Rosio Torres blindada en Comisión de Ética: aprueban 30 días de multa en lugar de 120 días de suspensión

La Comisión de Ética Parlamentaria blindó a la legisladora Rosio Torres, de la bancada Alianza Para el Progreso (APP) y aprobó una sanción de solo 30 días de su remuneración como multa y una amonestación escrita, en lugar de suspenderla por 120 días por la denuncia de recortes de sueldo en su contra.

El pedido para salvar de la suspensión a Rosio Torres fue planteada por su colega de bancada, Cheryl Trigozo pese a que en abril el líder del partido, César Acuña anunció su expulsión y pidió una sanción en la Comisión de Ética.

La nueva “sanción” fue aprobada por ocho votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. Votaron a favor de esta reducción de sanción congresistas de Perú Libre, Acción Popular, APP, Renovación Popular, Perú Bicentenario y el Bloque Magisterial.

Este fue el segundo caso de blindaje en un solo día. Previamente, la Comisión de Ética evitó sancionar con suspensión de 30 días a Katy Ugarte, no agrupada, por el despido de una trabajadora embarazada de su despacho.

Este último caso solo logró 6 votos a favor y 8 abstenciones, por lo que se declaró no resuelto y se dejó en suspenso hasta una próxima sesión.

El informe final planteado por la secretaría técnica había propuesto la máxima sanción de 120 días de suspensión y derivar el caso tanto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como la Fiscalía de la Nación por presunto delito de concusión.

Esto, al haber considerado el testimonio de la exsecretaria de Torres, Nathaly Rubio, quien acusó directamente a la parlamentaria de haberle pedido parte de su sueldo mensual, así como el hecho que se trató de eliminar pruebas como la conversación por WhatsApp con su sobrino Davie Pérez Guerra, quien aseguró haber hecho los corbos a título personal como favores y préstamos.

A pesar de estas pruebas, la legisladora Cheryl Trigozo, también de APP, pidió reducir la sanción por solo una amonestación escrita, 30 días de remuneración como multa y que no se envíe la carpeta a la subcomisión o al Ministerio Público.

“Aquí no existe una prueba clara ni contundente de culpabilidad. Lo único cierto es que cada uno de los supuestos afectados ha presentado sus declaraciones juradas notariales y han afirmado que la congresista Torres no ha requerido ningún tipo de aporte”, señaló en la sesión.

También dijo que el testimonio de Nathaly Rubio era contradictorio con su declaración jurada, por lo que no podía ser tomada en cuenta.