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La bancada del Partido Morado presentó el último jueves el proyecto de ley 4934/2020, que busca cambiar el artículo 20 del Reglamento del Congreso para que se pueda vetar a un legislador de integrar o presidir una comisión con funciones investigadoras por estar involucrado en cuestionamientos legales o éticos.
El veto se realizaría mediante un tercio de los votos representativos del Parlamento en la Junta de Portavoces. La finalidad, indica el proyecto, es “promover la plena integridad personal en el ejercicio se funciones parlamentarias específicas en salvaguarda de la ética pública y del carácter ejemplar de la función parlamentaria”.
El inciso 'd' del referido artículo ya establece la prohibición para que los congresistas integren las comisiones de Fiscalización, Ética y la subcomisión de Acusaciones Constitucionales si es que tienen procesos penales dolosos por los que se ha solicitado el levantamiento de su inmunidad.
La modificación propuesta por el Partido Morado incluiría que se pueda vetar también a congresistas cuestionados sobre quienes no pese una solicitud de levantamiento de esta prerrogativa, “con fundamento de la incompatibilidad ética” y mediante "cuando menos un tercio de los votos representativos de los congresistas representados en la Junta [de Portavoces]”.
El congresista morado Alberto de Belaunde explicó a El Comercio que esto no solo aplicaría a las comisiones de Fiscalización y Ética, sino a todos los grupos que tuvieran “funciones investigadoras”. “Si a la Comisión de Transportes se le encarga investigar un hecho puntual, entonces estaría afecta a esta modificación”, explicó.
Con urgencia
Francisco Sagasti, vocero de la banca, dijo a El Comercio que la copia de este proyecto ya fue enviada al chat de la Junta de Portavoces, y que ha recibido el apoyo de por los menos dos partidos. “Todas las bancadas ya lo tienen. Hemos tenido una respuesta positiva del Frepap y del Frente Amplio”, indicó.
El portavoz del Frente Amplio, Lenin Checco, confirmó que han conversado sobre el tema con el PM. "Vamos a evaluar la propuesta, pero nosotros desde ya estamos marcando la cancha: no vamos a permitir que procesados por actos de corrupción presidan comisiones del Congreso”, aseguró Checco.
Las voceras del Frepap optaron por no responder. Richard Rubio, congresista de esa bancada, aseguró no estar enterado de la iniciativa.
“Este sería uno de los proyectos, posiblemente, a verse con el nuevo procedimiento que acordamos para tener sesiones en periodos de emergencia. En la Junta de Portavoces o la Comisión Permanente, o el Pleno virtual se vería. Estoy a la espera de que la Mesa Directiva establezca las normas y lo que solicitaremos es que este proyecto se vea con urgencia”, aseguró Sagasti.
Los integrantes de las comisiones ordinarias del Congreso fueron definidos el jueves y solo queda pendiente la instalación de estos grupos parlamentarios.
“La idea es verlo [el proyecto de veto a congresistas cuestionados] en el Pleno a través de la Junta de Portavoces antes de que se instalen las comisiones”, aclaró el congresista Sagasti.
De Belaunde explicó que el proyecto no viola el principio de no retroactividad, precisamente, porque las comisiones no han sido instaladas todavía. “Aún no se elige a los presidentes de las comisiones. Lo que se ha hecho es señalar a qué grupo político le corresponden”, dijo. El experto en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi coincidió en que no hay impedimento por retroactividad.
¿Posible arbitrariedad?
Según la distribución de comisiones definida el jueves, Fiscalización sería presidida por el excontralor Edgar Alarcón, quien tiene siete investigaciones fiscales en su contra por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, uso del dinero del Estado para beneficio personal y lavado de activos. Aunque De Belaunde prefirió no personalizar el proyecto, Alarcón sería uno de los que podrían ser vetados si es que prospera.
Sin embargo, Rennan Espinoza, congresista de Somos Perú, dijo que el proyecto tiene un buen concepto, pero “hay que recordar que iríamos contra la Constitución. Todos tienen derecho a participar en lo que organizacionalmente el Congreso decida. Se estaría cortando la participación solo por un cuestionamiento”, opinó.
“Él tiene denuncias pero no hay sentencia en el caso de Alarcón. No termina siendo una sentencia, entonces eso es un poco complicado. ¿Qué pasa si sale absuelto? Se le recortó su derecho. Ética y moralmente sería lo más adecuando que quienes tienen denuncias desistan, es mi recomendación”, agregó Espinoza en diálogo con El Comercio.
De Belaunde rebatió este argumento. “Ya existen restricciones. Si hay conflictos de interés, la persona tiene que evidenciar ello y abstenerse. Con racionalidad, estas medidas se pueden dar. Lo que se busca es que sea una herramienta para las minorías parlamentarias, igual que desde los noventa ya no necesitas mayoría en el Pleno para crear una comisión investigadora”, aseguró.
El especialista en derecho parlamentario César Delgado-Guembes explica que el proyecto de la bancada morada se enmarca en la doctrina del Estado Constitucional de Derecho, que permite a los operadores constitucionales calificar una conducta en base a criterios que no están tipificados como una infracción en el cuerpo legal, y restringir derechos en base a ello. En ese sentido, opina que es coherente y factible, pero riesgosa.
“La Comisión de Ética y la vacancia presidencial por incapacidad moral son otros dos ejemplos. Lo que está haciendo el Partido Morado es recoger esa tendencia. Es parte de una línea de interpretación de la Constitución, una interpretable desde el punto de vista moral. El riesgo de que se escapen arbitrariedades bajo la etiqueta de que se está atentando contra valores morales es enorme, pero es consecuencia inevitable de adherirse a esa doctrina”, asegura.
Según Rospigliosi, lo sensato sería que mediante la nueva modalidad se pueda vetar a un congresista solo de presidir una comisión, mas no de integrarla. “Presidir e integrar es absolutamente diferente. El que la preside no solo dirige el debate, sino que decide qué se pone en agenda y qué no. El integrante es un voto más. ¿Qué haría el congresista si no puede integrar comisiones?”, finaliza.
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