Para la parlamentaria Leslye Lazo (Acción Popular), presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, el fin de semana primó el aspecto político sobre el técnico, al haberse rechazado en el pleno el dictamen –sacado adelante en tres días por el grupo de trabajo que dirige- para hacer frente al hacinamiento en los penales en medio de la emergencia por el COVID-19. Fue un mensaje al Ejecutivo, indica. Al menos en el Parlamento, todo el tema ha vuelto a fojas cero.
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—¿Cuál es el balance sobre lo ocurrido con los proyectos destinados para el deshacinamiento de los penales? Hay la percepción de que nadie se quiere hacer responsable del tema.
En efecto, el resultado de la votación definitivamente indica que el Congreso ha dado el mensaje al Ejecutivo de que esa responsabilidad es suya netamente. Hubo 59 votos en abstención, [que] quiere decir que no quieren hacerse responsables. Obviamente, como políticos sabemos que esto no es un tema muy popular, que no va a conllevar al aplauso. Pero entiendo también, como legisladora, que uno no solamente representa a los ciudadanos de a pie, sino también a esa población que se encuentra internada en los centros penitenciarios, a sus familias y al personal del INPE, quienes también están en peligro por esta pandemia. Llegamos a hacer un dictamen consensuado, pero aquí ganó el tema no popular, el abstenerse y darle la carga al Poder Ejecutivo. Que finalmente lo tiene, pero en esta coyuntura nos tocó a nosotros hacerlo y se debió haber asumido [el tema] con mucha más responsabilidad.
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—¿Ha perdido una oportunidad el Congreso para asumir su responsabilidad y hacerse cargo de un tema que es de derechos humanos?
Por supuesto que sí. De primar el derecho a la vida, derecho fundamental del ser humano y del fin supremo de la sociedad y del Estado. Ha primado más lo político, lo electoral, de que el próximo año seguramente se están preparando para las elecciones y que este tema no es muy popular.
—Pese a que se vive una emergencia, se priorizó el tema político sobre lo técnico...
En mi opinión, sí. Ganó el tema más político que el técnico. Lamento decirlo, pero así es, porque las bancadas que consensuaron conmigo, y cuyos aportes se acogió para consensuar y sacar este tema, finalmente se voltearon por algunos intereses políticos. Porque se cerró la brecha para que salgan los delitos de corrupción de funcionarios, prevaricato, etcétera.
—Precisamente, existía una preocupación porque con lo que se apruebe iban a poder salir los presos por casos graves y/o corrupción. ¿Esto era así?
El dictamen en minoría abría las puertas a ese tipo de delitos, como por ejemplo el de malversación de fondos, peculado de uso y entre otros. En cambio, con el dictamen en mayoría no salían delitos graves. Habían bastantes delitos que eran exceptuados. Esto beneficiaba a la prisión preventiva, con algunas consideraciones, y además aquellos penados (también con algunas consideraciones) con delitos no mayores de 10 años. No estaba robo agravado, no estaban ‘los hermanitos’, los violadores, no habían feminicidas, proxenetas. Solo eran delitos leves los que se iban a considerar.
—El respaldo que tuvo el dictamen en la Comisión de Justicia no se vio reflejado en el pleno por las mismas bancadas. Una de ellas incluso la suya, Acción Popular. ¿No hubo consenso previo?
En el caso de mi bancada, los [congresistas] que votaron a favor en la comisión sí votaron a favor en el pleno. Como digo, este tema tiene un tinte bastante político. En Acción Popular, casi la mayoría se abstuvo y, en minoría, votaron a favor. En el caso de las otras bancadas, no hubo voluntad política para concluir con este tema. Me parece que no ha prevalecido el derecho a la vida, el derecho a la salud, sino otro tipo de intereses más que nada políticos. No es un tema popular, que vayas a salir a la puerta y te van a aplaudir, pero finalmente no hemos sido elegidos para eso. Teníamos que hacer nuestra tarea y en este momento nuestra tarea fue legislar en este tema tan importante.
—El Congreso no hizo su tarea…
Finalmente no la hizo. Pero resalto que la comisión sí, desde que ha sido instalada, hasta el día sábado ha tenido un arduo trabajo, ha tenido la voluntad de consensuar, de poder sacarlo adelante [el dictamen] en beneficio no solamente de la población penitenciaria, sino de la familia y de nuestro personal del INPE.
—¿Usted sintió que su bancada la dejó sola, políticamente hablando? Porque solo el Partido Morado votó en bloque a favor del dictamen...
Hay que aclarar que esta iniciativa no es de Leslye Lazo de Acción Popular. Si fuera una iniciativa mía, ahí sí se vería que no he tenido el respaldo de mi bancada. He actuado como presidenta de una comisión a fin de tratar proyectos de ley del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de dos congresistas que no son de mi bancada. Aquí el respaldo no va a Leslye Lazo, aquí el respaldo no ha sido al deshacinamiento de los penales.
—Pero lo lógico sería que cuando un congresista preside una comisión, su bancada respalde el texto que está presentando al pleno. Porque es la agrupación que finalmente puso al congresista y confía en su trabajo…
Sí... [pero] definitivamente yo no me siento molesta ni nada, porque es un tema bastante debatible y controvertido. La mayoría de mi bancada son políticos, esto es política y, como dije, ha primado esa posición. Nada que reprochar a mi bancada, he entendido su posición y [estoy] tranquila porque hemos cumplido el trabajo. Hemos tenido la voluntad y uno responde por sus votos. Finalmente los votos son públicos y ya cada quien será juzgado.
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—¿Cuál es la salida que ve ahora para lograr mitigar el hacinamiento en los penales?
Los dictámenes de los proyectos que han sido puestos en debate ayer [sábado] han sido archivados. Hay que esperar nuevas iniciativas legislativas, que espero que se dé desde mañana [hoy] o pasado, y que se tome con carácter de urgencia el jueves —que es el pleno—, a menos que se quiera citar días antes. De repente el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial remiten nuevamente algún proyecto de ley.
—Pero al haberse archivado los proyectos todo vuelve a fojas cero. Se tendría que comenzar de nuevo, pedir opiniones, tratar de hacer un diálogo más amplio con las bancadas. Está esa alternativa, que es un camino más largo, o que el Ejecutivo saque adelante más acciones para contrarrestar el hacinamiento. ¿No es así?
Tiene razón en el análisis, esto queda en fojas cero. Pero hay que recordar que el Ejecutivo puede solicitar facultades para poder legislar sobre esta materia. Y si es que hay un nuevo proyecto enviado, hay que solicitar el nuevamente el consenso, tendríamos que pedir que venga el ministro de Justicia, el representante del PJ, y definitivamente demoraría.
—Y ahí es cuando el mensaje que dio ayer el Congreso con su decisión es: ustedes, como Ejecutivo, háganlo.
Finalmente sí, eso es lo que dijo ayer en mayoría el Congreso.
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—¿Hace algún mea culpa en el sentido de que se trató de abordar las propuestas de todos y, al final, ninguno quedó contento precisamente por eso?
Una ley es producto de un consenso y de unos aportes. Por ejemplo, Fuerza Popular estuvo de acuerdo con el primer dictamen, con el segundo dictamen, y simplemente cuando cerré la puerta a algunos delitos y se bajó para delitos que no sean mayores de 10 años, simplemente voltearon la espalda y se fueron por el dictamen en donde sí se abría la puerta a los corruptos. Entonces, yo me siento tranquila, al igual que la mayoría de miembros de la comisión, por el buen trabajo que se hizo en tiempo récord. Nunca una comisión había atendido tan rápido a los proyectos de ley.