Ódiame más que a Dina. Crónica de Fernando Vivas sobre el Congreso aborrecido

José ha sido oficial mayor en varias oportunidades y ha vivido muchos trances entre Congreso y Ejecutivo. Coincido con él en que se ha cancelado el ciclo del enfrentamiento duro entre poderes, que fue constante entre el 2015, el último año de Humala y el fin de Pedro Castillo el 7 de diciembre. Hemos empezado un ciclo, que ya lleva 7 meses, de colaboración plena. No cito las fechas por gusto. En marzo del 2015, el Congreso censuró al gabinete de Ana Jara y la sucedió Pedro Cateriano. Ante la escalada opositora del Congreso, Humala quiso presentar una cuestión de confianza pero lo disuadió Cateriano (ver mi crónica “Pedro Cateriano reveló que Ollanta Humala quiso cerrar el Congreso” del 9/2/2021). Un año después, con PPK, las armas nucleares -vacancia de un lado, y cuestiones de confianza del otro- se desenfundaron. En el 2017 empezaron a dispararse.

El enfrentamiento llegó a su cima el 7 de diciembre con golpe de Estado y vacancia a la vez, y se acabó. O, si quieren evitar ser concluyentes, ‘se ha suspendido’. Ahora prima en la ciudadanía la percepción de que los dos poderes comen y duermen juntos. Mientras se le achacan al Ejecutivo, más allá de los muertos en las protestas de diciembre y enero, pecados de omisión en materia de reactivación económica, seguridad y prevención de desastres; al Congreso se le hace el conteo de sus escandalosos pecados de acción: blindaje a ‘Niños’ y ‘mochasueldos’; inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos a pesar de la opinión adversa de toda la institucionalidad; ley mordaza; ley que obliga a nombrar a un grupo de profesores sin evaluación; ley que pone límites a la colaboración eficaz; ley que limita el combate contra la minería ilegal; entre otras perlas. ¿Todo esto ha generado una oposición al Congreso mayor y distinta a la oposición al gobierno? Sí pero no. Se los cuento.

Mira: La ley que limita la colaboración eficaz genera preocupación de procuradores y fiscales.

Váyanse los dos

La ristra de pecados congresales sí ha generado una oposición selecta. La inhabilitación a Ávalos provocó, entre otras reacciones de cuidado, una alerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un comunicado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pronunciamientos de ONG y gremios profesionales, y una Sala Plena de la Corte Suprema para analizar el caso. A todas estas instituciones, a las que se suman personalidades y medios, les preocupa más el Congreso que el Ejecutivo. Pero en la calle pasa otra cosa.

CONTRA LA DICTADURA CONGRESAL reza, en mayúsculas rojas, una banderola en la manifestación del sábado 24 de junio convocada específicamente en protesta por los excesos del Congreso. Mientras avanzan por la Avenida Avancay, en cadencia pacífica de marcha ‘progre’, los manifestantes corean: ‘Dina Asesina, el pueblo te repudia’. Una mujer sigue el coro, con una pancarta que dice ‘Cierren el Congreso’. Es obvio que si estos ciudadanos piensan lo que llevan escrito y sienten lo que claman a todo pulmón, no pretenden que Dina disuelva el Congreso; sino que se esfume con los 130 congresistas.

Le comento a Omar Coronel, sociólogo experto en protestas, esta disociación imposible. Omar acompañó la marcha, como a todas en los últimos años, y con su método de conteo frío, calcula entre 300 y 500 marchantes. Es muy poco. “Fue apresurada, convocaron el mismo día para las 5p.m. en la Plaza San Martín y no esperaron a todos los que pudieron llegar”, me dice Omar y va al grano que queremos apretar: “La gente no hace distingo entre gobierno y Congreso, desde diciembre asumen que son indisociables. Si hay distingo es en círculos académicos y entre ciertas izquierdas. He oído, por ejemplo, esta discusión, como un reclamo de la izquierda más identificada con Castillo hacia la izquierda progresista o caviar: ‘ahora marchan porque tocan a sus instituciones ‘caviares’ [JNJ, colaboración eficaz, meritocracia] pero no les importaron los muertos, ahí nos decían que no eran castillistas’”.

Coronel proyecta las discrepancias cruciales entre los organizadores de las protestas a la casi imposibilidad de que se genere una corriente masiva de oposición exclusiva hacia el Congreso. ¿Cómo va suceder tal cosa si el rechazo es tan profundo que va más allá de los dos poderes?. Omar me lo demuestra con los coros que más se oían: “‘Esta democracia ya no es democracia’ creo que viene de otros tiempos y lugares, pero el tono de carnaval sí es peruano y aparece en todas las marchas. También he oído corear, cuando pasan por el Ministerio Público, ‘Congreso y fiscalía, la misma porquería´ o ‘Patricia Benavides, ¿dónde está tu tesis?’”. No solo el Congreso es indisociable de Dina en la débil pero representativa protesta, sino de una democracia e institucionalidad que se perciben corruptas y ajenas. Por cierto, el imperio de ‘Niños’ y ‘mochasueldos’ en el Congreso, se asocia, para mal, a una inacción selectiva de la fiscalía. Luego vuelvo sobre eso.

Una precisión sobre el provocador concepto de ‘dictadura congresal’: Yo creía que era de este nuevo ciclo, pero Omar me dice que ya lo había oído antes de diciembre, esgrimido por izquierdistas que rechazaban el ímpetu del Congreso de vacar a Castillo y hacerse del poder. Si hay alguien que ha padecido ese ímpetu, redoblado cuando el Congreso ‘tomó’ simbólicamente el poder junto con Boluarte el 7 de diciembre, es Zoraida Ávalos. Conversé con ella.

Revanchas

La ex fiscal de la Nación me actualizó su situación. Al no haber antecedentes de fiscales inhabilitados (su antecesor Pedro Chávarry fue destituido); se ha quedado en un limbo. No le corresponde pensión ni puede ejercer otro cargo en el sector público. “Tengo 67 años, un esposo paciente renal y voy a perder hasta mi EPS [seguro médico corporativo]” me cuenta, con ánimo de compartir su situación. “Solo me queda recurrir a la justica supranacional”, remata.

Mira: Así fueron las reacciones en torno a la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

A propósito de ello, le pregunto porque no recurrir antes o a la vez, al TC, a pesar de que se diga que ello es inútil porque al tribunal se le presume alineado con el Congreso. Antes de oír su respuesta, se impone una aclaración. En febrero, el TC dio la razón a unas demandas competenciales presentadas por el Congreso, que se quejó de que el Poder Judicial había paralizado la elección del defensor del pueblo amparando el reclamo del sindicato de trabajadores de la Defensoría; y de que había amparado un reclamo de la Sunedu contra una ley del Congreso que la reestructuró. En la sentencia, se dice lo siguiente: “[se declaran] nulas las resoluciones que tengan por efecto impedir la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público así como el desarrollo de los procedimientos de juicio y antejuicio político”.

Vaya que es una ominosa generalización que hace parecer, ciertamente, que el Congreso está acorazado por el TC. Sin embargo, se puede sobreentender que se refiere a juicios y antejuicios políticos que se realicen de acuerdo a ley y al debido proceso y, por lo tanto cabe reclamar contra los que uno considere que no lo están.

Tras invocar este antecedente, le reformulo la pregunta a la ex fiscal de la Nación, ¿por qué no recurrir al TC si esa sentencia es una generalización y no se ha pronunciado específicamente sobre su caso, que usted considera no ajustado a la ley?. “No vale la pena. Ya antes de esa sentencia, yo puse un amparo pidiendo una medida cautelar contra el proceso en el Congreso y no me lo contestaron. Recién ahora, meses después, están contestando, cuando ya no tiene sentido. La fiscal Patricia Benavides tampoco quiso que la junta de fiscales se pronuncie sobre mi caso”.

Mira: La Sala Plena de la Corte Suprema no llegó a pronunciarse sobre el caso de Ávalos.

Aprovecho la mención de Zoraida a Patricia, para hablar de un nudo entre Congreso y fiscalía. Todos sabemos que la mata de los excesos y perversiones congresales está asociada a ‘Niños’, ‘mochasueldos’ y otros personajes corruptibles, que venden sus votos a intereses informales e ilícitos. Muchos de ellos ya están incursos en investigaciones por tráfico de influencias, cohecho y otros delitos. Hace pocos días, por ejemplo, un juez puneño le demoró el viaje a China al ‘Niño’ Jorge Luis Flores Ancachi. Lo detuvieron en el aeropuerto por no haberse presentando a un juicio oral por un caso de peculado que arrastraba desde antes de ser congresista.

Esa es una excepción. A Flores no lo cubría la inmunidad porque su caso es previo a su elección como congresista. Sus colegas se amparan en el muy elástico criterio de que los delitos que se les imputan los habrían cometido ‘en el ejercicio de sus funciones’ (Art. 99 de la Constitución). La reforma de otro artículo conexo, el 93 (Ley 31118 del 2021) solo eliminó la inmunidad de delitos cometidos antes de ser congresistas, pero dejó inmunes e impunes a los zamarros que delinquen siendo congresistas. Entonces, se impone, con letras rojas parpadeantes, esta pregunta: Así como se ha dado un paso valiente en la lucha contra la corrupción, al reinterpretar el Art. 117 para poder investigar a presidentes; ¿no se puede hacer algo equivalente con los artículos 93 y 99, y restringir drásticamente el concepto de delitos de función para procesar directamente, con detenciones preliminares y prisiones preventivas, a los congresistas probadamente zamarros?

He hecho esta pregunta desde hace meses a la Fiscal de la Nación, a través de distintos canales y no obtengo respuesta. Le pregunté a su predecesora Ávalos y me contestó: “Estamos regalando impunidad. En los casos de corrupción no debe valer la prerrogativa del Art. 99″. Si la fiscalía promoviera esa interpretación restrictiva de la inmunidad, tendríamos a algunos sabandijas refrenados y disuadidos de aprobar barbaridades.

La última encuesta del IEP arroja un 6% de aprobación para el Congreso y 12% para el gobierno. La diferencia es del doble, pero en las honduras del rechazo, se impone, como ya vimos, el ‘que se vayan todos’ sin discriminar urgencias, sin ajustar cuentas con impunidades personalizadas. Si por lo menos las instituciones autónomas (TC, JNJ, Poder Judicial, fiscalía, Defensoría, Procuraduría General del Estado, Contraloría) marcaran la cancha respecto de la corrupción y perversión congresal, y el Ejecutivo combatiera las leyes que corroen políticas públicas; no nos odiaríamos tanto.