La congresista María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) presentó este martes una carta comunicando su decisión de renunciar a su militancia en dicha agrupación política, pero la misma no fue aceptada.
En un comunicado, el partido indicó que la misiva ha sido evaluada por la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina del partido liderado por Keiko Fujimori y se ha tomado la decisión de no aceptar su renuncia y continuar con el proceso de expulsión.
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“El proceso de expulsión antes mencionado seguirá su curso conforme lo establece nuestro Estatuto Partidario y sentará un precedente para toda la militancia fujimorista”, subrayó.
Cabe indicar que este martes la bancada de Fuerza Popular, a través de Martha Moyano (primera vicepresidenta del Congreso), presentó una denuncia constitucional contra María Cordero por el presunto delito de concusión y por la infracción a seis artículos de la Carta Magna.
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En la denuncia constitucional, a la que accedió este Diario, el fujimorismo solicita que también se inhabilite por 10 años a Cordero Jon Tay de la función pública.
Como se recuerda, un exasesor de la legisladora denunció que esta le exigió el 50% de su salario mensual, que era de alrededor de S/ 9.000. Y en diálogo con “Punto Final”, mostró grabaciones de las conversaciones que sostuvo con ella.
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“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez”, se escucha en un audio atribuido a María Cordero. En otra parte de audio se escucha: “Tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”.
De acuerdo con el denunciante, le pagó entre S/ 4.500 y S/ 5.000 mensualmente, con la condición de que a partir del sexto mes dejaría de hacerlo. Los depósitos los realizó – según la acusación- a la cuenta de Paredes Calla.
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El último viernes 14 el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra María Cordero por presunta concusión, y contra Braden Paredes, quien trabaja en el área de Archivo del Congreso, por supuestamente ser cómplice del mismo delito.
También la Procuraduría General del Estado (PGE) también presentó el lunes una denuncia contra la congresista de Fuerza Popular por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y alternativamente, por concusión en agravio del Estado.
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