Martín Vizcarra suma dos denuncias por el ‘Vacunagate’: ¿Avanza a paso lento el caso en el Congreso?

Una de las denuncias fue formulada por el entonces congresista Yván Quispe (Frente Amplio); la otra, por los exlegisladores Manuel Merino, Luis Roel y Leonardo Inga (todos ellos de Acción Popular).

Ambas denuncias también consideraron otros delitos como colusión y cohecho pasivo, que fueron desestimados por la subcomisión en sus informes de calificación. Solo se aprobaron por el supuesto delito de concusión.

Las denuncias admitidas a trámite se acumularían a la que interpuso la exfiscal de la Nación Patricia Benavides contra Vizcarra en abril del 2023, también por concusión. Esta decisión estará en manos de la Comisión Permanente del Congreso.

Ya en junio pasado, la Permanente le otorgó 15 días a la subcomisión para que investigue la denuncia de Benavides. No obstante, han pasado más de seis meses y aún no hay resultados.

Consultada por ese plazo, la presidenta de la subcomisión, la congresista Lady Camones, de Alianza para el Progreso, dijo a El Comercio que es complicado de realizar debido a la sobrecarga de casos.

“Es muy difícil que se cumpla, pero vamos avanzando. Sí, tenemos muchos casos”

Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Una fuente parlamentaria señaló que los 15 días empezarán a correr cuando la subcomisión nombre al delegado del caso. Precisó que ese trámite aún no se realiza.

En opinión del abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en asuntos parlamentarios, “hay un desorden absoluto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales” que provoca el retraso de esta y otras denuncias.

“Los casos emblemáticos se deberían ver con celeridad. El caso contra el excongresista Héctor Becerril demoró demasiado y fue archivado. El de Luciana León recién lo pasaron hace poco”, agregó.

Pero el especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios Martín Cabrera señaló: “Hay un número importante de casos. [...] Para avanzar se requiere que cada uno tenga a un congresista delegado para la investigación. La mayoría debe estar cargado de casos por la sobrecarga natural del impulso que Camones aparentemente ha dado”.

Para Cabrera, una posible solución es “trasladar esta situación a la Junta de Portavoces como un problema que resolver y ampliar el número de miembros de la subcomisión”. De lo contrario, se genera “la sensación de ineficiencias, pero sobretodo, de impunidad”.

“Lo que sorprende y sí puede merecer crítica es que hayan casos con informe de calificación, pero que no puedan abordarse porque no hay delegados, es decir, no hay congresistas a quienes asignar”, dijo.

De acuerdo con la fiscalía de la Nación, Vizcarra recibió vacunas destinadas “única y exclusivamente para inmunizar al equipo de investigación y al personal relacionado con el ensayo clínico” del laboratorio chino Sinopharm y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) cuando ejercía como presidente de la República.

La fiscalía señaló en la denuncia constitucional que el exmandatario “habría abusado de su cargo como jefe del Estado para inducir” al investigador principal del ensayo clínico de la fórmula de Sinopharm en el Perú, el doctor Germán Málaga Rodríguez, a darle seis dosis para vacunarse junto con su esposa, Maribel Díaz Cabello, y su hermano César Vizcarra.

Málaga contó a la fiscalía que recibió una llamada de Alba Hilares Baca, diplomática destacada a la Secretaría General de la Presidencia, el 30 de setiembre de 2020. Ella le consultó si podía ir al día siguiente a Palacio de Gobierno, de acuerdo al testimonio.

“Accedí [y en la reunión] el presidente muestra interés [en las vacunas], y me pregunta si son seguras. Le dije que ‘sí’ y que inclusive ya me había inoculado. El presidente me solicita que lleve dos dosis de vacunas al día siguiente”, señaló

Vizcarra y Díaz Cabello recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el 2 de octubre de 2020.

En el 2021, el Congreso inhabilitó a Vizcarra para ejercer cargos públicos durante 10 años por el ‘Vacunagate’. No obstante, esa decisión se trató de un juicio político; es decir, un procedimiento por infracción a la Constitución.

Esta vez, las denuncias declaras procedentes conciernen al antejuicio político; es decir, al proceso que permitirá su persecución penal.

Alejandro Rospigliosi explicó: “La denuncia penal marcha en un carril distinto a la sanción política. Vizcarra ya tiene dos sanciones de inhabilitación para ejercer la función pública, una por 10 años y otra por cinco”.