Ley sobre el crimen organizado: legisladores de cuatro bancadas consideran que norma debe ser revisada

Parlamentarios de las bancadas de Avanza País, Frente Democrático, Bloque Magisterial y Somos Perú consideran que la ley sobre el crimen organizado debe ser revisada durante la mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana, como lo adelantó el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso). Esta reunión iba a realizarse el viernes 13 de septiembre, pero se reprogramó para este martes 17 debido a los tres días de duelo nacional decretados por el Poder Ejecutivo ante la muerte del expresidente Alberto Fujimori.

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La norma, que fue promulgada el 9 de agosto por el propio Congreso, ha sido cuestionada por distintas instituciones, como el Ministerio Público, porque golpea la lucha contra la corrupción y la criminalidad debido a que dispone, por ejemplo, que los allanamientos se realicen con presencia del imputado y su abogado.

El martes pasado, cuando se le consultó a Salhuana por la referida norma, anunció que se abordaría el tema en la mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana, en la que participarán la Mesa Directiva e instituciones y personalidades especializadas en la materia, y dejó abierta la posibilidad de derogarla.

“El Congreso tiene que ser receptivo, tiene que saber escuchar y si nos hemos equivocado, también saber rectificarnos”, expresó. Sin embargo, ese mismo día, Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, discrepó con Salhuana: “Si existe algún desacuerdo con la ley sobre crimen organizado, debe proponer un proyecto de ley y empezar a debatir”.

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Los legisladores Edward Málaga (Avanza País), Héctor Valer (Somos Perú), Susel Paredes (Frente Democrático) y Óscar Zea (Bloque Magisterial) respaldan que la norma sea revisada por los inconvenientes que viene generando desde su promulgación.

Málaga opinó que la ley debe revisarse porque, a su juicio, “está causando más daño que beneficios” y “tendrá un impacto muy negativo en muchos casos sensibles que están aún en proceso y no deben caerse ni volver a empezar”.

Valer tuvo una posición similar y subrayó que él personalmente le propuso a Salhuana evaluar referida ley. Indicó que es probable que en la Junta de Portavoces de este lunes se defina cuándo se abordará el tema.

En tanto, Paredes y Zea remarcaron que sus agrupaciones han presentados proyectos para derogar la norma. “No olvide que nuestra bancada ha presentado un proyecto de ley para derogarlo así que estamos no solo de acuerdo [con la revisión], queremos que se derogue”, apuntó Paredes.

“[La ley] debe ser revisada”, destacó Zea.

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De otro lado, el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló que su bancada respeta la iniciativa para evaluar la norma, pero que “no la respalda”.

Por su parte, José Cueto (Honor y Democracia) prefirió no responder si está de acuerdo con la propuesta de Salhuana y defendió la norma. “La ley precisa lo que se considera organización criminal para que los fiscales no politicen la justicia”, alegó.

A su turno, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) indicó que la ley ya ha sido “aprobada en el pleno” y que, si existe algún inconveniente, está la opción de “presentar otro proyecto ley”.

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En un anterior informe, El Comercio dio a conocer que esta ley tendrá un impacto sobre los expedientes relacionados a actos de corrupción y hay unos 500 casos a nivel nacional, en distintas etapas, que pueden verse afectados, según estimaron fuentes ligadas a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.

Se tratan de casos en investigación, en etapa intermedia e, incluso, ya con sentencias. Y es que la norma eleva los requisitos para encargar los casos como organización criminal, estableciendo, como uno de los nuevos ‘candados’, que sean delitos sancionados con una pena “mayor de seis años”, según la nueva modificación al artículo 317 del Código Penal.

Ello elimina per se a un grupo de delitos como cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias, negociación incompatible y colusión simple, cuyas penas no superan los seis años. Y abre debate respecto a los otros. A ello se suma la falta de claridad respecto a los demás parámetros, como que toda organización criminal debe buscar “el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal”.

Además, la ley también dispone que para poder efectuar los registros en los allanamientos debe contarse con un abogado, ya sea de elección personal o de oficio.

Casos como Los Cuellos Blancos del Puerto, así como todos los expedientes abiertos a partir de este, Los Miserables del Valle y Los Alfiles del Callao, entre otras presuntas redes criminales que comprenden a autoridades de distintos niveles, cuentan con delitos que ahora no encajarían en los nuevos parámetros. Tendrá que analizarse caso por caso, investigado por investigado por el órgano jurisdiccional.