Lava Jato: Claves de la investigación en el anterior Congreso

En el Congreso de la República se instaló hoy una nueva Comisión Lava Jato, pues en la gestión anterior en el Parlamento ya se había conformado una bajo la presidencia del entonces legislador Juan Pari.

Este grupo de trabajo se conformó en octubre del 2015 para investigar los presuntos pagos de coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, entre otras. Luego de nueve meses de investigación se presentaron tres informes que no se llegaron a debatir en el pleno y, por ello, terminaron en el archivo: uno llevó solo la firma de Pari, quien pese a tener la presidencia presentó en junio del 2016 su informe en minoría; el de mayoría tuvo el apoyo del Apra, Perú Posible y el Partido Nacionalista; y el tercero llevó las firmas de los fujimoristas Karina Beteta y Jesús Hurtado.

En junio del 2016, Pari presentó un informe en solitario. Este no fue debatido en el pleno. (Foto: Archivo El Comercio) 

En tanto, en noviembre del 2016, el nuevo Congreso presidido por Luz Salgado aprobó la creación de una comisión especial que continúe por 180 días las investigaciones. Este grupo es el que se instaló hoy con la presidencia del fujimorista Víctor Albrech.

¿Pero a qué conclusiones llegó el informe de Pari, que además fue presentado al propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez? A continuación algunas de las claves.

1. Números y limitaciones de la comisión
La conformación del grupo de trabajo se aprobó el 1 de octubre del 2015 recibiendo un plazo de 120 días útiles para investigar, plazo que fue ampliado hasta el 31 de mayo del 2016. Realizó 21 sesiones ordinarias, 8 extraordinarias y 11 reuniones indagatorias. Asimismo, se logró el levantamiento del secreto bancario y tributario a 195 personas naturales y 99 personas jurídicas peruanas, así como a 135 personas naturales extranjeras. Hubo 105 personas citadas, habiéndose tomado la declaración a 58 de ellas.

Entre las ex autoridades que declararon ante la comisión se encuentran los ex presidentes Alan García y Alejandro Toledo. Y aunque no acudieron a las citaciones, el alcalde Luis Castañeda Lossio y la ex alcaldesa Susana Villarán enviaron documentos con sus explicaciones. Asimismo, el hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), ex ministro en el gobierno de Toledo, declaró ante el grupo de trabajo en febrero del 2016.

El informe del ex congresista Pari señala que una importante limitación fue “la falta de cooperación del Ministerio Público y del Fiscal de la Nación, quien no permitió que se nos entregara la información que la Procuraduría de Brasil preparó por pedido expreso de la comisión investigadora en su oportunidad”. Aquí, el documento precisa que no se pudo acceder a la información debido a un convenio entre la fiscalía peruana y la Procuraduría de Brasil.

2. Las empresas y el modus operandi
En base a investigaciones previas de la justicia brasileña, la comisión señaló que las empresas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, Engenvix, UTC y otras constituyeron “un cartel de carácter delictivo con la finalidad de monopolizar las contrataciones con la empresa Petrobras, en el marco de las cuales obtenían ingresos ilícitos que luego eran ‘lavados’ en el sistema financiero internacional”.

Así, el informe sostiene que esas empresas habrían trasladado sus operaciones ilegales al Perú, “convirtiendo al Estado peruano en su contratante, replicando en él el papel de Petrobras, perjudicando al erario público”. Además, se indica que el Perú se habría convertido en un “paraíso tributario-financiero” para dichas compañías.

El modus operandi, señala el informe, consistía en lo siguiente. Las empresas brasileñas mantenían una cercanía con funcionarios de mayor jerarquía y realizaban negociaciones con funcionarios públicos para obtener las obras y concesiones públicas. Posteriormente, las compañías obtenían “adjudicaciones indebidas, contratos perniciosos para el Estado peruano, ganancias exorbitantes garantizadas con el presupuesto público y prolongadas concesiones”. “En todos los casos analizados tenemos que se entrega la buena pro, o se firma un contrato, por un monto determinado y luego progresivamente el costo del contrato o concesión se hace muchísimo más alto al inicialmente previsto”.

Además, el informe refiere que los dueños y/o ejecutivos de las empresas brasileñas tuvieron “una relación directa y especial con las altas autoridades del Estado, las cuales negociaron, suscribieron y/o favorecieron directa o indirectamente la suscripción de los contratos de concesión o construcción”.

3. Período de actuación de empresas
El informe señala incluso que los procedimientos de las empresas brasileñas datan desde las década de 1980 en nuestro país. Sin embargo, se precisa que “es a partir del año 2003, y durante los tres últimos gobiernos, que se convierten en frecuentes vía los denominados megaproyectos que comprometen miles de millones de dólares del tesoro público que financian los contribuyentes”.

Así, se alude a los gobiernos de Ollanta Humala (2011-2016), Alan García (2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2006). Cabe recordar precisamente que, de acuerdo a la justicia de Estados Unidos, Odebrecht ha reconocido haber pagado coimas por US$29 millones entre el 2005 y 2014 en nuestro país.

4. Proyectos de cuestionadas empresas
Se señala que las empresas brasileñas investigadas participaron en los siguientes proyectos: Carretera Interoceánica Norte y Sur (Tramos II, III y IV); Proyectos Olmos (Trasvase e Irrigación); Línea 1 del Metro de Lima; Línea Amarilla o Vía Parque Rímac; Proyecto Hidro Energético Alto Piura; Gasoducto Sur Peruano; Planta de Tratamiento de Huachipa; Proyecto Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis.

5. Indicios
El documento afirma que hubo procedimientos irregulares a los que se les dio una aparente legalidad en procesos de adjudicación, contratación, ejecución de contratos, otorgamiento de adelantos, así como en algunos arbitrajes y renegociaciones de contratos. “Estos hechos han originado una grave afectación económica al Estado peruano por un lado y, de otro, pingües rentabilidades para las empresas brasileñas favorecidas, las mismas que han sido inclusive garantizadas por contratos lesivos al Estado peruano”.

Asimismo, se indica que existe la presunción de que diversas autoridades y funcionarios públicos de nuestro país habrían recibido coimas de empresas brasileñas en relación con la sobrevalorización de diversas obras públicas, negociaciones incompatibles y lavado de activos, lo que afectó económicamente al Estado peruano.

“…Se han establecido indicios de que ha operado en el Perú un esquema financiero empresarial de sucesivas transferencias de dinero, con la aparente finalidad de esconder su origen y su destino final. Destino este que estaría asociado al pago de coimas a cambio de prebendas obtenidas por empresas brasileñas con contratos y adendas lesivos al Estado peruano”, se señala entre las conclusiones.

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