El informe final sobre la denuncia contra la legisladora María Cordero por recorte de sueldo a sus trabajadores recomienda acusarla por presunto delito de concusión y inhabilitarla por diez años para el ejercicio de la función pública.
Este documento, elaborado por la legisladora Susel Paredes, iba a ser debatido este viernes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, pero la sesión fue aplazada para el martes 28. Ello a “solicitud” de sus integrantes “debido al debate de la ley de Presupuesto a nivel del pleno.
“El presente informe final recomienda 1. Acusar a María del Pilar Cordero Jon Tay, en condición de congresista por la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382° del Código Penal, en agravio del Estado. 2. Recomendar la suspensión de la congresista en caso se apruebe la acusación, mientras dure la investigación. Respecto del juicio político, recomendar la inhabilitación de la congresista por un plazo de hasta 10 años”, indica el informe al que El Comercio tuvo acceso.
La congresista Susel Paredes consignó en su informe, de 69 páginas, conversaciones de WhatsAPP, boletas de pago y testimonios de un colaborador eficaz contra Cordero.
“Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas. Es que yo necesito. Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron, ya vamos al cajero de una vez”.
Si la SAC, presidida por Lady Camones (APP), aprueba el informe, será elevado a la Comisión Permanente y finalmente al pleno del Congreso, donde votarán todos los legisladores a excepción de los que integran las dos primeras instancias.
“Se trata de hechos graves que han sido cometidos por una funcionaria de alto grado, como lo es una congresista, por lo que debe tenerse en cuenta que la forma de impedir que la denunciada vuelva a vulnerar principios y deberes constitucionales es la inhabilitación, por ser la más idónea y, asimismo, necesaria”, señala Paredes en su informe final.
Informe final contra la legisladora María Cordero
La congresista, ahora no agrupada tras su expulsión de Fuerza Popular, habría exigido a los trabajadores de su despacho que se le deposite entre el 50% y 75% de su salario.
Cordero había sido denunciada ante la SAC por Martha Moyano, su entonces colega de bancada, por presunta infracción constitucional y delito de concusión.
En setiembre, El Comercio publicó el testimonio del entonces trabajador parlamentario y cómplice de María Cordero, Braden Paredes Calla, ante una comisión disciplinaria del Congreso.
Paredes confesó que colaboró con la parlamentaria para que se quede con parte del salario que el Congreso le pagaba a Rafael Cabrejos Vela.
En agosto, El Comercio públicó chats y testimonios que revelan que usó como su chofer personal a asesor parlamentario “Puedes comprar una papaya (...) como para hoy”, escribe la congresista a las 7.20am. en una de las conversaciones por WhatsApp.
En octubre, este Diario informó que policías acusaron a María Cordero de maltratos. Los ahora exescoltas de la parlamentaria señalaron que trataba de usarlos como choferes personales y se dirigía a ellos de manera irrespetuosa. A uno le pidió que lleve su auto a lavar, según consignó en un reporte policial.
