Andrés Hurtado empezó a hablar: nuevos involucrados y la posibilidad de ser colaborador eficaz
El pleno del Congreso de la República pasó a un cuarto intermedio, este jueves 3 de octubre, el dictamen que resume los proyectos para crear el delito de terrorismo urbano en el Código Penal peruano.
La primera vicepresidenta de Parlamento, Patricia Juárez (Fuerza Popular), a cargo en ese momento del debate, le dio la palabra al titular de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre), quien pidió un receso.
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“La Comisión de Justicia va a recoger las sugerencias y aportes. Este tema es algo serio y no se trata de manejarlo emocionalmente o de interés, sino de buscar la paz social y proteger la vida de las personas, por lo tanto, pido un cuarto intermedio para desarrollar mejor esta propuesta”, señaló.
Previamente, con 41 votos a favor, 52 en contra y 1 abstención, el pleno rechazó una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Justicia el dictamen de los proyectos de ley 5525, 5838, 5969, y otros que plantean modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635.
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Posteriormente, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), levantó la sesión sin que la representación nacional abordara el tema. “Nos vemos el miércoles”, dijo al término del pleno.
Durante el debate, Alejandro Cavero (Avanza País) detalló que en el texto propuesto incorpora unos 40 delitos, pero no los “tres más importantes”: narcotráfico, tráfico de terrenos y minería ilegal. Por ello, sugirió que se incorporen en el dictamen.
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Por su parte, Diego Bazán (Renovación Popular) subrayó la necesidad de aprobar “algo que realmente funcione”, ese decir, una propuesta “muy bien elaborada”.
A su vez, Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) dijo que el debate refleja una “admisión de culpa de parte del Congreso” por el rechazo ciudadano a los cambios a la ley del crimen organizado.
Nota original
“Ya tenemos un texto sustitutorio. Esperamos enriquecer con las opiniones y sugerencias de los especialistas y eso vamos a discutirlo y esperamos aprobarlo el día de mañana”, adelantó el último miércoles el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (APP).
En declaraciones a la prensa, Salhuana anunció que se recabó la opinión de especialistas y representantes del Colegio de Abogados de Lima para evaluar el tema de la iniciativa sobre terrorismo urbano.
La iniciativa que se encuentra agendada en el pleno agrupa diversas iniciativas para incluir en el Código Penal el delito de terrorismo urbano con penas entre 20 y 30 años de prisión, además de las condenas correspondientes a otros delitos específicos como homicidio, robo agravado, sicariato, extorsión, entre otros.
La propuesta es que cuando dos o más de una lista de 40 delitos concurran en un mismo acto, generando “zozobra en la población o en un sector de ella con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico”, se configure el delito de terrorismo urbano.
Gobierno anuncia su propio proyecto de terrorismo urbano
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció el último miércoles que el Ejecutivo presentará su propio proyecto de terrorismo urbano con penas desde 30 años hasta cadena perpetua si se perpetran delitos de sicariato, conspiración, extorsión, entre otros, generando “terror y zozobra en la población o un sector de ella”.
“La ley por sí misma no tiene ningún sentido, pero vale per se por su carácter persuasivo. Vamos a señalar con el dedo a quienes cometan estos delitos y los vamos a calificar como terroristas, los vamos a perseguir y los vamos a meter a la cárcel”, aseguró.
Gustavo Adrianzén aseguró que las personas que puedan ser sentenciadas por terrorismo urbano serán enviadas directamente al penal de Challapalca.
Asimismo, adelantó que el texto incluirá una disposición complementaria para que los militares y policías que sean denunciados en el marco de un estado de emergencia, solo puedan ser procesados en el fuero militar policial y no en la justicia civil.
“Hay una medida excepcional para ser aplicada en los estados de emergencia y, según esta medida, la disposición complementaria final, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que durante la vigencia de los estados de emergencia fueran denunciados por actos realizados en cumplimiento de sus funciones, serán investigados y/o sancionados según el artículo 173 de la Constitución Política del Perú”, señaló.
Esta parte de la Constitución señala que en caso de delito de función, “los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar”.
“Nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que actúen en el marco de estos estados de emergencia, dentro de los planes y siguiendo órdenes, solamente van a poder ser juzgadas, investigadas, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución para ellas, que es en el fuero privativo policial militar”, reiteró el primer ministro.
