José Cueto, Jorge Montoya y Alejandro Muñante, congresistas de Renovación Popular. (Foto: GEC / César Bueno)
José Cueto, Jorge Montoya y Alejandro Muñante, congresistas de Renovación Popular. (Foto: GEC / César Bueno)
Redacción EC

Congresistas de la bancada han presentado un proyecto de ley con el cual buscan otorgar una amnistía a favor de policías, militares y funcionarios que están siendo procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo que ocurrieron antes del 2000 y que no tengan sentencias firmes.

La ingresó formalmente a la mesa de partes del Poder Legislativo el 11 de abril y tiene las firmas de Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, en calidad de autor.

Suscriben el proyecto sus colegas de bancada José Cueto, Alejandro Muñante, Miguel Ciccia, Javier Padilla, Gladys Echaíz y Milagros Jáuregui.

Ley de amnistía presentada por Renovación Popular.
Ley de amnistía presentada por Renovación Popular.

La planteada ley de amnistía plantea beneficiar a policías, militares, miembros de comités de autodefensa y funcionarios del Estado que están siendo procesados judicialmente por hechos ocurridos entre los años 1980 y 2000 vinculados a la lucha contra el terrorismo.

Adicionalmente, texto incluye un artículo para conceder una “amnistía de carácter humanitario” a los adultos mayores de 80 años a pesar de que tengan una sentencia firme con penas de cárcel efectiva o suspendida.

Asimismo, hay una precisión para que este último beneficio no se aplique a personas condenadas por delitos de corrupción de funcionarios o contra la administración pública.

En la justificación de motivos del proyecto, los congresistas de Renovación Popular aseguran que no buscan librar de responsabilidad a condenados con sentencias firmes o ejecutoriadas, en respeto a lo que ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de no otorgar beneficios como amnistías en esta materia.

Lo que indican es que quieren beneficiar a quienes, tras 24 años, siguen siendo investigados por “presuntas violaciones a los derechos humanos”, lo que demuestra que hay una “incapacidad del sistema judicial para demostrar las imputaciones” contra quienes aseguran participaron en la lucha contra el terrorismo.