Cuatro suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) encargados de resguardar a la congresista María Cordero Jon Tay (ex Fuerza Popular) la acusaron ante el Departamento de Seguridad del Congreso de prácticas vejatorias en distintos momentos, entre julio del 2021 y septiembre pasado.
Las acusaciones quedaron registradas en partes policiales que entregó la PNP a El Comercio por orden del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los suboficiales denunciaron “maltratos”, “gritos”, “uso de palabras altisonantes” y otras prácticas que los llevaron a desistir de continuar como escoltas de la parlamentaria.
Uno de ellos consignó en un parte policial, el 28 de mayo del 2022, que la congresista pretendía emplearlo como chofer de su vehículo personal. Además, le encargaba que lleve su auto a lavar.
“Cada vez que prestaba servicio de resguardo, la congresista solicitaba que le apoyara en conducir su vehículo por motivos de emergencia y que le abriera la puerta cada vez que llegaba a un lugar. [...] La legisladora en reiteradas ocasiones hizo conocer al suscrito que era mi responsabilidad llevar su vehículo a un centro de auto lavados y abastecerlo con gasolina y gas licuado de petróleo, no accediendo nunca a su pedido”.
Por directiva del Ministerio del Interior, los efectivos de la Dirección de Seguridad del Estado tienen prohibido conducir el vehículo particular de la autoridad protegida y realizar actividades domésticas o ajenas al servicio policial asignado.
El mismo suboficial añadió: “[...] la citada legisladora ha venido mostrando una conducta déspota contra mi persona, lo cual hace que no se cumpla con la misión encomendada [...]”.
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Previamente, en octubre del 2021, cuando Cordero tenía solo tres meses en el cargo, el Departamento de Seguridad del Congreso recibió el primer parte en su contra. En este, un suboficial consignó: “El día 22 de octubre del 2021, siendo las 13:00 horas, encontrándome en situación de franco, me constituí al despacho de la indicada parlamentaria con la finalidad de entrevistarme y explicarle los motivos estrictamente personales, los cuales me impiden seguir brindándole seguridad y protección personal: maltrato, gritos, incomodidades hacia mi persona [...]”.
Luego, un tercer suboficial narró en otro parte del 5 de noviembre del 2022: “Siendo las 17:00 horas, en circunstancias que nos encontrábamos en el interior de su vehículo con dirección a su domicilio, el suscrito fue objeto de falta de respeto por parte de la referida congresista con palabras altisonantes y vejatorias como efectivo policial [...]”.
Por último, en septiembre pasado, otro suboficial dejó constancia de que Cordero le pidió esperarla desde las 8 a.m. en su oficina parlamentaria, en el edificio Santos Atahualpa del Congreso, pero nunca llegó. También dio cuenta que en su primer día de servicio, le pidió que se desempeñe como su chofer.
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“La legisladora, mediante comunicación [por] WhatsApp, indica que debía esperar a las 8:00 a.m. en su oficina [...], cumpliéndose lo dispuesto. El suscrito estuvo en el despacho congresal en espera de las indicaciones correspondientes y, aproximadamente a las 19:00 horas, al no hacerse presente la congresista, se retiró a las instalaciones del Depsecon [Departamento de Seguridad del Congreso] a formular el presente parte”, señaló.
El abogado Elio Riera, representante legal de Cordero, respondió a El Comercio que los partes policiales “solo generan una declaración de parte y no constituyen denuncias administrativas o penales”.
“Mi patrocinada no ha sido vinculada por algún ente administrativo, fiscal o judicial sobre el tema”, añadió.
Alta rotación de escoltas
Días antes de asumir como congresista, en julio del 2021, Cordero pidió a la PNP que dos suboficiales que no integraban la Dirección de Seguridad del Estado se encarguen de su seguridad personal. No obstante, su solicitud no procedió.
Este fue el pedido de la legisladora:
La PNP asignó a otros dos suboficiales. Uno de ellos desistió al mes siguiente y el otro permaneció hasta abril del 2022, cuando la congresista lo puso a disposición de su institución sin precisar los motivos.
Entre julio del 2021 y este mes, la PNP asignó al menos a 15 suboficiales para el resguardo de Cordero. Algunos no fueron aceptados por la legisladora, otros duraron pocos días en el cargo hasta que desistieron, fueron retirados por ella o se apartaron por otros motivos, según los reportes entregados por la PNP a este Diario mediante dos pedidos amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública.
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Incluso, en abril del 2022, uno de los suboficiales designados fue rechazado por la congresista luego de informarle que no sabía conducir, según consignó en un acta policial.
Esta es la inusual lista de escoltas asignados a Cordero:
FECHA | OCURRENCIA | N° de agentes designados |
---|---|---|
22 de julio del 2021 | Cordero solicita la asignación de dos suboficiales que no integran la División de Seguridad del Estado. No obstante, cuando asume funciones, la PNP le asigna dos que sí pertenecen a esa unidad. | 2 |
30 octubre del 2021 | Uno de los efectivos policiales desiste. | - |
1 de noviembre del 2021 | Se le asigna un efectivo policial en reemplazo del que desistió | 1 |
7 de diciembre del 2021 | Vuelve a solicitar dos efectivos que pertenecen a otras divisiones. Uno de la División de Servicios Especiales y otro de la Unidad de Emergencia de la Región Policial Lima | - |
25 de abril del 2022 | Desiste de contar con los servicios de un efectivo policial que le fue designado, sin precisar los motivos | - |
27 de abril del 2022 | Se le designa otro efectivo, pero no lo acepta porque este le informa que no sabe manejar | 1 |
18 de mayo del 2022 | Se le asigna un efectivo, quien solo permaneció 10 días (hasta el 28 de mayo) | 1 |
30 de mayo del 2022 | Pone a disposición a otro efectivo sin fundamentar su decisión | - |
31 de mayo del 2022 | Se le asignan dos suboficiales, pero informa que no requiere contar con ellos | 2 |
3 de junio del 2022 | Se le asigna uno de los dos oficiales que requirió | 1 |
7 de junio del 2022 | Se le asigna al otro oficial que solicitó | 1 |
8 de julio del 2022 | Uno permanece en el cargo hasta el 8 de julio | - |
25 de julio del 2022 | Otro permanece en el cargo hasta el 25 de julio | |
2 de agosto del 2022 | Se le designa un suboficial PNP solicitado por ella, pese a que pertenecía a otra unidad policial | 1 |
18 de agosto del 2022 | Desiste de contar con el suboficial que solicitó y pide que retorne a su unidad de origen | - |
12 de setiembre del 2022 | Solicita que se le asignan dos suboficiales PNP que laboran fueran de la Dirección de Seguridad del Estado, pero luego pide dejar sin efecto su pedido | - |
22 de setiembre del 2022 | Se le asigna un efectivo, pero cinco días después pide que regrese a su unidad de origen | 1 |
26 de setiembre del 2022 | Se le asigna un efectivo, pero luego pide que sea replegado. Así se queda sin equipo de resguardo | 1 |
26 de julio del 2023 | Se le asigna un efectivo, pero permanece solo un día | 1 |
27 de julio del 2023 | Se le asigna otro efectivo, quien permanece hasta el 10 de agosto | 1 |
10 de agosto del 2023 | Solicita que se le asigne un efectivo | - |
9 de octubre | Se le asigna un efectivo | 1 |
TOTAL | 15 |
Salvo excepciones, cada parlamentario cuenta con dos efectivos policiales encargados de su seguridad en la modalidad 24 x 24; es decir, un día de trabajo por un día de descanso.
Fuentes de El Comercio precisaron que, por lo general, los parlamentarios permanecen con sus mismas escoltas durante gran parte de su gestión. Solo reciben otros de manera temporal cuando viajan a distintas regiones por semana de representación, estos salen de vacaciones o de licencia por motivos personales.
Otros casos sin sanción
Un extrabajador parlamentario acusó a Cordero de recortes de sueldo en abril pasado. No obstante, seis meses después el pleno del Congreso sigue sin pronunciarse por este caso.
La Comisión de Ética tiene listo el informe final sobre esa denuncia. El documento recomienda que Cordero sea suspendida por 120 días de legislatura, pero aún no hay fecha establecida para que el pleno lo someta a votación.
El presidente de esa comisión, el legislador Diego Bazán (Avanza País), afirmó a este Diario que pedirá que el caso se incorpore a la agenda del pleno.
“Nosotros ya hemos entregado el informe final. Lo que estamos esperando es que se ponga a discusión del pleno. Eso depende de la Mesa Directiva, por lo menos yo voy a pedir que mi bancada lo solicite en la próxima Junta de Portavoces”, señaló.
Además, El Comercio reveló en agosto pasado una serie de conversaciones de WhastApp y testimonios que muestran que Cordero también utilizó como su chofer personal al trabajador que luego la denunció por recortes de sueldo. Se trata de Rafael Cabrejos Vela, quien fue asesor de la comisión especial para el Proyecto Binacional Puyango – Tumbes, que fue presidida por Cordero.
También accedimos y publicamos el testimonio del exfuncionario parlamentario Braden Paredes, quien reconoció que actuó en complicidad con Cordero para que ella le recorte el sueldo al mencionado asesor.
Investigación fiscal
La Fiscalía de la Nación también investiga a Cordero por el presunto delito de concusión, por la denuncia de recortes de sueldo.
El caso se encuentra en la fase de investigación preliminar. No obstante, el abogado Elio Riera informó a El Comercio que ha solicitado el archivamiento.
“Se solicitó el archivamiento porque se discrepa mucho del tipo penal. A entender de la defensa, no estaríamos ante un tema de concusión, ya que no son fondos del Estado”, dijo.
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