Pedro Castillo: los escenarios en el Congreso ante la investigación fiscal al presidente

Por un lado, se evalúa presentar una tercera moción de vacancia. Por otro, piden bajar de 87 a 78 la cantidad de votos necesarios para la destitución de un presidente. Otras voces anuncian respaldarían un adelanto de elecciones. ¿Son viables estas iniciativas? ¿Tendrían respaldo?

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El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, no descartó la posibilidad de volver a impulsar una moción de vacancia contra el presidente Castillo. Se trataría de la tercera iniciativa contra el jefe de Estado en menos de un año.

En diálogo con El Comercio, Montoya señaló que primero se asegurará de contar con los votos necesarios (87) para que su moción prospere. “Es la única salida inmediata las otras modalidades demoran mucho”, dijo.

Así votaron las bancadas respecto a la última moción de vacancia:

El parlamentario de Renovación Popular indicó que se encuentra a la espera de nuevos indicios que vinculen directamente al mandatario. “Cualquier cosa se puede esperar de los audios e investigaciones, es necesaria la prudencia y la paciencia para acertar con la fecha adecuada”, aseveró.

Por su parte, su colega de bancada Alejandro Muñante saludó la decisión de fiscalía debido a que “este procedimiento dará herramientas” que se necesitan “para que una moción de esta naturaleza pueda llegar a buen puerto”.

“Quienes no voten a favor estarían cometiendo una abierta complicidad”

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular

“En las mociones anteriores se nos ha reclamado la falta de pruebas y no las teníamos porque la ex fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos) se había asegurado de que no existan porque había suspendido la investigación”, expresó.

“El actual fiscal ha enmendado. De hallarse y corroborarse elementos que se hagan de público conocimiento, obviamente el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados y tendría que impulsar una nueva moción de vacancia, de manera paralela con una posible denuncia constitucional porque ha eso va a derivar la investigación de Pablo Sánchez”, añadió.

A criterio de Muñante, de impulsarse esta moción, “quienes no voten a favor estarían cometiendo una abierta complicidad”.

Dato

Anteriormente, se había presentado ante el Congreso dos mociones de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente Castillo: una el 25 de noviembre de 2021 y otra el 8 marzo del presente año. La primera, promovida por Patricia Chirinos (Avanza País), no alcanzó los 52 votos necesarios para su admisión. Los votos a favor llegaron a 46. Los congresistas que apretaron en rojo fueron 76 entre legisladores de Perú Libre, Juntos por el Perú, Partido Morado, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos.

La segunda moción, impulsada por las bancadas de Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, sí fue admitida y el jefe de Estado tuvo que acudir el 28 de marzo al Parlamento acompañado de su abogado, José Palomino. Sin embargo, tras un extenso debate, el pleno del Legislativo rechazó la vacancia con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. Es decir, le faltaron 32 votos para ser aprobada.

En aquella fecha, las bancadas de Perú Libre, Perú Democrático y Juntos por el Perú (ahora Cambio Democrático) votaron en bloque contra la vacancia. Otras bancadas claves como Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú votaron divididas.

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Por su parte, los congresistas de Avanza País Norma Yarrow, Rosselli Amuruz y Diego Bazán buscan el respaldo de otros parlamentarios para modificar el artículo 89-A del reglamento del Congreso para bajar de 87 a 78 los votos necesarios para la vacancia presidencial.

“Tenemos la propuesta desde hace varias semanas, pero no queremos patinar. Estamos recorriendo y consultando con las otras bancadas el apoyo y también las firmas necesarias. Se trata de una modificación al reglamento del Congreso y requiere una votación de 66 congresistas”, indicó Diego Bazán a este Diario.

(¿Se trata de una ley con nombre propio?) Bazán respondió que no. “Nosotros estamos pidiendo 78 votos y eso no es lo que tenemos contra Castillo”, acotó.

El legislador de Avanza País manifestó que su bancada aún no ha dialogado sobre una tercera moción de vacancia contra Castillo, pero considera “importante el gesto del Ministerio Público”. No obstante, su opinión personal es que “la permanente incapacidad moral existe y no de ahora”.

“No son dichos solo de una persona, son varias personas vinculadas directamente al presidente. Me queda claro que tenemos que activar en algún momento la vacancia, pero tenemos que ser muy cautos y ver si existen los votos para que no suceda lo mismo que en anteriores oportunidades”, puntualizó.

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Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP) y Perú Democrático respaldarían la vacancia de hallarse pruebas contra el mandatario, pero no que se baje la valla respecto a la votación.

“Ante hechos flagrantes, que involucran al presidente, sería imposible no respaldar. El presidente no la tiene nada fácil, el escenario es complicado, cada día salen a reducir hechos que lo perjudican. Sumado a ello, está su vicepresidenta en el limbo”, expresó Arriola, vocero alterno de AP.

Sobre sus colegas accionpopulistas involucrados en la misma investigación, Arriola señaló: “La bancada no blinda a nadie. Pedimos al Ministerio Público que sea lo más diligente posible”.

A criterio de Arriola, bajar la valla de la votación, como lo proponen legisladores de Avanza País “se vería mal” ante la población.

Una postura similiar tuvo Eduardo Salhuana (APP) sobre la iniciativa de Bazán, Yarrow y Amuruz. “Da la imagen de que se quiere vacar al presidente a cómo dé lugar”, enfatizó.

Sobre la posible moción de vacancia señaló que no pueden repertise escenarios pasados en los que - a su criterio - las iniciativas “carencían de sustento”. “Sobre temas de corrupción no hay tolerancia alguna, menos del presidente, que vino con un mensaje de cambio y honestidad, y viene defraudando al país [...] Si hay un hecho objetivo no solo habrá 87 votos sino más”, añadió.

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En tanto, Carlos Zeballos (Perú Democrático) dijo que si la investigación de Pablo Sánchez demuestra “actos de corrupción” no serán “cómplices” ni “podrán las manos al fuego por nadie”. Además, al ser consultado sobre si impulsaría una moción de vacancia contra el jefe de Estado de darse este escenario, respondió que sí.

“De darse un tema de vacancia en base a pruebas contundentes lógicamente sí apoyaremos, anteriormente se presentaron supuestos y denuncias verbales [...] Particularmente, si soy consciente de que hay un acto de corrupción probado, personalmente yo lo denuncio” , concluyó.

"Particularmente, si soy consciente de que hay un acto de corrupción probado, personalmente yo lo denuncio”

Carlos Zeballos, congresista de Perú Democrático

A su turno, Ruth Luque aseveró que para su bancada la vacancia “no es una solución a la crisis”. “No se pueden levantar afirmaciones y utilizarlas como acciones para una eventual vacanciacuando hay procedimientos que están en curso”, añadió.

Luque tampoco estuvo de acuerdo con bajar de 87 a 78 la cantidad de votos para lograr la vacancia. “Me parece que es una medida que responde coyunturalmente al actual escenario para sacar a toda costa al presidente”, subrayó.

Por otro lado, Katy Ugarte (Bloque Magisterial) consideró que la fiscalía “está violando la Constitución” al investigar al presidente. “Realizar una investigación sabiendo que el presidente debe realizar su trabajo como tal y encaminar el país y estas investigaciones debilitan su trabajo. Al terminar su periodo deberá ser investigado. La Constitución está para cumplirse”, indicó.

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En diálogo con El Comercio, los constitucionalistas Erick Urbina y Gabriela Oporto señalaron que sí, debido a que la Carta Magna no determina un número específico de votos.

“A Alberto Fujimori se le vacó por incapaz moral en el año 2000 y solo se requirió la mitad más uno de los votos. A partir de ese caso es que el Tribunal Constitucional decide recomendar al Parlamento que el número sea dos tercios y así lo hizo el Legislativo a partir de una modificación de su reglamento”, señaló Urbina.

Explicó que al tratarse de una “ley orgánica, se requiere la mitad más uno de parlamentarios, es decir, 66 votos”.

“Con ello se reforma el reglamento del Congreso, y entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el diario El Peruano y podríamos estar ante una nueva votación ante una vacancia”, indicó.

Sin embargo, Oporto cuestiona la iniciativa: “Me preocupa que estas reglas se estén cambiando únicamente porque es la cantidad de votos que una determinada coalición política está reuniendo y no tiene nada que ver con un tema de fondo sino con un tema coyuntural”.

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Es un escenario que sí respaldarían - previa reforma política - los congresistas de Cambio Democrático, Ruth Luque, y de APP, Eduardo Salhuana.

“En las encuestas, los ciudadanos plantean como una de las posibles salidas a la crisis las elecciones generales. Pero habría que ver en qué cómo se da. Yo creo que es una salida, pero requieren un conjunto condiciones y compromisos claros de todas las fuerzas políticas democráticas”, manifestó Luque.

“Evidentemente la situación en el país está mal. El presidente está gobernando de mala manera. Decisiones desacertadas. Ministros que no dan el nivel. Encima de eso, síntomas de corrupción. La opinión pública dice que se vayan todos porque también tienen una mala imagen del Congreso”, señaló Salhuana.

“En ese sentido, hay que evaluar todos los escenarios. Nosotros apoyaríamos esta medida (elecciones generales) previa reforma política porque sino, de acá a uno o dos años, volveríamos a estar en lo mismo”, dijo.

“Evidentemente la situación en el país está mal. El presidente está gobernando de mala manera"

Eduardo Salhuana, congresista de APP

Katy Ugarte dijo - a su posición personal - que ella “no tendría problema” de respaldar un proyecto de reforma como este; sin embargo, “es importante respetar democrático de todo el pueblo peruano”.

Sin embargo, la iniciativa no contaría con el respaldo de la mayoría de bancadas. De acuerdo a un informe de este Diario, los ánimos de los parlamentarios no son favorables con este proyecto de reforma constitucional. Como se recuerda, hubo dos iniciativas en el Parlamento, impulsadas por los legisladores Pasión Dávila (ex Perú Libre) y Digna Calle (No agrupada).

Como lo había informado este Diario, Avanza País, AP y Renovación Popular se mostraron en contra de la posibilidad de recorte de mandatos. En tanto, en ese entonces, Carlos Zeballos, vocero de Perú Democrático, comentó que sí apoyaría el proyecto si no hay una rectificación en el trabajo de los poderes del Estado. Y Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, comentó que primero analizarán la propuesta en la bancada.

Dato

En abril, el entonces congresista de Perú Libre, Pasión Dávila (ahora integrante del Bloque Magisterial) presentó un proyecto de ley de recorte de mandato presidencial y parlamentario y adelanto de elecciones; sin embargo, la iniciativa fue retirada por el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón.

El proyecto de reforma constitucional proponía recortar el mandato del presidente de la República, congresistas y miembros del Parlamento Andino a dos años, hasta el 2023. La parlamentaria Digna Calle (No Agrupada) también presentó una iniciativa de reforma constitucional para que se convoque en marzo del 2023 a elecciones generales, pero su proyecto no tuvo acogida en el Legislativo.

El 15 marzo, fecha en la que el presidente pidió dar un discurso ante el Parlamento, el jefe de Gabinete, Aníbal Torres, aseguró que el mandatario iba a plantear un proyecto similar, pero se arrepintió por un “último intento por la concertación”.

Estas fueron las declaraciones de Torres

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Luque y Muñante coincidieron en que la investigación de fiscalía podría abrir paso a una denuncia constitucional.

En ese sentido, Muñante señaló que su posible moción de vacancia se presentará de manera paralela con una posible acusación constitucional “porque ha eso va a derivar la investigación de Pablo Sánchez”.

Para Luque, es fundamental “garantizar” la autonomía del Ministerio Público y que el Congreso tendrá que “evaluar en el marco de acusación constitucional sobre los presuntos delitos”. No obstante, la parlamentaria añadió, que “hay que tener cuidado de que no exista lógica de persecución política”.

Dato

El presidente Pedro Castillo acumula más de 10 denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La que más avanzada está es la que hicieron suya los congresistas Norma Yarrow y José Cueto.

Sin embargo, a criterio de los constitucionalistas Erick Urbina y Gabriela Oporto, la denuncia no prosperaría debido a que los presuntos delitos que se le imputarían al jefe de Estado no están contemplado en el artículo 117 de la Constitución.

El referido artículo señala que el presidente de la República solo puede ser acusado en el ejercicio de sus funciones por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

“Si es que las investigaciones del fiscal llegan a la etapa acusatoria y hay delitos por los cuales se quiere acusar al presidente, lo primero que tiene que suceder es que el mandatario debe dejar de serlo, ya sea por destitución, vacancia o renuncia y recién ahí se somete a una acusación constitucional y un antejuicio porque él tiene ese privilegio hasta por cinco años desde que deja el mandato”, explicó Urbina.