Los 100 días de Alejandro Soto en el Congreso: así ven su gestión 4 especialistas | ANÁLISIS

Alejandro Soto expresa el sostenido deterioro institucional de la política peruana. Es inexperto, a pesar de sus décadas de trabajo en asuntos públicos, y refleja una continuidad en la falta de liderazgo que no logra encontrar ni en la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), partido al que se afilió recién el 2020, encontrando –al igual que la mayoría de sus colegas- oportuno vehículo electoral para ser candidato, sin previa vocación partidaria.

Soto confirma que a pesar de las múltiples denuncias en su contra y que era un desconocido para la mayoría de peruanos hasta hace poco, se puede dar grandes saltos en la política peruana y cohesionar alianzas que pasan más por la distribución de puestos y presupuestos, que por convergencias ideológicas o programáticas. El representante cusqueño de APP nos lo recuerda, sentado entre sus colegas de Fuerza Popular y Perú Libre.

Con Soto en la presidencia del Congreso, la cercanía entre el Parlamento y Palacio de Gobierno ha aumentado. APP es una bisagra en esa dinámica. 

Siendo remota la posibilidad de mejorar en el corto plazo las prácticas parlamentarias y sumar sustancialmente a la representación política, sí es posible priorizar la agenda de reformas electorales y rendir cuentas del manejo administrativo. Es lo mínimo que toca exigir.  

En un contexto de recesión, el Congreso no ha contribuido con leyes que ayuden a recuperar la confianza empresarial ni a impulsar la economía. Todo lo contrario. Parecería que están más preocupados en preservar el cuoteo político o insistir de manera irresponsable en generar gasto público pese a la prohibición constitucional. 

Además, impulsan normas laborales que desalientan el empleo formal como el de la jornada nocturna laboral rotativa que además la encarecía poniendo en riesgo el empleo en sectores como pesca, salud, transporte provincial, infraestructura. 

De lo poco positivo, la aprobación de la Ley 31914, sobre el cierre de establecimientos, que busca reducir la arbitrariedad por clausuras abusivas e injustificadas por parte de los municipios.

Lo que viene, puede tener impacto clave en lo económico. El proyecto de ley sobre ordenamiento territorial, que atentaría contra la predictibilidad y seguridad jurídica para las inversiones en sectores como minería, pesca, agro; el proyecto de “Nueva Ley de Industrias”, con políticas industriales probadamente fallidas, que otorgan beneficios tributarios a industrias privilegiadas, que acentúan la corrupción y generan un alto costo fiscal en perjuicio del ciudadano; o el séptimo retiro de los fondos de las AFP.

La fragmentación congresal y la no reelección inmediata produjo un pleno compuesto por ciudadanos inexpertos que son más de grupos de interés que verdaderos partidos políticos. La presidencia de Alejandro Soto surge del compromiso de reciprocidad asumido con su partido (Alianza para el Progreso) y los grupos parlamentarios que, en su día, apoyaron la elección de la Mesa Directiva anterior.

Por eso, de no cambiarse las reglas electorales para los comicios de 2026, la atomización del hemiciclo aumentará, la falta de consensos para los temas que importan y la crispación política que atravesamos continuará. 

La presidencia del congresista Soto en sus cien primeros días está signada por su inexperiencia parlamentaria, una cuestionada trayectoria personal que obligó a moderar su perfil y discurso durante las sesiones del pleno.

Sin embargo, tras la reciente medida cautelar que suspendió el debate del proceso de remoción de la Junta Nacional de Justicia, su presidencia encabezó el espíritu de cuerpo de una mayoría indignada que podría capitalizar con habilidad política para el resto del periodo anual de sesiones.

Una prueba de gimnasia parlamentaria que sólo se adquiere con años de práctica transitando por el pasaje de los pasos perdidos sin resbalar, dialogante, pluralista, conservando aliados e ir sumando fuerzas para consolidar un desempeño parejo hasta julio de 2024.

En los primeros 100 días de Alejandro Soto como presidente del Congreso, se reportan alrededor de 65 proyectos de ley aprobados importantes en materias como seguridad ciudadana y reactivación económica, considerando además la aprobación de las autorizaciones de viaje al exterior a la presidenta de la República, justificadas como la del próximo viaje por APEC. Además, el interés de poner en debate temas como la bicameralidad, y reaccionar frente a decisiones judiciales como la motivada por el informe que plantea sanciones a los miembros de la JNJ, defendiendo “el fuero parlamentario”.

“Los primeros 100 días”, frase acuñada por el presidente de EE.UU. Roosevelt en 1933, como una fórmula efectiva de comunicar los logros iniciales, posibilitan (o debería) la evaluación de la situación en que se encuentra la institución, la elaboración de un diagnóstico y la ejecución de las acciones prioritarias (al detalle), para mejorarla.

En estos 100 días no vemos lo más importante: propuestas para mejorar la propia institucionalidad, proteger al Congreso de las malas prácticas. Con su indemnidad seriamente comprometida, también necesita reformas: un reglamento actualizado que regule mejor los límites de los parlamentarios y los obligue a ser transparentes y rendir cuentas; un Código de Ética con procesos céleres y sanciones efectivas; y propuestas de reforma política como la renovación por tercios. Todos temas de los que todavía no se dice nada.