Luis Valdez de APP: “Es evidente el sesgo político de los miembros del TC” | Entrevista

Luis Valdez (La Libertad), primer vicepresidente del Congreso y secretario general de Alianza para el Progreso, realiza una critica severa a los magistrados del Tribunal Constitucional, defiende la continuidad de la ministra de Economía María Antonieta Alva, y reconoce algunos errores en la ley que suspende el cobro de peajes, la misma que acaba de ser declarada inconstitucional. Además, aclara que la consulta de su partido sobre la posibilidad de reelección fue realizada sin autorización de la dirigencia partidaria.

— La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, ha dicho que la emergencia no es una carta libre para olvidar las reglas de un Estado constitucional. La impresión general es que, usando como argumento la pandemia, este Congreso está cometiendo excesos. ¿No ha sido un exceso lo aprobado sobre el retiro de fondos de la ONP?

Yo creo de manera absoluta en el sistema jurídico y, con ello, en el respeto irrestricto de la Constitución. Creo en el Estado de derecho, en nuestro modelo económico, creo en el respeto a los contratos que suscribe el Estado, pero también creo que estos derechos constitucionales no son absolutos. A lo largo de su historia, el Tribunal Constitucional lo ha establecido así en diversas jurisprudencias que ha emitido. La norma que hoy ha generado controversia se da en un estado excepcional de cosas, una pandemia no es un hecho menor, nos exige flexibilizar incluso las libertades individuales, y lo ha hecho el presidente Martín Vizcarra y todos hemos saludado la medida porque era necesaria.

— ¿Entonces usted considera que, mientras dure la emergencia, está justificado que el Congreso no respete el artículo de la Constitución donde se establece que no tienen iniciativa de gasto?

Tanto como iniciativa de gasto, no es el término a evaluar o analizar dentro de este contexto. En marzo, abril, mayo, junio, no sabíamos la trascendencia en el tiempo de esta emergencia sanitaria. El Congreso, como institución, vio conveniente aprobar una norma que no era indefinida en el tiempo, que era mientras dure la emergencia.

— Usted hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y precisamente esta institución acaba de declarar inconstitucional la norma que suspende el cobro de peajes.

Es evidente el sesgo político que tienen los miembros del Tribunal constitucional. Estemos o no de acuerdo, vamos a cumplir en estricto lo resuelto por el Tribunal Constitucional en este caso, porque respetamos el sistema jurídico. Pero tampoco podemos compartir el actuar ni los razonamientos que han tenido los magistrados.

— ¿A qué se refiere con sesgo político?

Los miembros del Tribunal Constitucional hacen eco de las manifestaciones, emociones y expresiones del presidente Martín Vizcarra. Eso es evidente y claro. Este caso lo han resuelto en términos céleres, lo cual no está mal, así debería ser la justicia constitucional y la justicia en general. Pero si hacemos un evaluación de los casos pendientes que tienen que resolver, donde se discuten derechos laborales, fundamentales, veremos que duermen el sueño de los justos.

— El fallo sale cuatro meses después de aprobada la norma, y dos meses después de que el Ejecutivo presentara la demanda. En todo caso, el Congreso demora mucho menos tiempo en aprobar leyes, y eso es parte de los cuestionamientos que se les hace.

Sí, pero estamos hablando de derechos fundamentales que están a la espera. Si hacemos una línea de tiempo, encontraremos miles de casos esperando años por una sentencia. Cuando veo esa diferencia tengo que presumir legítimamente que hay un direccionamiento, un encono, una persecución de los miembros del Tribunal que han sido concebidos bajo la modalidad de repartija y de designación a dedo, lo cual este Congreso ha modificado para que los nuevos miembros sean elegidos de manera meritocrática.

— El presidente del Congreso Manuel Merino también hizo referencia de que son magistrados con el mandato vencido. Pero eso es responsabilidad del Congreso, que en cinco meses de gestión no ha podido realizar el proceso de selección de sus reemplazos. Ya se aprobó la ley, pero la comisión legislativa encargada del proceso recién se ha instalado y con cuestionamientos, aún no hay reglamento. En resumen, esa responsabilidad es del Congreso.

El Congreso es la institución más plural que tenemos en el país, donde existen nueve bancadas que representamos a los 32 millones de peruanos. En ese contexto de pluralidad, poder exigirle que se pueda aprobar tal o cual modificación o cambio de miembros del Tribunal Constitucional es utópico, es irreal, a diferencia de un Tribunal que ha sido designado a dedo, que son solo siete y que no representa políticamente, ni socialmente a la ciudadanía.

— Pero la labor del Tribunal Constitucional no es política. Su labor es salvaguardar el cumplimiento de la Constitución.

Permíteme explicar. Para nosotros es reprochable que un magistrado como Eloy Espinosa-Saldaña salga de manera tan ligera, tan arbitraria, a señalar que los plenos del Congreso sean poco transparentes. Eso demuestra su incapacidad para comprender social y políticamente el funcionamiento de un poder del Estado, como es el Congreso de la República. Durante estos cinco meses, dentro de esa pluralidad tan amplia, no ha existido un solo cuestionamiento en el traslado del voto. Pese a que son nueve bancadas. Es poco elegante para un magistrado establecer tal afirmación, sabiendo cómo viene funcionando este Parlamento en medio del estado de emergencia.

— Otro de los puntos que se critica son las sesiones del pleno durante la madrugada, que se ha vuelto una constante. Se extienden hasta horarios donde usualmente la ciudadanía no se conecta, porque están durmiendo. Usted es miembro de la Mesa Directiva, ¿Por qué no pueden suspender la sesión a una hora moderada y continuar al día siguiente? ¿No le resta transparencia al proceso de deliberación de las leyes?

Ya quisiéramos estar en un momento normal, no lo estamos. Esa diferencia con el pasado, nos exige estas cosas. No quisiéramos, varios preferirían estar con sus familias, pero es un esfuerzo que estamos haciendo.

— Insisto. Se puede suspender y continuar al día siguiente...

La agenda que tiene hoy el pleno tiene muchos asuntos pendientes y seguimos cargando y cargando temas esenciales. Trasladar de un día a otro genera la falta de oportunidad en la toma de decisiones. No es razón suficiente para cuestionar una falta de transparencia.

— El congresista Diethell Columbus (Fuerza Popular), en un pleno pasado, criticó que se vienen acumulando temas en la agenda sin ningún orden de priorización, con proyectos principalmente declarativos. ¿Por qué le está costando al Parlamento fijar una agenda clara?

Yo respeto al congresista Columbus, pero no comparto en esta ocasión su posición. Entiendo que es una posición política. Hoy es rentable cuestionar al Congreso, mucho más rentable que defender los principios en los que se desenvuelve. Está jugando a hacer política. La conformación de la agenda es un proceso democrático que se da en la Junta de Portavoces donde deciden qué tema se incluye o no.

— ¿Hay alguna crítica en estos cinco meses de gestión sobre la labor del Congreso?

Hay errores que hemos cometido.

— ¿Cómo cuáles?

Creo que el no haber establecido de manera exacta la ley de peajes, en cuanto a su vigencia. No debía haber terminado con la emergencia, sino con el fin del confinamiento. Es un error que dije, pero no se tomó en cuenta en la aprobación. La norma solo debió tener vigencia mientras duró el confinamiento, porque solo estaban habilitados para movilizarse los que brindaban servicios esenciales. La norma debió ser derogada una vez terminó el confinamiento.

— ¿En general no considera que el Congreso está siendo poco riguroso con el estudio de las leyes que aprueba? Al principio eran exoneradas del trámite de comisión, y ahora vemos que, aún teniendo dictamen de comisión, se terminan armando fórmulas sobre la marcha en el pleno. El caso de la ONP es un claro ejemplo de esto último.

La ley no es otra cosa más que la expresión auténtica de los peruanos y peruanas. Se entiende que los congresistas han recogido un hecho que debe ser regulado y emiten ese juicio político que se convierte en ley. Intentar hacer mayores análisis a un hecho social, es válido, pero no le resiste la ley.

— Existen parámetros en el mismo reglamento [del Congreso] que establecen los puntos sobre los cuales se debe elaborar una ley, un dictamen, un determinado tiempo de deliberación, entre otros.

Dictámenes se hacen, excepcionalmente se ha exonerado [proyectos de ley], pero hoy todo proyecto está llegando [al pleno] con dictamen. Puede haber sido una deficiencia de este Parlamento, pero se viene corrigiendo. A este Congreso no se le conoce hechos de negociaciones bajo la mesa, como gestiones pasadas. Estamos legislando sobre cosas que la población pide.

— ¿Es argumento suficiente para poner en riesgo la estabilidad económica del país?

Hoy la economía nacional necesita de recursos para la reactivación. No es que ese dinero se va a perder, va a entrar a nuestro circulo virtuoso de la economía. Hoy lo que requiere la economía es inyección de capitales, como sucedió con las AFP. Entonces, se trata de una crítica perversa por intereses políticos de figuretismo. Siento vergüenza de algunos pseudo constitucionalistas que, por aparecer en una cámara de televisión, dicen cualquier cosa, no tienen el sentido social de comprender el funcionamiento del Estado. Son abogados que no tienen preparación económica ni social.

— El Congreso solo tiene un economista y cuatro administradores. Bajo su argumento, no serían los más preparados para legislar en materia económica.

Eso es subjetivo, es parcial. Los congresistas somos los representantes de la población que nos exige darles respuestas a sus pretensiones. Decir que la norma de la ONP es inconstitucional es arbitrario porque la Constitución establece que se da la ley que establezca la forma de disponer esos recursos. Este Congreso está disponiendo que los peruanos necesitan subsistir. De repente, los magistrados del Tribunal Constitucional que ganan sobre los 40 mil soles mensuales no tengan sentido real de las cosas.

— ¿Cómo ve las relaciones con el Poder Ejecutivo? Hace unas semanas se hablaba de diálogos, hemos visto a los congresistas viajando con los ministros a regiones, pero con el tema de la ONP parece que la armonía durará poco y se abre un nuevo frente de confrontación.

No, hay que diferenciar las cosas. Hoy tenemos una diferencia de criterios y posiciones políticas, pero eso no tiene que significar un resquebrajamiento en las relaciones intergubernamentales, los peruanos nos necesitan unidos. En este momento, estoy por ingresar a una reunión virtual con la ministra de Economía y el premier. Ese trabajo tiene que seguir, no tienen que ofenderse por una opinión política de la representación nacional. Si ellos tienen un cuestionamiento, es legítimo y lo respetamos. Eso no tiene que significar por parte nuestra algún tipo de malestar.

— La bancada de Alianza para el Progreso se abstuvo en las interpelaciones a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, pero desde otras bancadas hablan ya de censura. ¿Ustedes descartan en cualquier escenario llegar a ese extremo?

Creo que no es el momento de interpelar a la ministra de Economía, mucho menos censurarla. Tendrá su momento de evaluación la gestión de la ministra. hoy tenemos que darle la posibilidad de que siga haciendo los esfuerzos para recuperar el estado económico del país.

— Alianza para el Progreso, a nivel partidario, presentó una consulta al Jurado Nacional de Elecciones sobre la posibilidad de reelección de sus actuales congresistas y de los miembros del periodo disuelto. ¿A raíz de qué nace esta consulta?

Quiero aclarar y pedir disculpas porque no es el momento para realizar este tipo de consultas. Hoy los congresistas debemos estar dedicados al quehacer de la pandemia, tanto en lo económico y social. Lamentablemente, el personero legal alterno ha hecho esta consulta de manera unilateral y sin autorización de la dirigencia del partido. Estamos tomando las medidas disciplinarias porque genera un impacto negativo. Mis colegas de bancada no tienen ni la más mínima intención de volver a postular, estamos concentrados a resolver los problemas de nuestras regiones.

— ¿Usted ya decidió no postular a la reelección?

No, soy el secretario general de Alianza para el Progreso y tengo otros compromisos con el partido.

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