La tercera vicepresidente del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País), perdió los papeles el lunes último cuando la Comisión de Ética aprobó sancionarla por mentir sobre su participación en la organización de la fiesta de cumpleaños de su pareja, Paul García, en el 2023.
Visiblemente molesta, Amuruz amenazó al presidente de la comisión, el congresista Diego Bazán, con publicar información en su contra, ante el asombro de los integrantes de ese grupo de trabajo.
La legisladora abandonó la sesión luego de lanzar su amenaza. En tanto, Bazán anunció que evaluará qué acciones tomar. Ambos son compañeros de bancada en Avanza País.
ASÍ FUE EL INCIDENTE:
"Esto ya merece otro tipo de tratamiento, y debería abrirse una denuncia de oficio porque es una amenaza y una coacción directa”.
Previamente, Amuruz fue sancionada con una amonestación pública y una multa equivalente a 60 días de sueldo por infringir los artículos 1, 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria, sobre el principio de transparencia y el respeto a la investidura parlamentaria.
La sanción se decidió con 12 votos a favor y tres en contra. Estos últimos fueron de Alex Paredes (Bloque Magisterial), Esdras Medina (no agrupado) y Héctor Valer (Somos Perú). Los tres buscaban que se le imponga una sanción incluso menor.
En la práctica, la Comisión de Ética ha blindado a Amuruz, pues solo la sancionó por una imputación menor. El año pasado acordó exculparla del caso más grave: interceder presuntamente en la contratación en el Congreso de al menos ocho personas vinculadas a su pareja.
Tras la sesión, Amuruz ofreció disculpas públicas, pero negó haber amenazado a Bazán.
En diálogo con Canal N, dijo: “Aprovecho la vitrina para dar las disculpas del caso a los peruanos. [...] Yo estoy acá por vocación de servicios y me estoy ganando un pleito bastante grande. Tranquilamente podría quedarme en el sector privado. [...] Mi colega Diego Bazán, en su momento, tuvo una fiesta. No es una amenaza, porque es algo público”.
Otro intento de blindaje
En la misma sesión, Ética aprobó recomendar al pleno del Congreso la suspensión por solo 60 días de la legisladora Katy Ugarte, denunciada por recortar el sueldo de sus trabajadores.
Aunque se encontró un grado de responsabilidad de Ugarte en los recortes, se argumentó que estos no fueron realizados por ella, sino por su otrora asesor principal, Roger Torres Pando.
“Se ha acreditado, conforme a las declaraciones testimoniales, conversaciones chat y transferencias, que los “aportes” realizados por los trabajadores del despacho de la congresista denunciada no eran voluntarios, constituyendo recorte de sueldo dispuesto por el asesor principal y persona de confianza de la congresista”, concluyó el informe.
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Las pruebas muestran que los trabajadores contratados como personal técnico entregaban S/ 300 mensuales, y los asesores S/ 400 cada uno. Con ello, se llegaba a juntar hasta S/ 2.000 mensuales, que se destinaban a mejorar la imagen pública de la parlamentaria.
Para la comisión, “resulta inverosímil” que Ugarte no se haya cuestionado de dónde provenía el dinero para las campañas a su favor.
“Está acreditada la existencia de una mala práctica, para comprometer el sueldo de los trabajadores, bajo la apariencia de ‘aporte voluntario’ que tiene como fin beneficiar directa o indirectamente a la congresista. Está acreditado que la congresista investigada es la persona responsable de su propio despacho y que los asesores no están facultados a realizar acciones sin conocimiento de la congresista”, destacó el informe.
La comisión pudo aprobar que se recomiende al pleno del Congreso sancionarla con 120 días de suspensión, pero solo optó por la mitad de ese castigo.
Peor aún, durante el debate, Esdras Medina presentó una cuestión previa para que a Ugarte solo se le sancione con una amonestación por escrito y el descuento de sueldo equivalente a 30 días de funciones. “La presunción de inocencia es indispensable en un estado de derecho”, argumentó.
Alex Paredes se sumó a ese intento de blindaje y cuestionó el informe final contra la congresista. Señaló que los trabajadores de Ugarte podrían haber dado parte de sus sueldos de manera voluntaria, sin que ella esté al tanto.
“Uno, como congresista, no va a estar en una marcación Reyna a Maradona con sus trabajadores”, dijo.
Paredes ya ha defendido en la Comisión de Ética a otros congresistas acusados de recortes de sueldo. Entre ellos a su compañero de bancada Edgar Tello.
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En tanto, Ugarte intervino para insistir en su inocencia, en un caso que también es investigado por el Ministerio Público.
Según la legisladora, es víctima de un complot de tres extrabajadores del Congreso a quienes cesó del cargo.
Tras la votación contra Ugarte, el congresista Medina insistió en blindarla y presentó un pedido de reconsideración. No obstante, este fue rechazado por mayoría.
La Comisión de Ética ha blindado anteriormente a los congresistas Heidy Juárez (Podemos), Rosio Torres, Magaly Ruiz, María Acuña (Alianza para el Progreso), Edgar Tello (Bloque Magisterial) y Marleny Portero (Acción Popular).en casos de recorte de sueldos.
El otrora asesor de Katy Ugarte, Roger Torres, continúa trabajando en el Congreso, ahora como asesor II de la congresista Janet Rivas (Perú Libre).
Caso Espinoza - Alcarraz
En la misma sesión, la Comisión de Ética aprobó tramitar una denuncia de oficio contra los congresistas Darwin Espinoza (Acción Popular) y Kira Alcarraz (Podemos Perú) por presunto intercambio de favores.
La decisión se tomó por unanimidad, con 15 votos a favor.
Según denunció el programa “Punto Final”, ambos congresistas intercambiaron favores para beneficiar a sus allegados con cargos públicos y apoyarse mutuamente en la Comisión de Ética.
Alcarraz, quien preside la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, contrató para ese grupo a Stephania Cuya Bezzolo, amiga muy cercana de Espinoza.
En tanto, Alcarraz consiguió ingresar a Ética gracias a que Acción Popular le cedió su cupo en ese grupo. Además, también habría intercedido ante Espinoza para que contrate a una allegada.
Recientemente, Alcarraz renunció a continuar ocupando el cupo de Acción Popular en Ética. No obstante, el trámite para oficializar su salida aún no concluye.
La legisladora no participó de la sesión del lunes último presentando una licencia.
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