Silvia Monteza, de Acción Popular, es la segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva. (Foto: Congreso)
Silvia Monteza, de Acción Popular, es la segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva. (Foto: Congreso)
Redacción EC

La segunda vicepresidenta del Congreso, (Acción Popular), se pronunció sobre los casos de recortes de sueldos a trabajadores de ese poder del Estado y enfatizó que estos “han tenido que denunciar en su momento”.

En declaraciones a los periodistas, indicó que la Mesa Directiva no puede intervenir en el tema porque la Comisión de Ética ya investiga de oficio los casos denunciados.

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No obstante, Monteza Facho remarcó que los trabajadores afectados tienen parte de responsabilidad por “consentir” que los legisladores recorten sus remuneraciones.

“Hay que tener en cuenta que todo tiene un proceso, que tampoco nosotros podemos intervenir como Mesa Directiva porque hay una Comisión de Ética que ya ha tomado de oficio y está investigando. Que sea lo más rápido”, expresó.

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“Creo que aquí también la parte [de responsabilidad] lo tienen los trabajadores de haber consentido que el congresista le permita hacer ese tipo de descuento o cortarle su sueldo. Creo que ellos han tenido que denunciar en su momento”, agregó.

Declaraciones de Silvia Monteza
Declaraciones de Silvia Monteza. (Video: Radio Nacional)

En total son cinco las congresistas denunciadas por recorte de sueldos a los trabajadores de sus despachos: Magaly Ruiz, Rosio Torres (ambas de Alianza para el Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú), Katy Ugarte (No Agrupados) y María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular).

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Cabe indicar que Silvia Monteza es una de las congresistas investigadas por el , grupo que habría respondido a los intereses del expresidente . El pasado 24 de marzo el Ministerio Público allanó su despacho y su vivienda.

En dicha fecha, la Fiscalía y el Equipo Especial de Policía realizaron un mega-operativo contra diversos congresistas incluidos en las investigaciones fiscales del caso por el presunto delito de organización criminal, previsto en el artículo 317 del Código Penal.

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Además, a los parlamentarios también se les habría ofrecido puestos de trabajo para sus allegados a cambio de votar a favor del ex jefe de Estado cuando se procesaban mociones de vacancia en el Parlamento.

Según las pesquisas fiscales, el encargado de las coordinaciones entre los parlamentarios con el entonces mandatario habría sido el exasesor Auner Vásquez.