La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la congresista María del Pilar Cordero Jon Tay (Fuerza Popular), como presunta autora del delito de concusión, por los supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho.
La investigación fiscal también incluye a Braden Alexander Paredes Calla, técnico de archivos del Parlamento Nacional, como presunto cómplice del delito de concusión.
Cabe indicar que María Cordero Jon Tay es congresista de la República por la región Tumbes. Fue elegida en los comicios generales del 2021, donde alcanzó 2194 votos.
Se trata del quinto caso de un parlamentario en ejercicio que es investigado por la Fiscalía de la Nación por el presunto recorte de sueldos a los trabajadores de sus despachos.
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El primer caso fue el de Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), quien fue acusada por Carlos Marina Puscán, de cobrarle S/ 1 500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por ella.
Posteriormente, Rosio Torres (también de APP) fue denunciada en “Punto Final” por haber obligado a cinco trabajadores de su despacho a depositar parte de sus salarios a su sobrino, quien es frecuente visitante del Parlamento.
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Luego “Cuarto Poder” reveló que trabajadores del despacho de la congresista Katy Ugarte (no agrupada) sufrieron recortes de sus sueldos para pagar publicaciones en prensa que mejoraran la imagen de la parlamentaria en su región, Cusco.
Finalmente, a la lista se sumó Heidy Juárez (Podemos Perú) y la investigación alcanza también al asesor principal de la parlamentaria, Miguel Ángel Chafloque Domínguez, como supuesto cómplice del delito de concusión.
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