Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso posterga análisis de procedencia de denuncia constitucional

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aplazó para el análisis del informe de calificación sobre la admisibilidad o procedencia de la denuncia constitucional por traición a la patria presentada contra el presidente Pedro Castillo. El debate se había programado para hoy viernes, pero se postergó por falta de quórum, argumentando que los legisladores se encuentran en Semana de Representación.

Inicialmente se planteó como nueva fecha el lunes.

La acusación fue presentada por Fernán Altuve-Febres, Ángel Delgado Silva, Lourdes Flores Nano, Hugo Guerra Arteaga, Francisco Tudela van Breugel-Douglas, y César Vignolo Gonzáles Del Valle.
El jueves, los parlamentarios Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País) y José Cueto Aservi (Renovación Popular) asumieron dicha denuncia constitucional.

Mira aquí la sesión:

La acusación es por la presunta infracción constitucional de los artículos 32, 54, 110 y 118 (incisos 1, 2 y 11) de la Constitución, y por la probable comisión del delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, y en el artículo 78 (numeral 27), del Código de Justicia Penal Militar.

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La denuncia se presentó tras las declaraciones del presidente Castillo en la entrevista que brindó a la cadena CNN en Español sobre un eventual otorgamiento de salida al mar a Bolivia.

La calificación sobre la admisibilidad y/o procedencia de las denuncias constitucionales, se realiza en un plazo máximo de 10 días hábiles. En el caso de la presente acusación, vence este viernes 25 de febrero.

Según el artículo 89 inciso c) del Reglamento del Congreso, en esta etapa se revisará si las denuncias fueron formuladas por persona capaz, mediante representantes debidamente acreditados.

También se analizará que la persona que formula la acusación sea agraviada por los hechos o conductas que denuncian; que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal, entre otros criterios.

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