La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) pidió a la fiscalía y Contraloría General de la República tomar acciones tras la denuncia de copamiento de puestos de trabajo en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
A través de sendos oficios enviados a los titulares de ambas instituciones, Patricia Benavides y Nelson Shack, respectivamente, la legisladora exhortó a que determinen responsabilidades y de ser posible, aplicar las sanciones correspondientes.
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En los documentos Chirinos Venegas remarcó que las acciones ocurridas dentro de la JNJ configurarían delitos contra la fe pública y organización criminal.
Según reveló “Punto final”, siete trabajadores de la Junta Nacional de Justicia provienen de un mismo círculo de amigos y al menos cinco de ellos intercambiaron certificados de presunta experiencia profesional para acceder a la institución.
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Según el dominical, los siete involucrados trabajan en la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, al mando de la abogada Marielka Nepo Linares.
Esa dirección brinda soporte técnico y jurídico a la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios en la tramitación de denuncias, investigaciones preliminares y procesos seguidos contra jueces, fiscales y jefes de la ONPE y el Reniec.
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Al respeto, la Junta Nacional de Justicia anunció que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios ya ha iniciado una investigación sobre denuncia periodística.
A través de un comunicado, indicó que la finalidad es “determinar responsabilidades si fuere el caso, debiendo emitir el informe y las recomendaciones pertinentes en el más breve plazo”.
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