A mediados de julio de 2022, el Congreso de la República, bajo la conducción de la acciopopulista María del Carmen Alva, condecoró a Manuel Merino, quien fue presidente de la República por solo cinco días en noviembre de 2020. Tres meses antes (abril), el investigado por las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado accedió a uno de los beneficios que gozan los ex jefes de Estado: contar con un trabajador pagado por el Parlamento.
El técnico contratado por el Poder Legislativo, a solicitud de Merino, es Norfolk Gamarra Osco. Previamente, trabajó como coordinador del político tumbesino en su oficina en el Congreso complementario (2020-2021).
Al igual que exparlamentario, Gamarra Osco es militante de Acción Popular. Su afiliación se dio en mayo de 2004. Y en el 2010 postuló sin éxito a consejero regional en Tumbes por el partido de la lampa.
Desde abril del año pasado a la fecha, el asistente de Merino de Lama ha cobrado S/66,600 al Congreso.
“Este es el único beneficio que me ha dado el Congreso, es un asistente, no trabaja para el Congreso, sino para mí, como expresidente. Él me ayuda a mantenerme actualizado con las noticias, con los pronunciamientos [que realizó], en la coordinación de entrevistas que doy”
Manuel Merino, a El Comercio
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Merino pide los otros beneficios
Merino de Lama dijo que él no recibe ni pensión vitalicia ni los 150 galones de gasolina, como tienen otros ex mandatarios. Esto a raíz de un informe de la Comisión de Constitución que determinó que los titulares del Congreso que asumen la Presidencia de la República por sucesión constitucional no tienen estos derechos establecidos en la Ley N°26519.
“En realidad, ese informe de la Comisión de Constitución no es vinculante. Mi derecho como expresidente debería darme la condición de recibir todos los beneficios, pero solo tengo este [el del técnico]”, subrayó.
Merino negó que él haya realizado algún tipo de coordinación con María del Carmen Alva para contar con un trabajador, pero sí refirió que conversó con Hugo Rovira, quien fue oficial mayor del Congreso durante la administración de la acciopopulista.
“Sé que ese benefició se lo estaban dando a [Francisco] Sagasti, entonces, pregunté y a los tres o cuatro meses me notificaron y pidieron que diga quién iba a ser mi trabajador, eso fue verbal, yo conversé con el oficial mayor”, remarcó.
También dijo que él tiene los mismos derechos que otros expresidentes, sin importar que solo haya ejercido ese cargo durante cinco días.
“Los derechos deben ser a todos por igual, no es un tema de valorar los días, sino el cargo”, acotó.
El ex oficial mayor Hugo Rovira dijo que ni él ni ningún otro oficial mayor del Parlamento tenía el poder para definir de manera unilateral otorgar un trabajador a Merino.
“Tiene que haber habido un acuerdo de la Mesa Directiva, o una disposición de la Presidencia del Congreso, yo no tengo potestad para definir esto, no es la atribución de ningún oficial mayor”, expresó en breve diálogo con este Diario.
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Este Diario intentó comunicarse con la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva, a fin de que explique si su Mesa Directiva o ella autorizaron la contratación de un trabajador para Merino de Lama. No obstante, hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.
El caso de Humala y Sagasti
El expresidente Francisco Sagasti también cuenta con una trabajadora contratada por el Parlamento. Se trata de Meyllyn De la Cruz Ponciano, quien es técnica del módulo del militante del Partido Morado desde setiembre de 2021.
Otro exmandatario que tiene acceso a este beneficio es Ollanta Humala. La técnica en su caso es Cynthya Montes Llanos, ex secretaria de prensa de la Presidencia durante su mandato (2011-2016). También es integrante del CEN del desaparecido Partido Nacionalista.
Humala Tasso también cobra una pensión vitalicia de S/15,600 cada mes. Fuentes de la Procuraduría Lava Jato indicaron a El Comercio que hasta el momento se ha retenido en una cuenta del Poder Judicial S/97,500 de estos pagos, a fin de garantizar una eventual reparación civil en el caso del club de la construcción.
El expresidente Alejandro Toledo recibe una pensión vitalicia por parte del Congreso por S/15,600. No obstante, el Parlamento, en febrero de 2017, decidió retirarle los otros beneficios que gozaba, como un auto, 150 galones de combustible y un trabajador CAS con un sueldo no mayor a S/3,700.
El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien es investigado por el Caso Odebrecht, también cobra la referida pensión, pero no tiene registrado a ningún trabajador en el Parlamento, de acuerdo al portal de Transparencia de ese poder del Estado.
El expresidente Pedro Castillo- quien cumple dos órdenes de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, una por dar un golpe de Estado el 7 de diciembre último- no recibe ningún beneficio.
El artículo 2 de la Ley N°26519 establece que se suspende el cobro de la pensión cuando el beneficiario es acusado constitucionalmente, salvo sentencia judicial que declare su inocencia.
El actual Parlamento, en febrero último, respaldó una acusación constitucional contra Castillo Terrones por organización criminal, entre otros.
Expresidentes que cuentan con un trabajador pagado por el Congreso
Nombre y apellidos | Cargo | Módulo de expresidente | Sueldo mensual pagado por el Congreso |
---|---|---|---|
Norfolk Gamarra Osco | Técnico (desde abril de 2022) | Manuel Merino de Lama (10-15 de noviembre de 2020 | S/3,700 |
Meyllyn De la Cruz Ponciano | Técnico (desde setiembre de 2021) | Francisco Sagasti (Noviembre de 2020-julio de 2021) | S/3,700 |
Cynthya Montes Llanos | Técnico (desde octubre de 2021) | Ollanta Humala (2011-2016) | S/3,700 |
Plantean cambios a la norma
El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, dijo que la Ley N°26519, que creó la pensión vitalicia para los exmandatarios, no se puso en la situación en que la inestabilidad política genera que “muchos presidentes terminen siendo solo transitorios” por meses o incluso solo días. Por ello, añadió que es necesario que esta norma sea reformulada.
“Tener a presidentes transitorios por días era una situación que no ocurría desde inicios del siglo XX, la ley es perfectible”, manifestó.
En comunicación con El Comercio, Lanegra refirió que los ex jefes de Estado al haber personificado a la Nación deben contar con una pensión que les permita tener una vida digna.
No obstante, remarcó que se deben establecer mecanismos para retirar este beneficio, como cuando exista una sentencia, acusación constitucional y también cuándo el beneficiario haya “mancillado el cargo”.
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Sobre el caso puntual de Merino, dijo que “es contradictorio” que si la Comisión de Constitución, en junio 2022, estableció que los titulares del Congreso que asuman la presidencia de la República no gozan de pensión vitalicia, se le haya mantenido otro beneficio relacionado al mencionado, como la contratación de un trabajador.
“Si hubo un informe donde se señalaba que no había razón para darle una pensión, por qué hay argumento para esto [pagarle un trabajador] si en el fondo es lo mismo, el beneficio no es en dinero pero sí en especies”
Ivan Lanegra, secretario general de Transparencia
Lanegra indicó que aquellos presidentes que cumplan cinco años deben tener una pensión completa, y al resto que gobiernen menos tiempo se les dé el porcentaje que corresponda de manera proporcional, incluso si solo gobernaron por unos días.
El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, consideró que el Congreso debe retomar el proyecto de ley que eliminaba la pensión vitalicia para los expresidentes de la República, y planteó que a esta fórmula se le debe sumar el retiro de todos los beneficios, incluyendo los 150 galones de gasolina y el trabajador.
Recordó que la referida propuesta había sido aprobada por el Congreso complementario, pero fue observada por Sagasti.
“No estoy de acuerdo con que los expresidente tengan beneficios, no deben tener ninguno. ¿Cuánto debe aportar un ciudadano de a pie para recibir una pensión de S/10 mil o S/15 mil? Es inaceptable esta situación. Llegar a la Presidencia debe ser un honor y no un cargo para lucrar del Estado de por vida”
Alejandro Rospigliosi
“Que los expresidentes reciban honores en actos protocolares, pero no deben tener ni personal, ni gasolina ni una pensión de más de S/15 mil, esto desvirtúa el servicio al país”, acotó.
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Más información
A mediados de junio de 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), entonces presidida por la apepista Rosio Torres, aprobó el informe final (preparado por Alejandro Cavero) que recomendó el archivamiento de la denuncia constitucional contra Merino y dos exministros de su efímero gobierno por las muertes de Pintado y Sotelo en las protestas del 14-N-
Merino de Lama fue acusado por la presunta omisión del delito de homicidio en agravio de los ciudadanos mencionados y de lesiones graves y leves contra 78 personas que participaron en las protestas contra su mandato.
Alejandro Toledo es el único expresidente de la República recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, que cada mes cobra de manera puntual su pensión al Congreso por S/15.600.
Toledo ha recibido un total de S/1′419.600 desde marzo de 2017. Es decir, un mes después de que el juez Richard Concepción ordenara 18 meses de prisión preventiva para él, por presuntamente haber recibido millonarios sobornos Odebrecht a cambio de las obras de la carretera Interoceánica Sur.
El 11 de febrero de 2017, el Congreso decidió retirar al otrora líder fundador de Perú Posible los siguientes beneficios: un automóvil que tenía en calidad de préstamo, 150 galones mensuales de gasolina para ese vehículo, y a la persona asignada en la modalidad CAS con un sueldo no mayor a S/3.700. No obstante, la pensión vitalicia y los seguros los mantuvo.
Durante los seis años que no dio la cara a la justicia peruana, Toledo recibió en total S/1′326,600.
De acuerdo a fuentes de la Procuraduría Ad Hoc Lava Jato, al expresidente se le ha retenido, por orden judicial, S/344.834 de la pensión que le abona el Congreso para el eventual pago de una reparación civil. Esta cifra sube a S/452.318, a raíz del embargo de cuatro vehículos.
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