Manuel Merino, el presidente de un Congreso sin una agenda clara y desbordado ante la crisis

La crisis producida a raíz del COVID-19 modificó totalmente los planes parlamentarios para este corto periodo de 16 meses y constituyó un reto que Merino ha afrontado en medio de una competencia por liderazgos, congresistas contagiados, y la falta de consensos para establecer una agenda.

El Congreso 2020-2021, bajo la gestión de Manuel Merino, arrancó con una acelerada instalación, el pasado lunes 16 de marzo. El ímpetu de la nueva representación parlamentaria llegó a tal punto que su primera ley fue aprobada en la madrugada del martes 17, en una sesión que se extendió hasta las 5 a.m. Pero ese apresuramiento luego los llevaría a errores, los cuales acabarían en contagios y que, sumado a una serie de problemas de falta de consenso entre bancadas, volverían cada vez más improductivo el manejo legislativo.

En la primera quincena de su gestión, Merino convocó plenos con un promedio de nueve días de distancia, y todos ellos de manera presencial pese a la cuarentena que afronta el país por el coronavirus. La primera sesión virtual recién llega a casi dos meses de la instalación del Congreso, y a poco más de un mes después de la última reunión presencial del 3 de abril.

¿Qué pasó entre la sesión presencial del 3 abril y el pleno virtual del 7 de mayo? Nueve parlamentarios dieron positivo a la prueba del COVID-19. Si bien la mayoría reconoció haberse contagiado en plenas labores de representación -entiéndase, entrega de víveres en sus localidades- no se ha podido descartar que algunos hayan adquirido el virus producto de la interacción del pleno realizado el viernes 3 de abril.

Sumado a esto, se detectó que más de 15 trabajadores también dieron positivo al COVID-19.

Lejos de un mea culpa, Merino ha negado que los plenos hayan producido el esparcimiento del virus. “No se puede decir que porque hubo plenos se contagiaron esos parlamentarios”, dijo en una entrevista al diario La República.

Fuera de los contagios, lo cierto es que su gestión -que mantiene al Oficial Mayor del periodo disuelto- demoró dos meses en poder operativizar una sesión virtual a través de una plataforma de videoconferencias.

Para el 3 de abril, el Congreso ya contaba con la plataforma de Microsoft Teams para sesionar virtualmente. Sin embargo, varios legisladores tenían problemas con la experiencia de uso y la mayoría quería participar de esa sesión donde se debatiría la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP). En el pleno anterior, del 26 de marzo, ya se había aprobado la modificación al reglamento interno para poder sesionar virtualmente de manera formal y con base legal. El primer pleno virtual se da 42 días después de esa modificación reglamentaria.

Pero ocho días después, Merino no pudo convencer a las bancadas de sesionar solo con los voceros y se habilitó un pleno presencial “desconcertado”, donde cada bancada permanecería en salas diferentes y solo ingresarían oradores en pequeños grupos al hemiciclo. Como se puede observar en las distintas grabaciones de la sesión, las normas no fueron respetadas. Incluso la sesión acabó entre abrazos de congresistas y fotos grupales por las medidas aprobadas.

Merino tampoco ha sido capaz de generar consenso para convocar al Consejo Directivo y gestionar la instalación de grupos importantes como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Inmunidad Parlamentaria y la Comisión de Ética.

El pasado 23 de marzo se reveló que tres congresistas viajaron en un vuelo humanitario a su región Cusco, y fue el mismo Merino quien anunció que los denunciarían ante la Comisión de Ética. Más de 40 días después, no existe denuncia y ni siquiera se ha instalado el grupo encargado de sancionar las inconductas de los parlamentarios.

En la Mesa Directiva varios han responsabilizado de esta demora al equipo técnico que Merino, tanto al que ha contratado como al que ha mantenido del periodo anterior.

El último traspié registrado es el cálculo errado para los integrantes de cuatro comisiones ordinarias. Por este motivo, algunos grupos de trabajo como el de Energía y Minas hasta la fecha no puede instalarse, y el cuadro de comisiones aún no ha sido transparentado, como en anteriores gestiones.

Las contrataciones de personal de Merino tampoco son bien vistas, según fuentes de la Mesa Directiva. Contrató a Jhon Saba Guerra, un abogado que ya había trabajado en el periodo 2011-2016, y regresó a finales del 2017. En el lapso que estuvo fuera del Parlamento, trabajó como coordinador parlamentario de la Contraloría, en la época del cuestionado excontralor y ahora congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa). También incorporó a José Rocha, experiodista de Exitosa, como jefe de Comunicaciones del Congreso.

Problemas de liderazgo

Para el analista político José Carlos Requena, el gran problema que afronta Merino es no haber podido gestionar los arrebatos de las bancadas por sesionar presencialmente. Bajo ese panorama que acabó en una serie de críticas desde varios sectores, el rol de Merino terminó siendo discreto.

“Se esperaba que Merino sea el adulto responsable, y en el mejor de los casos habrá sido el hermano mayor. Solo comparando con sus antecesores más cercanos, con todo lo que significó Pedro Olaechea en el cierre del Congreso, notabas un liderazgo que ahora no se ve claramente. La agenda la termina marcando Daniel Urresti, todas las bancadas terminan cuadrándose y Merino termina siendo una mesa de partes”, indicó el socio de la consultora política 50+1.

El politólogo Juan de la Puente coincide con el rol protagónico que tiene Urresti en el actual periodo y sostuvo que pareciera que el Congreso tiene dos presidentes: uno oficial, que es Merino y otro de facto, que sería Urresti.

“El liderazgo de Urresti es muy fuerte, y eso afecta a cualquier otro parlamentario que quiera levantar una imagen. Tenemos un esquema con dos figuras predominantes y algunas emergentes”, explicó De la Puente.

Los problemas de liderazgo para Merino no solo son en el Congreso en general, sino también en su bancada de Acción Popular.

“El liderazgo debería ejercerlo el presidente del Congreso [Manuel Merino] conjuntamente con el vocero [Otto Guibovich], pero veo que el alejamiento físico está diluyendo ese liderazgo. Unos deben aceptarlo y otros asumirlo, a algunos colegas los veo desconcertados. No se dan cuenta todavía el escenario en el que están jugando”, anotó el legislador Víctor Andrés García Belaunde, en una entrevista realizada en abril.

Por otro lado, el analista José Carlos Requena refirió que se esperaba que Merino le brinde mayor soporte al presidente Martín Vizcarra para afrontar la crisis, pero esto no sucedió. Si bien iniciaron con reuniones que parecían fructíferas, y hasta viajaron juntos, no ha podido controlar la confrontación parlamentaria.

El problema ha surgido desde la ola. de citaciones a ministros en comisiones hasta las insistencias de leyes.

“Hay una suerte de populismo competitivo entre lo que sugiera el Congreso y el Ejecutivo haga para no quedarse atrás. El desorden de la agenda legislativa pasa porque el presidente del Congreso ponga un estate quieto. Merino podría poner orden hasta en las comisiones, respetando su autonomía, porque los errores de estos grupos terminan repercutiendo en la imagen del Congreso, como lo último acontecido en Constitución con la incorporación de Humberto Abanto como miembro del consejo consultivo”, dijo Requena.

Casi toda la agenda ha sido absorbida por la coyuntura, y el Congreso no ha podido impulsar ninguna reforma que se prometió en la campaña electoral. El Poder Ejecutivo puso dos de los temas de la agenda vista hasta hoy: las facultades delegadas y el control concurrente. Mientras que las dos últimas normas aprobadas por el Parlamento han recibido objeciones técnicas desde el gobierno y especialistas en la materia.

Puentes y agendas distantes

En estas últimas semanas, la representación congresal ha cambiado de estrategia frente al gobierno, tras la promulgación -ante la falta de pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra dentro del plazo legal- de la ley del 25% de las AFP.

Solo en la última semana, la Junta de Portavoces rechazó incluir en la agenda del pleno los proyectos del Ejecutivo sobre la conformación de una comisión para realizar la reforma del sistema de pensiones, y otro sobre el hacinamiento en los penales.

En el caso de la comisión sobre el sistema de pensiones, los voceros se escudaron en que las bancadas ya habían presentado iniciativas al respecto. Sin embargo, en el caso de los penales, el Parlamento no tenía ninguna propuesta alternativa, pese a que ha sido uno de los temas más tocados en la agenda pública del COVID-19, durante los últimos días. Y todo esto ocurre en medio del anuncio del mandatario Vizcarra sobre un segundo pedido de facultades delegadas.

Merino mantiene un contacto fluido con Palacio de Gobierno, pero eso no es visto por los parlamentarios. En la última sesión de la Comisión de Constitución, la legisladora Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima), cuestionó que el presidente del Congreso haya fijado fecha para la presentación del Gabinete Ministerial de Vicente Zeballos ante el pleno, sin coordinar antes con los voceros parlamentarios.

Una vez que se supere la presentación del Gabinete Ministerial, Merino afrontará dos temas de agenda urgentes: la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional -pendiente desde junio del 2019- y los cambios electorales necesarios con miras a las elecciones generales del 2021.

Sobre el primer punto, en su primer discurso como presidente del Congreso, Merino dijo que la elección se llevaría a cabo por invitación. Sin embargo, existen varios proyectos de ley para dicha elección sea por concurso público y elevar los mecanismos de transparencia.

En lo que respecta a la agenda electoral, Merino ha presentado una iniciativa sobre las elecciones internas de los partidos políticos, pero esta ha sido criticada -hasta por el presidente Vizcarra- por no contemplar la alternancia de género y solo establecer una cuota de 45%.

La actual legislatura acaba el próximo 26 de junio, con lo que Manuel Merino tiene menos de dos meses para reconducir la agenda que, por el momento, ha tenido que recurrir a proyectos del periodo disuelto. Incluso Merino promulgó tres normas de la gestión anterior, sin consultarlo con las bancadas, entre ellas estaba la cuestionada Ley de Protección Policial.