“Este tipo de proyectos (de mordaza) constituyen artilugios para censurar y acallar a las voces opositoras”

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, consideró que la situación de este derecho en el Perú “es crítica y no ha logrado ser revertida” por el gobierno de Dina Boluarte. Agregó que el Ejecutivo debe dar pasos concretos, como observar la ley mordaza, si el Congreso la aprueba en segunda votación.

— El Congreso aprobó el último jueves, con 69 votos a favor, un proyecto de ley que eleva a cuatro años de cárcel el delito de difamación agravada. ¿Qué tipo de riesgos conlleva esta medida para la libertad de prensa en el Perú?

Sí, claramente, lo hemos venido advirtiendo cuando comenzaron a surgir este tipo de proyectos, es una forma clara de intentar limitar la libertad de expresión y de poner un condicionante que puede ser extremadamente riesgoso para la posibilidad de investigar, de señalar, de denunciar y también para expresarse libremente. Lo que más nos preocupa es que este tipo de normas habían retrocedido en el continente, esto era algo habitual antes: penalizar, llevar a la justicia penal y condenar con prisión a periodistas que incurrieran en este tipo de acciones que en muchos casos no son intencionales.

Entonces, la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la CIDH justamente plantea que la protección a la reputación debe ser garantizada solo a través de sanciones civiles y no penales. Pero este proyecto que avanza en el Congreso de Perú representa un retroceso claro en esta materia.

— Los parlamentarios que respaldan esta norma han dicho que no está dirigida a la prensa, porque “los periodistas no difaman”. ¿Por qué este proyecto sí puede afectar a los medios de comunicación?

En primer lugar, la libertad de expresión no solo es de los periodistas, sino de los ciudadanos en general. Penalizarla cuando se expresa a través de la prensa constituye una forma de limitar la posibilidad de que la prensa acceda a fuentes informativas, como personas que pueden tener información sobre hechos de interés público y que terminen luego siendo llevadas a la justicia por una declaración que hicieron. [Esta norma] de algún modo es una forma de silenciar a los periodistas, pero también a activistas sociales, a dirigentes de distintos sectores y a la oposición política que puede ver constreñida su posibilidad de expresarse a través de los medios de comunicación. Claramente, el argumento que dan [los congresistas] oculta que el fin último es ponerle un bozal a las personas que quieran hablar sobre determinados temas [que los comprometan].

— ¿Hay un ánimo de revancha del Congreso frente al periodismo?

En general este tipo de proyectos surgen de la propia dirigencia política que se siente amenazada por investigaciones periodísticas. En todos los países de la región empieza a haber una tendencia a llevar a estados judiciales a los periodistas o medios de comunicación que se atreven a denunciar presuntos actos de corrupción. Por ello, reitero lo que dice el punto 10 de la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la CIDH, donde establece que en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o un particular involucrado en asuntos estatales, como un contratista, la protección de su reputación debe estar garantizada solo por medio de sanciones civiles, nunca a través de la persecución penal.

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— ¿El Ejecutivo debe observar la ley mordaza si es aprobada en segunda votación por el Parlamento?

Nosotros creemos que esta norma no debería avanzar porque constituiría un grave retroceso para la libertad de expresión en el Perú y sería totalmente contraria a los estándares interamericanos en esta materia. Si el Congreso aprueba esta norma, el Ejecutivo debería observarla. Esperamos que no se llegue a esas circunstancias.

— A la par de la ley mordaza, en el Congreso también hay dictámenes que plantean obligar a las empresas de radiodifusión de señal abierta a que dediquen, entre el 30% y 40% de su programación, a emitir folclor y música nacional. ¿Este proyecto también pone en riesgo la libertad de expresión? ¿Por qué?

Sí, este tipo de regulaciones son recurrentes en el continente. Lamentablemente son normas que no son favorables a la libertad de expresión y terminan representando un corsé para la posibilidad de que los medios de comunicación difundan distintas culturas y miradas. El público es luego el que elige, este tipo de regulaciones no son productivas para nada y terminan siendo contrarias a la libertad de expresión.

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— Esta propuesta que busca imponer cuotas de contenido a la radio y TV también señala que el MTC solo otorgará y renovará licencias de funcionamientos a los medios que acrediten haber cumplido con las disposiciones mencionadas. ¿Un gobierno de corte autoritario puede usar esta norma para cerrar a medios opositores?

Sí, empiezan con este tipo de regulaciones y luego hay una interpretación discriminatoria que termina afectando a aquellos medios de comunicación que no acompañen una política pública, y que de algún modo no reflejen el pensamiento del gobierno de turno. Esta es una llave terrible para dejarla en manos de gobiernos autoritarios.

— El gobierno de Dina Boluarte ha cumplido cinco meses. ¿Ha habido algún tipo de mejora en los estándares de la libertad de prensa en comparación a la administración de Pedro Castillo?

El estado actual de la libertad de expresión en el Perú es crítico, entendemos que ha habido una degradación que no se le puede atribuir solo a este gobierno, sino que es un proceso que viene desde hace ya bastante tiempo. El comienzo es el proceso electoral previo a la asunción de Castillo, luego el gobierno de Castillo y [esta situación] no ha logrado ser revertida por la actual administración [de Boluarte], sigue habiendo ataques a periodistas y medios de comunicación, sigue habiendo este tipo de proyectos legislativos [de mordaza], presiones de distinto tipo y jurisdicciones.

Entendemos que el Perú debe recorrer un camino de recuperación de las libertades públicas, específicamente de la libertad de expresión. Instamos al gobierno a que dé pasos decididos en esa materia para garantizar a pleno la libertad de expresión, y que esta pueda recuperarse [en su totalidad] después de un período de tanta inestabilidad política.

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— ¿Y cuáles son los pasos concretos que debe dar el gobierno de Boluarte?

Un compromiso firme de señalar que la libertad de expresión es clave para la vida democrática, no avanzar con este tipo de proyectos que constituyen artilugios para censurar y para acallar a las voces opositoras, y garantizar mediante medidas coordinadas del poder público el libre ejercicio de la profesión. También que se le den garantías al periodismo para que pueda trabajar libremente en coberturas en espacios públicos y manifestaciones sociales.