El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza para el Progreso), aseguró que las reformas constitucionales referidas a la inmunidad y el antejuicio político, aprobadas en primera votación por el pleno del Congreso el último domingo, pueden ser objeto de “revisión”.
MIRA: Omar Chehade defiende reformas a la inmunidad: “Nadie debe tener corona”
A través de un pronunciamiento junto a un balance con los proyectos aprobados en la primera legislatura, lamentó que su grupo de trabajo haya sido “injustamente criticado” por una reforma que —agregó— todavía “no se ha convertido en ley”.
“Nuestra comisión ha sido injustamente criticada por un dictamen que obtuvo la votación de todas las bancadas, y que está pendiente de segunda votación, por lo que aún no se ha convertido en ley y siempre puede ser pasible de revisión y debate”, señaló.
En esa línea, Omar Chehade ratificó su “compromiso” por seguir trabajando con las demás agrupaciones del Parlamento “para llegar a un consenso” respecto a la reforma política.
“El compromiso de la Comisión de Constitución y Reglamento con el Perú es enorme. [...] Seguiremos trabajando sin descanso por mejorar las condiciones políticas de nuestra Patria y salvaguardar el bienestar de todos los peruanos”, manifestó.
MIRA: Rechazo en aumento: Las autoridades, políticos y expertos que cuestionan reformas del Congreso
No obstante, más temprano, Chehade defendió el dictamen aprobado el domingo 5 de julio, que aplica cambios a la inmunidad parlamentaria y al antejuicio del presidente de la República, magistrados del Tribunal Constitucional, Corte Suprema y el Defensor del Pueblo, entre otros. Por tratarse de una modificación a la Carta Magna, este texto está pendiente de una segunda votación en la presente legislatura.
“Nadie debe tener corona ni situarse por encima de la ley, [...] había que hacer realidad el principio constitucional de igualdad ante la ley”, aseveró.
Cabe mencionar que hasta este jueves, al menos 16 de los 42 miembros del consejo consultivo de la Comisión de Constitución, entre exintegrantes del TC, abogados constitucionalistas y demás especialistas, renunciaron en reclamo a la aprobación del dictamen por considerar, entre otras cosas, que afecta el balance de poderes y que careció de un debate adecuado.