Sunedu otra vez en la mira: Los nexos y visitas en el Congreso con universidades denegadas

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Cabe precisar que José Luna Gálvez (Podemos Perú) es el actual presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, donde recientemente se aprobó una moción para investigar a los organismos reguladores; una iniciativa que podría aplicarse a la Sunedu.

Las tres instituciones superiores del congresista Luna -Telesup, Universidad Ciencias de la Salud y la Escuela Internacional de Posgrado- no obtuvieron licenciamiento y entraron en período de cese de actividades.

De otro lado, la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) es vicepresidenta de directorio y accionista de la Universidad Politécnica Amazónica. Esta institución, además de denegada por Sunedu, registra una deuda coactiva en Sunat por S/ 130 mil.

Sin embargo, lo más llamativo es que, en las últimas semanas, 15 congresistas han recibido en sus despachos a rectores y representantes de al menos seis de estas casas de estudios.

Entre los más visitados está el propio presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina (Renovación Popular); el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón; el accesitario de Educación Wilson Quispe (también de Perú Libre); y el congresista de Acción Popular Darwin Espinoza. Para este informe, buscamos comunicarnos con los cuatro, pero los legisladores del lápiz no atendieron nuestros intentos de contacto.

Alarmas y descargos

En aplicación de la Ley Universitaria que se promulgó en el 2014, la Sunedu culminó a inicios del 2020 con el proceso de licenciamiento de instituciones de educación superior. De las 143 evaluadas, 51 desaprobaron por falta de condiciones básicas de calidad. Su período de transición hacia el cese de actividades fue extendido por la Sunedu a tres años más a mediados del 2020.

A ocho días de haberse instalado, la Comisión de Educación formó un “grupo de seguimiento” al trabajo de la entidad. En diálogo con El Comercio, el legislador Esdras Medina rechazó que haya –en sus propias palabras– un “afán destructivo”. Remarcó que las diligencias se basan en la “real preocupación” de la comisión por los estudiantes afectados tras la reforma universitaria.

“La tarea de la Comisión de Educación es fiscalizar, pero no hacer una fiscalización destructiva, sino de buscar el bienestar de los estudiantes afectados. Lo que hemos formado no es una comisión investigadora, sino una de coordinación. Si la universidad ha sido sancionada porque no cumplió, es correcto, pero el estudiante debe ser apoyado. Estaremos buscando mecanismo junto con la Sunedu para que, en coordinación, haya soluciones a este problema. No hay otro sentir. No es que queramos que se le dé licenciamiento a tal o cual universidad, infringiendo las normas”, señaló el parlamentario.

De acuerdo con el registro de visitas del Congreso, Medina ha recibido en dos oportunidades a Juan Benites Noriega, rector de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (Juliaca). También hizo lo propio otras dos veces con los hermanos Paul, Miguel y José León Untiveros; los dos últimos, decanos de la Universidad Peruana del Centro (Huancayo).

“Si nos reunimos [con los representantes de universidades denegadas] es porque tenemos que recibir a todos y escucharlos. Todos tenemos derecho como peruanos, como instituciones. Después, se evaluará, se correrá traslado a la otra parte para escuchar. Eso es lo que tenemos que hacer como autoridades neutrales”, indicó. Agregó que una “segunda oportunidad” se sopesaría tras una evaluación con la entidad.

Los León Untiveros y (en un par de ocasiones) su madre, Emilia Untiveros Peñaloza, quien es rectora de la Universidad Peruana del Centro, han marcado asistencias conjuntas al Congreso hasta 46 veces para visitar, de manera grupal a legisladores de distintas bancadas. Pero hay un nexo especial con Perú Libre: Paul León Untiveros, uno de los tres hermanos, fue candidato al Parlamento por ese partido en las recientes elecciones.

Entre los congresistas visitados por estos familiares relacionados a la Universidad Peruana del Centro están Silvana Robles (PL), Paul Gutiérrez (PL), Edgar Tello (PL), Silvia Monteza (AP), Edgard Reymundo (JP) e Ilich López (AP). Quien más los recibió fue Waldemar Cerrón (PL).

Otro legislador que ha recibido a representantes de instituciones no licenciadas es Darwin Espinoza (Acción Popular). Se ha reunido tanto con los León Untiveros como con Elías García, asesor legal de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech). Además, los asesores de Espinoza han despachado otras veces con los hermanos León Untiveros y la rectora Emilia Untiveros; el rector Juan Benites de la Andina Néstor Cáceres Velásquez y el rector Gilmer Díaz, de la San Pedro (Chimbote).

El 24 de agosto, en su cuenta de Facebook, Espinoza Vargas subió una foto e informó de una reunión con Juan Rodríguez Ruiz, rector de la Uladech, aunque este solo registró una visita a un trabajador técnico del despacho de Ilich López (Acción Popular) el día anterior.

¿Segunda oportunidad?

Para inicios de setiembre, Espinoza presentó un proyecto de ley para que las universidades privadas denegadas puedan solicitar nuevamente su licencia con un plazo extendido de dos años. Remarcó que esa es una demanda de la asociación de estudiantes y que él la recogió como candidato al Parlamento.

“Mi compromiso es con los estudiantes [de las universidades no licenciadas] y antes de mi proyecto, me reuní con el rector de la San Pedro y de la de Los Ángeles de Chimbote para indicarles que estaba a punto de cumplir ese compromiso de campaña. Es una causa justa”, refirió al ser consultado por El Comercio.

Actualmente, varias universidades privadas denegadas, que se resisten al cese, conforman la “Asociación de Universidades Asociativas sin Fines de Lucro”. Esta es presidida por Juan Benites Noriega, rector de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Su vicepresidente es Daniel Reinoso, rector de la Universidad José Carlos Mariátegui. Otros miembros son Emilia Untiveros, rectora de la Universidad Peruana del Centro, y Juan Rodríguez Ruiz, de Los Ángeles de Chimbote.

Espinoza enfatizó que el objetivo del proyecto “no es favorecer a las universidades que han lucrado con la educación, sino que se centra en las asociativas sin fines de lucro” y que no hay ánimos de “ir contra la Sunedu”. También dijo que se trata de equiparar la oportunidad de mayor plazo que ya tienen las universidades públicas.

“Telesup, por ejemplo, está descartada de esta iniciativa. Mi proyecto se ampara en que hubo un decreto que otorgó un periodo de emergencia de dos años solo a las universidades públicas que fueron denegadas. Además, hay que reconocer que las universidades privadas no licenciadas tuvieron problemas administrativos en su momento. Hubo gente malversando fondos y haciendo corrupción, y eso impidió que se licencien. Por eso nuestro texto propone como uno de los primeros puntos para su aplicación, el cese de los rectores y vicerrectores de esas gestiones”, refirió.

Benites Noriega, rector de la Cáceres Velásquez, se reunió en tres ocasiones con el congresista Wilson Quispe (PL), accesitario de la Comisión de Educación. Quispe es autor de un proyecto de ley que propone ampliar el plazo de adecuación de docentes a la Ley Universitaria hasta 2023. Dicho plazo está por vencer en noviembre de este año.

Además de las iniciativas de Quispe y Espinoza, está la de la congresista Noelia Herrera, de Renovación Popular. Su texto, presentado el 15 de setiembre, propone declarar de interés público la creación de universidades públicas y filiales descentralizadas. Por otro lado, el legislador Espinoza presentó un segundo proyecto para que el canon se utilice como incentivo en la creación de filiales de universidades públicas licenciadas.

“Sin marcha atrás”

Este Diario se comunicó con el secretario general de la Sunedu, Joseph Dager, quien advierte que sí les despierta “dudas” el hecho de que, junto con las visitas, se empiecen a emitir proyectos de ley con particular foco en un proceso ya concluido, que es el de licenciamientos a universidades.

“Quizás la clave esté en que respetemos los fueros técnicos de la Sunedu. Desde esta entidad, nos centramos en llevar adelante la reforma universitaria y continuarla. Es válido fiscalizar a las entidades públicas, pero en lo que podrían ayudar los políticos es a no mezclar la política con las decisiones técnicas”, respondió.

Sobre las iniciativas de ley en concreto, Dager cuestionó que se pretenda otorgar segundas oportunidades a universidades que ya pasaron el filtro de la Sunedu y que, además, la propia entidad se vea maniatada para emitir una nueva observación. Con respecto a las proposiciones de incentivar la creación de filiales, indicó que “son extrañas” porque está vigente la ley de moratoria hasta el próximo año.

El funcionario resaltó también que la Sunedu ya se encuentra en otra fase, que es la de consolidar el cumplimiento de la reforma universitaria. “Yo no quisiera pronunciarme políticamente sobre si hay desesperación o no de algunas universidades no licenciadas. Parece que hay mucho interés y podrían estar buscando algún beneficio, pero eso no sería lo adecuado. Hay que recordar que la primera etapa de la reforma ya se concretó y no hay marcha atrás”, dijo.

La ASUP visita a Bellido

Entre el 12 y el 17 de agosto, el primer ministro Guido Bellido fue visitado en su despacho de la PCM por Ada Gallegos y Víctor Aguilar, ambos representantes de la Asociación de Universidades Peruanas (ASUP). Esta asociación integra a universidades que tienen el visto bueno de Sunedu y a otras que no lo obtuvieron. Gallegos, quien dirige la ASUP, ha criticado públicamente la Ley Universitaria que rige desde 2014 y con la cual se desactivó la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) para dar pie a la Sunedu.

El Comercio solicitó entrevistar a Gallegos, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de edición de esta nota. En el registro de visitas del Congreso, Gallegos y Aguilar figuran como presentes en una reunión entre el congresista Héctor Acuña, miembro de Alianza para el Progreso y presidente de la Comisión de Presupuesto, y las rectoras de las universidades nacionales licenciadas San Marcos, y Enrique Guzmán y Valle.

Sin embargo, Acuña precisó que los representantes de la ASUP no intervinieron en esa sesión, donde las autoridades de las otras instituciones trataron con él temas de normativa presupuestal: “No sé exactamente cómo llegaron esas otras personas. En ningún momento se manifestaron como de la ASUP ni participaron. La cita fue con las rectoras Jeri Ramón y Lida Asencios”.

Preguntado por las visitas de la ASUP a la PCM, el secretario general de la Sunedu, Joseph Dager, respondió que su entidad sí espera reunirse con el primer ministro en algún momento, pero que no es una urgencia, pues ya mantiene un diálogo técnico con el ministro de Educación Juan Cadillo. Con respecto a Gallegos y Aguilar, el funcionario manifestó que “algunas personas no terminan de asumir bien que ya estamos en otra etapa”.

MÁS DATOS

1. Es preciso señalar que el legislador José Jerí (Somos Perú-Partido Morado) se tituló en la Universidad Inca Garcilaso De la Vega, que no obtuvo el licenciamiento. No obstante, toda la carrera la llevó hasta su bachillerato en otra casa de estudios que sí pasó el test de calidad.
2. De otro lado, los congresistas de Perú Libre Edgar Tello y Alex Paredes se titularon como abogados en universidades denegadas (Inca Garcilaso De la Vega y José Carlos Mariátegui, respectivamente). Sin embargo, su profesión en activo es la de docencia, cuyo grado obtuvieron en instituciones licenciadas.
3. Son 49 las universidades y 2 las escuelas de posgrado que no lograron licenciamiento tras la evaluación de la Sunedu. Por razón de la pandemia y “en resguardo del interés del estudiante”, la Sunedu emitió en junio de 2020 una resolución que permite extender el plazo de cese de actividades a tres años más.
4. Las condiciones básicas de calidad que fiscaliza la Sunedu son tangibles e intangibles: infraestructura adecuada, estándar de preparación del docente, planes de estudio adecuados, promoción de la inserción del estudiante en el mercado laboral, entre otras.
5. El 14 de setiembre, la Comisión de Educación recibió en sesión ordinaria pública al superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra. Allí, los miembros titulares Jorge Marticorena (Perú Libre) y Flor Pablo (SP-Partido Morado) expresaron su apoyo a la entidad, mientras que otros congresistas como Edgar Tello, Paul Gutiérrez y Alex Paredes (los tres de Perú Libre) se mostraron más inquisidores.

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