto.

—¿Es posible que en el Congreso se llegue a consensos mínimos sobre estas reformas? Considerando que en varios casos hubo posiciones divididas. Además, respecto a qué reformas mínimas deben ser estos consensos.

Para que todas aquellas dudas que tienen aún los congresistas que no están convencidos de repente de las reformas o del adelanto de elecciones sean absueltas [en la Comisión de Constitución]. Eso es lo que tiene que hacer, convocar especialistas para poder ilustrar a quienes vamos a votar. Es importante porque los congresistas no somos especialistas en cada una de las materias

—Su colega Roselli Amuruz ha presentado un proyecto que busca recortar el mandato de los titulares del JNE y la ONPE. ¿Es oportuno que se plantee un cambio así, no se lee como una intención de manejo de estas instituciones electorales?

No, yo creo que, con todo lo que se ha vivido y esta crisis política también, se ha generado mucha desconfianza sobre el tema electoral. Creo que sí es oportuno que este proyecto sea al menos debatido. Lamentablemente los jefes del sistema electoral no han dado claras luces de haber tenido un desempeño objetivo dentro la gestión de sus instituciones.

—Pero basados en qué deberían debatirse estos cambios. ¿Acaso los jefes de la ONPE y JNE no han hecho un trabajo técnico?

Hay un gran sector de la población que cuestiona el trabajo que han tenido de estos tres titulares del sistema electoral. Cuando se habla de darle un escenario más favorable a la población incluye también al sistema electoral. […] Yo no tengo nada contra ellos, pero sí es cierto que, así como hay gente que no quiere al Congreso, también hay mucha gente que no quiere a los titulares de los organismos electorales.

—Respecto a qué hechos, por ejemplo, usted es suspicaz respecto a ellos.

No tengo suspicacia, me refiero a que hay un sector considerable de la población. Hoy vivimos conflictos porque hay descontentos respecto al Congreso, la presidenta. Igual hay un sector que no les garantiza transparencia los jefes del sistema electoral. Si vamos a escuchar a la población, escuchemos a todos los sectores.

—Pero esa suspicacia también recae en el Congreso y son ustedes los que darían la posibilidad de modificar el mandato.

Quienes se encargan de elegir, si es aprobado, es la JNJ.

—APP otorgará el voto de confianza al Gabinete Otárola, pero ¿hay requerimientos que han pedido al gobierno?

Nos reunimos siete congresistas con el primer ministro. En la conversación, se le ha alcanzado la problemática que aqueja a cada una de nuestras regiones. El primer ministro ha dicho que están haciendo cambios en el aparato estatal.

—¿Se va a dar la confianza incluso cuando uno de los ministros se ha pronunciado en contra de la reforma universitaria?

Nosotros estamos haciendo una evaluación general, no en específico. A título personal, no estoy muy de acuerdo con la presencia del ministro de Educación. Considero que hay que hacer ahí de repente una revisión y que tanto exigir un cambio, de una persona que responda a las expectativas que nosotros como congresistas espera. Nosotros sí vamos a dar el voto de confianza a todo el Gabinete, pero también pedimos que se revalué la permanencia del ministro de Educación. Si es posible, se pueda cambiar por otra persona que no tenga cuestionamientos.

—¿Este pedido lo comunicaron en su reunión con el primer ministro?

No directamente, pero obviamente ya hemos estado alertando en algunas entrevistas indicando que no estamos muy contentos con él. Estamos apostando porque el Gabinete empiece a trabajar ya.

—Además de una sugerencia, podría pasar a ser una exigencia.

La sugerencia es que evalúen si consideran hacer un cambio en la cartera.

—Si otra bancada presenta una moción de interpelación, ¿estaría a favor?

Lo evaluaríamos como bancada. La interpelación es escuchar, darle la oportunidad para que nos exponga su plan de trabajo. Si convence, quizás decimos está bien que siga con su plan. Si no, se tomarán otras decisiones.

—Las movilizaciones han empezado, hubo 28 personas que murieron en las anteriores marchas. En estas, las personas piden la salida de los congresistas. Desde el gobierno no hubo una autocrítica ni responsabilidad política por estos lamentables hechos, ¿qué autocrítica debe plantearse el Congreso como uno de los actores?

No tanto autocrítica. Lamentamos mucho que se haya perdido tantas vidas en estas manifestaciones, nosotros siempre vamos a representar el derecho a la protesta. Lo que sí vamos a rechazar es el tipo de violencia. […] ¿Qué exigimos como Congreso?, que la presidenta Boluarte o el primer ministro, de manera inmediata, inicien investigaciones para que se determine quiénes son los responsables de las muertes.