Ley sobre crimen organizado: ¿Quiénes son los 52 congresistas que votaron a favor de los cuestionados cambios?

“Existe un gobierno en paralelo: El crimen organizado está ganando la batalla al Estado y destruyendo al país. El Congreso debe aprobar en el más breve plazo, el proyecto que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como terrorismo urbano y endurecer las penas para quienes los cometan, así como derogar la última modificación al Código Penal que relajó la persecución del delito de crimen organizado”, indica Confiep en sus redes sociales. En total 23 gremios emitieron un duro comunicado este viernes.

A continuación el informe publicado el 27 de agosto:

Ninguno de los cuatro integrantes de la actual Mesa Directiva del Congreso se opuso a la Ley N°32108, que modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del imputado y su abogado. El presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (APP), y el segundo vicepresidente de ese poder del Estado, Waldemar Cerrón (Perú Libre), respaldaron la polémica norma.

Ambos votaron a favor cuando el dictamen fue debatido el último 30 de mayo en el pleno, mientras que Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País), primer y tercer vicepresidente del Congreso, respectivamente, marcaron en ámbar (en abstención).

A inicios de julio, cuando se realizó la segunda votación en la Comisión Permanente, Cerrón se ratificó en su apoyo y Juárez en su abstención. Salhuana y Cavero no participaron.

Recientemente, el congresista perulibrista y su hermano, el prófugo ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, solicitaron al Poder Judicial archivar el presunto delito de organización que se les imputa en el marco de la investigación a “Los Dinámicos del Centro”. Esto en amparo de la Ley N°32108, que el partido del lápiz impulsó y logró aprobar con la anuencia de sus aliados.

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Pero no solo Salhuana y Cerrón marcaron a favor de esta norma, sino también otros 50 parlamentarios. Estos pertenecen a 11 de los 12 grupos parlamentarios que existían en mayo.

Por ejemplo, cuatro congresistas de Podemos Perú, entre ellos Kira Alcarraz y Luis Picón, apoyaron la referida iniciativa. Precisamente, el presidente fundador de este partido, el también parlamentario José Luna Gálvez, pidió dejar de ser investigado por organización criminal, en base a la Ley N°32108, en la pesquisa que afronta por las presuntas irregularidades en la inscripción de su agrupación y ejercer influencias indebidas en la ONPE.

Otra bancada que apoyó los cambios a la ley contra el crimen organizado fue el Bloque Magisterial. Ocho de sus integrantes votaron en verde.

La mayoría de estos parlamentarios son profesores cercanos al encarcelado expresidente Pedro Castillo, vacado por el Congreso tras haber dado un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

Castillo Terrones afronta dos investigaciones por ser presunto cabecilla de una organización criminal. Una por las irregularidades en la licitación del puente Tarata y los malos manejos en Petroperú, y la otra por el otorgamiento de obras de agua potable y alcantarillado en diferentes regiones del país, entre ellas Cajamarca, por parte del Ministerio de Vivienda.

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En Fuerza Popular hubo una división al momento de votar, seis congresistas, entre ellos Fernando Rospigliosi, Rosangella Barbarán y César Revilla, votaron a favor, mientras el resto lo hizo en abstención. Ningún fujimorista marcó en contra.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, enfrenta juicio oral por organización criminal, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. El fiscal José Domingo Pérez- del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público- ha solicitado 30 años y 10 meses de condena para la excongresista por el llamado Caso Cocteles.

Este Diario intentó comunicarse con Salhuana, Juárez y Cavero, pero no respondieron a nuestras llamadas.

En mayo, durante la primera votación en el pleno del Congreso fueron 52 a favor, 13 en contra y 32 abstenciones. La segunda votación se realizó en la Comisión Permanente, en julio.

Los 52 congresistas que respaldaron cambios a ley de crimen organizado

Presentan dos proyectos para revertir

El último lunes, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) presentó un proyecto para derogar la Ley N°32108 y restablecer la anterior normativa.

En su exposición de motivos, Luque señaló que la propuesta de Perú Libre fue justificada y aprobada “bajo el supuesto de que se estaba combatiendo a la criminalidad organizada, cuando en la práctica se está debilitando el sistema de administración de justicia en el extremo de la intervención o allanamiento oportuno de los inmuebles de organizaciones criminales”.

Agregó que esto “obstaculiza la investigación” y pone “en riesgo” los elementos de prueba a incautarse.

La parlamentaria remarcó que la Ley N°32108 se ha convertido en “una ley de impunidad para el crimen organizado”, porque pone trabas al correcto desenvolvimiento de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

“Si las fuerzas políticas y sus líderes, representados en el Congreso, dicen luchar contra la delincuencia y no buscan favorecer a las organizaciones criminales, entonces no podemos cederle ventajas legales. Se debe derogar esta ley nefasta que no beneficia a la población”, remarcó Luque en su cuenta de X (antes Twitter).

Otro proyecto de ley que busca declarar “nula” la referida norma es el presentado por Margot Palacios, quien hace unas semanas renunció a Perú Libre.

Uno de los coautores de esta iniciativa es el congresista Jorge Coayla Juárez, de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, que en mayo votó a favor de la Ley N°32108.

Según informó El Comercio, a poco más de dos semanas desde su promulgación, los efectos nocivos de la norma ya se empiezan a notar. Una sala dejó en libertad a siete personas sindicadas como parte de “Los Ruteros del Norte”, que operaban en las fronteras de Madre de Dios y Tumbes. Además, operativos contra ‘Los Z de Sayán’ y ‘Dandi Express’ se vieron retrasados varias horas.

“No sé si estén en la capacidad de retroceder”

El abogado penalista Andy Carrión consideró que la Ley N°32108 ya le está “haciendo mucho daño” a la lucha contra el crimen organizado. Añadió que hay dos responsables de esta situación.

“Por un lado, el Congreso al emitir esta norma que imposibilita una real lucha contra las redes criminales. Y, por otro lado, el Ministerio Público, que hizo un uso abusivo de esta figura al incluir a todos. Muchos congresistas se encuentran en investigación por este ilícito, como Los Niños”, manifestó en comunicación con este Diario.

Carrión, además, afirmó que es “un poco complejo” que las propuestas de Luque y Palacios vayan a tener apoyo.

“El camino más sencillo es el congresal, pero no sé si este escenario [de declarar nula la ley] sea posible, son pocas las veces que este Congreso ha retrocedido y ha derogado una norma, porque de cierta manera sería el reconocimiento de un inmenso error. No sé si estén en la capacidad de retroceder, lo dudo mucho”, expresó.

El letrado explicó que el anunciado recurso de inconstitucionalidad que interpondrá el Ministerio Público en contra de la referida norma puede demorar en ser resuelto por el Tribunal Constitucional entre uno o dos años.

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En comunicación con El Comercio, la abogada penalista Liliana Calderón señaló que se ha empezado a ver, con casos concretos, que la Ley N°32108 “es totalmente perniciosa” y que solo favorece a la criminalidad organizada y no a la ciudadanía.

Calderón refirió que la Corte Suprema puede convocar a una sesión plenaria para establecer un criterio de interpretación de la norma, mientras el TC resuelve la anunciada demanda de inconstitucionalidad que interpondrá la fiscalía.

“Lamentablemente, la fiscalía no puede realizar acciones inmediatas de allanamiento, tiene que esperar a los abogados, se pierde la necesidad de urgencia. Al final, esto beneficia a todas las organizaciones criminales, no hay partido que se salve. Los congresistas que han impulsado esta norma, los que han votado a favor, terminan siendo beneficiados”, acotó.

Por su parte, el abogado penalista Enrique Ghersi dijo que él está a favor de los cambios hechos a la ley de crimen organizado, porque “se ha elevado el estándar”.

“El problema está en el Ministerio Público que no presenta bien sus casos [...] Yo no veo que la ley sea la responsable”, finalizó.