TC: Los candidatos y algunos detalles de sus perfiles que la comisión evaluadora del Congreso no toma en cuenta

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Así, identificamos que 12 guardan vínculos recientes con partidos políticos y 15 han infringido normas de tránsito de manera reiterada; algunos de ellos llegando a pagar más de S/ 3 mil en multas. En otra búsqueda, ubicamos que 33 candidatos han contratado con entidades públicas para servicios de consultoría, asesoría o defensa legal; una característica que —a diferencia de las anteriores— no afecta la idoneidad directamente, pero sí podría generar algunos conflictos de interés.

En diálogo con El Comercio, el parlamentario José Balcázar (Perú Libre), quien preside el grupo encargado de seleccionar a los candidatos, señaló que la fase de tachas permitirá filtrar mejor los perfiles. “Sí queremos que se purgue bien la lista para que no haya sorpresas en el futuro”, refirió.

Especialistas consultados para este informe coincidieron en que el nexo político es el más reñido con la independencia que se esperaría de un magistrado. De los postulantes, dos han sido congresistas del período pasado 2020-2021 y, además, trabajan actualmente en el Parlamento. Son los casos del exparlamentario de Fuerza Popular, Carlos Mesía, y la exlegisladora de Podemos Perú María Teresa Cabrera. Mesía es asesor de la bancada Renovación Popular y Cabrera labora como jefa del Área de Cooperación Internacional.

También hay siete afiliados activos a organizaciones políticas y dos excandidatos al Congreso. Estos últimos son Miguel Pérez Arroyo (exabogado del preso expresidente Alberto Fujimori), quien postuló con Podemos Perú este año, y Fernando Calle, quien hizo lo propio en el 2001 con el Apra. Además, está el exparlamentario nacionalista Cayo Galindo, del período 2006-2011. Galindo es también recordado por haber sido elegido en el 2013 como miembro del Tribunal Constitucional y renunciado al cargo tras los cuestionamientos por el cuestionado proceso denominado como la ‘repartija’. Por su parte, el postulante Abdías Medina Minaya es, además de exaspirante a cargos de elección popular, hermano del actual congresista de Renovación Popular Esdras Medina Minaya.

Para la abogada Úrsula Indacochea, directora de programa en la Fundación para el Debido Proceso, la vinculación político-partidaria es un asunto “que hace sonar las alarmas”. Según señala, los magistrados no deberían tener este tipo de relaciones, ya sea de manera formal o informal.

“Menos aun pueden ser militantes activos o haber sido candidatos u ocupado cargos políticos. Por supuesto, los vínculos político-partidarios tienen diversos grados: no es lo mismo ser un candidato, un miembro de la directiva o un militante activo, que un personero. Aquí lo que importa, es que ese tipo de vínculos pone en riesgo no solo la independencia del futuro magistrado o magistrada del TC, sino que también puede afectar la confianza de la ciudadanía en la independencia del TC en su conjunto”, sostuvo.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, señaló que la vida política es incompatible con el perfil que se busca en una persona que administra justicia. Además, advirtió que el reglamento de selección de magistrados al TC no ha considerado el conflicto que hay cuando los candidatos trabajan en el Parlamento que los elige.

“No es algo que tiene que ver con el tema moral, sino con el de la independencia, que es igual de fundamental. El juez tiene que estar distanciado de compromisos políticos en la medida que, precisamente, su trabajo tiene que ver con ejercer un control sobre decisiones políticas, como son las leyes que salen del Congreso. Además, otro caso distinto pero igual de llamativo es el de las personas que postulan y trabajan al mismo tiempo en el Congreso porque ahí se abre la posibilidad de un sesgo a su favor o una ventaja. La cercanía con los decisores de un concurso es, en otras situaciones, causal de improcedencia de la postulación, pero aquí no ocurre eso”, comentó.

No tan idóneos al volante

De acuerdo con el artículo 7 del reglamento para la selección de candidatas y candidatos aptos para el Tribunal Constitucional, quienes postulen a este concurso deben haber demostrado solvencia e idoneidad moral y conducta personal intachable. Si bien una multa de tránsito no es, en sí misma, un medidor ético, por lo menos 15 postulantes han infringido normas de tránsito más de una vez.

Quien más multas ha pagado es el candidato Luis Gutiérrez Ticse, quien también postuló en el anterior proceso de selección. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha sido sancionado en 15 oportunidades, acumulando un pago en multas de S/ 4,282. Al ser consultado por El Comercio, señaló que tiene “20 años conduciendo” y que algunas de esas infracciones “deben ser también de mi esposa”. “Me parece un poquito tendencioso informar de esto. En 20 años, cualquier persona tiene multas. Lo grave sería que hayan sido multas como conducir en estado de ebriedad y eso no ha sido. Algunas multas fueron abusivas, además”, dijo.

Otros postulantes que encabezan la lista de infractores son Cayo Galindo, Carlos Mesía y Aaron Oyarce.

Este último, quien también se había presentado en el concurso del 2020, refirió a este Diario que sus cinco multas, incluida una muy grave por conducir en estado de ebriedad, “ya han sido honradas”. “Yo conduzco todos los días y, entonces, estoy expuesto a las multas. Las asumo en caso las tuviera”, acotó. Oyarce es también vicerrector de la Universidad Peruana de Las Américas, que está en proceso de cese definitivo tras no conseguir el licenciamiento por parte de la Sunedu. “El motivo de mi permanencia es el cese ordenado de las actividades académicas. Soy respetuoso de la Ley Universitaria y de la resolución de Sunedu”, comentó al respecto.

La especialista Úrsula Indacochea remarca que la existencia de multas, cuando son graves y repetitivas, “si puede ser un problema porque revela un rasgo importante de cualquier magistrado, que es su respeto por las reglas”. “Un buen juzgador es alguien que valora y respeta la ley. Y el incumplimiento grave, como conducir con exceso de alcohol, o repetitivo, afecta el rasgo de idoneidad ética. No olvidemos que los magistrados deben tener una conducta éticamente irreprochable, tanto en su vida profesional como privada”, explicó.

Iván Lanegra también encuentra en la reiterancia de infracciones de tránsito y a su gravedad elementos que descalifican la idoneidad de los postulantes. “Formalmente, no hay un impedimento de postular al TC por casos como estos. Sin embargo, la recurrencia de infracciones o de faltas muy graves, que incluso ponen en riesgo la vida de las personas, sí afectan la idoneidad moral o ética de las personas que postulan. Y eso -la idoneidad- sí es un requisito del reglamento. Si uno encuentra en una persona entre diez o hasta 15 infracciones, es evidente que hay un problema de falta de respeto recurrente por las reglas”, indicó.

Además de estas sanciones, cuatro candidatos al TC han sido sujetos de cobranza coactiva por adeudarle al Estado. Se trata de los abogados Hipólito Rodríguez, Jorge Rioja, Tito Esteves y Willy Ramírez. En el caso de Rodríguez, quien encabeza la relación, las deudas en conjunto representaron S/ 82,885. Las cobranzas más recientes son de este año y corresponden a los candidatos Rioja y Esteves.

Al respecto, el congresista José María Balcázar explicó que la Comisión trata de recoger toda la información posible y reiteró que el período de tachas abre el espacio para cualquier observación ciudadana con respecto a la relación de postulantes. “Nosotros también estamos pidiendo a todas las instituciones pertinentes [información] sobre asuntos de deudas a bancos, mutuales o cajas de ahorro. Todos estos datos son importantes porque no podemos tener un jurista [en el TC] que sea deudor”.

De acuerdo con el cronograma del grupo de trabajo, pasado el período de tachas, los postulantes que continúen aptos pasarán por una evaluación curricular y, posteriormente, quienes resulten aprobados deberán presentar declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República.

Riesgo de conflictos de interés

De acuerdo con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 33 actuales candidatos al TC han sido proveedores del Estado para fines no académicos. Once de ellos han recibido por sus servicios profesionales entre S/ 60 mil y más de S/ 800 mil. Si bien el riesgo de un conflicto de interés para casos que llegan al máximo órgano constitucional se puede neutralizar mediante la inhibición de los eventuales jueces, especialistas sugieren que ese tipo de escenarios siempre debería ser mínimo.

“Es posible que algunos candidatos —sobre todo, los que han ejercido la profesión en el ámbito privado—hayan prestado diversas formas de asesoría legal al Estado, y eso, por sí mismo, no es un motivo para descalificarlos. Sin embargo, creo que es importante hacer una revisión más detallada, por ejemplo, cuando se trata de asesorías al Congreso o a instancias gubernamentales no técnicas, pues estos casos pueden encubrir vínculos político-partidarios que si podrían afectar el requisito de independencia”, explicó Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso.

Iván Lanegra, de la Asociación Civil Transparencia, coincidió en que es habitual encontrar abogados que han tenido relación de servicios con el Estado. No obstante, refirió que, pese a ser una característica perfectamente tolerable en un concurso como este, la posibilidad de conflictos de interés permanece activa.

“No existe, para empezar, un impedimento con haber sido proveedor del Estado. Sin embargo, habrá que ver si es que hay una situación que pueda implicar un conflicto de interés. De afectar su independencia, el juez tendría que inhibirse o abstenerse de intervenir frente a una demanda. Otra situación problemática sería que el exproveedor y ahora aspirante al TC tenga una investigación en curso o haya sido sancionado respecto de su labor como proveedor. De todas formas, es una característica sobre la que se debe tener cuidado”, dijo.

Bonus: Un candidato contra el presidente de la Comisión

Tito Esteves Torres es uno de los 76 candidatos declarados aptos para el proceso de selección al TC. Cuando verificamos su perfil en SEACE, notamos que tenía impedimento para contratar con el Estado, pues el Colegio de Abogados de Lambayeque lo había suspendido del ejercicio de la profesión por dos años, desde el 17 de agosto del 2020 hasta el 17 de agosto del 2022. Esto, luego de que una fiscal del distrito de La Victoria (Chiclayo) interpusiera una queja en contra del abogado por haber publicado en su cuenta de Facebook un reclamo hacia su trabajo.

Esteves impugnó la medida disciplinaria ante el Primer Juzgado Civil de Chiclayo y este falló a su favor el 23 de noviembre del 2020, con una medida cautelar que suspendía los efectos. Posteriormente, el 4 de mayo del 2021, el mismo tribunal declaró fundada su demanda de amparo contra el Consejo de Ética y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lambayeque. Todo esto sucedió mientras José María Balcázar, hoy congresista de Perú Libre y presidente de la Comisión Especial para elegir a los magistrados del TC, era decano de esa institución lambayecana.

Esteves, quien era delegado de la asamblea del Colegio de Abogados, aseguró a El Comercio que Balcázar actuó maliciosamente y buscó que se lo sancione en ese momento por rivalidades personales. Consultado al respecto, el legislador negó tener algún problema personal con el postulante y advirtió que, para evitar problemas, se inhibirá de cualquier decisión sobre su candidatura.

“Yo jamás he tenido asuntos personales contra él. Más bien, él se ha convertido en mi enemigo, me ha denunciado, me ha querellado, y hasta la fecha anda diciendo que yo me he apropiado de bienes del Colegio de Abogados, lo cual es falso y no tiene resolución que lo pruebe. Y aún así, se le ha dejado pasar la etapa formal. Ahora, los congresistas no pueden ser recusados en concursos como este. Lo que yo voy a hacer es no intervenir ni opinar en esa postulación”, dijo Balcázar Zelada.

El último martes, Esteves envió un escrito a la Comisión Especial para que Balcázar sea retirado de la presidencia y del grupo. Además, ha pedido la nulidad de todo el concurso porque, según señala, no se publicitaron debidamente las modificaciones o extensiones a las etapas del cronograma.

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