Congreso: Subcomisión archiva denuncias contra Sigrid Bazán y Guillermo Bermejo por protestas

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó este lunes las denuncias presentadas contra los legisladores Sigrid Bazán y Guillermo Bermejo, ambos de Cambio Democrático, por supuestas azuzar las protestas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

La primera denuncia se basaba en que la legisladora y un grupo de alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) habrían ingresado “violentamente” y sin permiso al campus la noche del pasado 17 de enero con pancartas exigiendo el adelanto de elecciones.

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El informe de calificación concluyó que los hechos imputados a Bazán no se ajustan a los tipos penales y que no hay indicios de que haya usado violencia, engaño o amenazas para ingresar al campus de dicha casa de estudios.

Por ello, se acordó declarar improcedente la denuncia constitucional 343 presentada por Patricia Chirinos (Avanza País) contra Sigrid Bazán. Dicho informe fue sometido a debate y aprobado por unanimidad por la subcomisión, con 19 votos a favor.

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Del mismo modo, otro informe de calificación declaró improcedente la denuncia constitucional 345 presentada por Chirinos Venegas contra Guillermo Bermejo. El documento también fue aprobado por unanimidad (19 votos a favor).

La acusación señalaba que el parlamentario que fue uno de los azuzadores de las protestas en la región Ica que bloquearon la carretera Panamericana Sur en diciembre del 2022.

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“No se ha podido demostrar que las conversaciones que habría tenido, vía telefónica, el denunciado efectivamente llevaron a algún tipo de organización de manifestación o similares”, precisó la secretaría técnica.

También refiere que las frases proferidas por Bermejo contra el régimen de Dina Boluarte se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de opinión y que en ellas no se ha encontrado pedidos o exaltación de delitos.

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Cabe indicar que Patricia Chirinos había solicitado que ambos parlamentarios sean inhabilitados para ejercer cargos públicos por 10 años.