Ley de Presupuesto 2025: entretelones de la demora del debate, la repartición regional y influencia política de APP y sus aliados

La Comisión de Presupuesto debe tener su dictamen listo en el plazo que vence, según el Reglamento, antes del 15 de noviembre, de manera que el Congreso pueda debatirlo y votarlo en el término final que vence el 30 de noviembre. Pero en la casa de las leyes no se cumple el reglamento, por lo que el actual Congreso recién presentó su primer dictamen el 25 de noviembre (es decir, con 10 días de retraso) y el texto sustitutorio final el mismo día que vencía el plazo de aprobación: el 30 de noviembre, pasada las 10 de la noche.

La aprobación la Ley de Presupuesto 2025 se dio a falta de 34 minutos para el cierre del 30 de agosto, y se trata de la votación más tardía en al menos 10 años de sesiones de debate presupuestal en el hemiciclo legislativo, según pudo constatar El Comercio en los expedientes digitales.

Una revisión de los últimos 10 años muestra también que en cinco año se esperó hasta el último día para la aprobación de la ley presupuestal. Pero es este periodo 2021-2026 el que más ha recurrido a esperar al final de jornada pues, a excepción del 2021, los tres últimos años apelaron al 30 de noviembre para definir el texto final. En anterior años, solo en 2017 y 2018 se había esperado hasta el 30 de no siembre pero la diferencia es que la votación final se dio por la tarde (y no como ahora, que se esperó a pocos minutos antes del cierre de plazo).

La definición de la ley presupuestal es un juego de cifras. Los congresistas tienen ciertos topes y sobre eso deben sumar y restar partidas de proyectos de inversión para ajustar el esqueleto de la norma según sus intereses. Es por esta razón que el trabajo se realiza con la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para regular los desmedidos pedidos de los legisladores.

En los últimos años, la negociación Congreso-MEF ha sido más complicada por factores de correlación política. La presidencia de la Comisión de Presupuesto siempre estuvo en manos de la bancada oficialista, lo que lograba una negociación más fluida y coordinada, pero esto cambió desde el 2016. A partir de 2016, la Comisión de Presupuesto pasaría a manos de bancadas opositoras o aliadas, lo cual ponía mayor peso en la decisión legislativa y ponía mayor presión al Poder Ejecutivo.

Bajo este contexto, los ministros de Economía se han convertido en una especie de enemigos, a los cuales los congresistas suelen culpar por poner resistencia a algunos de sus pedidos. Este año no ha sido la excepción, pues el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, César Revilla (Fuerza Popular), explicó que la demora en la presentación del texto final se produjo porque el MEF “no quería que salgan los nombramientos y el principal entrampamiento era la escala salarial de militares y policías”.

Con “nombramientos”, el legislador se refiere a que el personal CAS pase a ser nombrado indeterminadamente en la planilla estatal. La representación legislativa quería proponer el nombramiento del 100% del personal CAS (tanto administrativo como asistencial) del sector salud, incluido el personal CAS COVID (personal que surgió durante la pandemia), pero el MEF se opuso. Tras varias ideas y vueltas se acordó el nombramiento de porcentajes y en tramos.

“Hemos logrado el [nombramiento] del 50% de los administrativos que son casi 20 mil, y con el asistencial hemos logrado que llegue hasta el 30%. Después ya veremos el caso de los CAS COVID que son 54 mil, y que estamos viendo cómo destrabar. Se priorizó los CAS que tiene 15 a 20 años para que pasen a nombramiento del régimen 276 en el sector salud”, explicó Revilla.

En el caso del aumento salarial para militares y policías, el legislador fujimorista indicó que se realizará en tres tramos, y justificó esta medida alegando que hace 12 años, este sector no contaba con una escala salarial. En la misma línea de gasto corriente, Revilla anotó que se incluyeron aumentos salariales en el sector agrario a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria y Senasa.

Quienes se quedaron fuera de la farra fueron los trabajadores del Ministerio Público, aunque tuvieron premio consuelo pues, según el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, sí lograron alcanzad un bono salarial para todo el sistema de justicia. “Es un bono de S/ 1.000 para los trabajadores que ganen menos de S/ 2.000″, especificó Revilla.

¿De dónde saldrá la plata para cubrir este gasto corriente? Revilla lo explica en dos puntos: “se han realizado sacrificios presupuestales” y “se ha vuelto a colocar una norma de austeridad para viajes, combustible y otros, para así compensar el gasto corriente”.

“Esto es una reivindicación social. Nunca antes hubo tantos nombramientos. La lucha, la batalla, ha sido por los nombramientos”, aseveró Revilla.

Este Diario intentó conversar, al igual que Revilla, con la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones, pero esta no respondió nuestros mensajes. Hasta el cierre del domingo 1 de diciembre, en el expediente digital de la Ley de Presupuesto 2025 no figuraban los anexos con los detalles de la distribución de partidas de proyectos de inversión. El más importante a revisar es el anexo 5, el cual muestra las incorporaciones realizadas a pedido de los propios congresistas.

Esto ha causado malestar en el Parlamento, pues aseguran que se votó el texto final sin conocer los anexos (con lo cual no pueden estar seguros si sus pedidos fueron atendidos). Revilla dijo que la Comisión de Presupuesto dejó todo firmado y la publicación de los anexos corresponde al MEF. La gestión del actual ministro José Arista -a diferencia de antecesores- no ha publicitado los anexos ni los pedidos formales de los legisladores para la inclusión de proyectos de inversión en la ley presupuestal.

Si bien la ley presupuestal se aprobó por una amplía mayoría, varios congresistas han quedado disconformes por el trámite y la demora que estuvo rodeada de hermetismo. Algunas discrepancias se hicieron públicas, como el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) quien alertó de hasta ocho modificaciones a la nueva Ley de Contrataciones -aprobada por este mismo Congreso- a través de las normas presupuestales. Una revisión muestra que, por ejemplo, se resta funciones al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) para operar toda la parte digital de la plataforma de contrataciones, y pasa la administración de esta última a Perú Compras, con lo cual se regresaría al estado anterior a la aprobación de la norma. Asimismo, se retira la obligación de que las entidades registren de forma obligatoria todas las fases de los procesos de contratación en la plataforma digital.

Otros legisladores prefieren guardar reserva de sus nombres, pues sus observaciones son más políticas. “Acá todo lo ha manejado el APP con Fuerza Popular. Lady Camones como presidenta y César Revilla como vicepresidente han sido los rostros visibles, pero también se ha visto cómo han operado en la repartición de partidas el ministro César Vásquez con la congresista Edhit Julón, ambos de APP y de Cajamarca; mientras que en Fuerza Popular ha sido clara la mano de Arturo Alegría de San Martín”, explicó un congresista y la información fue ratificada por otros tres parlamentarios y un asesor que participó de las coordinaciones técnicas.

Revilla intenta rebatir los argumentos de la repartición política alegando que, por ejemplo, su región Piura es la que registra mayor presupuesto asignado por ser la segunda más poblada. “Acá no importa el monto total”, apuntó.

Lo que alega Revilla es cierto, pero hay otras formas de analizar la repartición. Una de estas formas tiene que ver con las regiones que reciben mayor incremento de partida presupuestal respecto al 2024. Bajo esta comparativa, La Libertad es la más beneficiada tomando las últimas cifras que publicó el Congreso en la tarde del sábado, pues tendrá más de S/ 200 millones adicionales respecto a 2024. La Libertad tiene como gobernador a César Acuña, líder de APP, la bancada que controla la Comisión de Presupuesto en el Congreso.

En lo que respecta a obras, la gestión de Acuña está entre las cinco regiones que menos presupuesto ha ejecutado en lo que va del 2024. A un mes del cierre de año, solo han ejecutado el 59.2% de su presupuesto para proyectos de inversión.

Ayacucho es la región que mayor incremento presupuestal recibirá en 2025 respecto al presente año, con un monto ascendente a casi S/ 170 millones. El gobernador de esta región es Wilfredo Oscorima, quien en este 2024 se afilió a APP y cuya gestión aún no ha ejecutado cerca del 30% de su presupuesto en obras a un mes del cierre de 2024.

La tercera región que más incremento presupuestal ha recibido es Áncash, cuyo gobernador Koki Noriega tiene la peor ejecución en proyectos de inversión con apenas 36%. Áncash es la región de Lady Camones, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y representante de APP. En 2019, este Diario reveló la influencia política de los presidentes de la Comisión de Presupuesto en la repartición a favor de sus respectivas regiones.

A diferencia de La Libertad, Ayacucho y Áncash, la región Junín solo recibirá un incremento de S/ 61 millones para el 2025, pese a que la gestión del gobernador Zósimo Cárdenas es la única que -al cierre del domingo 1 de diciembre- ha ejecutado más del 90% del presupuesto para obras. En una columna publicada en este Diario, Cárdenas había solicitado que la distribución presupuestal se realice por resultados de gestión, pero su pedido no fue atendido por la representación parlamentaria.

Todos en el Congreso están a la espera de la publicación del anexo 5 para conocer la real dimensión de la repartición de partidas de obras y las huellas de la influencia política que esto refleja. Algo muy importante a tener en cuenta dado a que nos encontramos entrando a un terreno electoral y donde hay temas claves por definirse como la restitución de la reelección de alcaldes y gobernadores.