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En los primeros 15 días de instalado el Parlamento, la bancada de Unión por el Perú ya presentó 10 iniciativas de ley, de las cuales tres buscan incorporar la figura de la pena de muerte en la Constitución, y otras dos apuntan a ser leyes con nombre propio. La facción etnocacerista empieza así su agenda radical, algo que venían anunciando desde la campaña electoral.
La bancada de UPP está compuesta por 13 miembros, y son seis los que responden a la facción etnocacertista del preso Antauro Humala. Ellos son: Javier Mendoza (Ayacucho), Jim Ali Mamani (Ayacucho), María Isabel Bartolo (Áncash), Posemoscrowte Chagua (Huancavelica) Roberto Chavarría (Junín) y Rubén Ramos (Puno). De los 10 proyectos presentados por la bancada hasta la fecha, ocho pertenecen a esta facción.
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El grupo ligado a Antauro Humala empezó el periodo parlamentario con fricciones ante el otro grupo de siete miembros liderados por el vocero José Vega Antonio (Lima). Las asperezas se limaron en la repartición de comisiones, donde se le cedió al grupo etnocacerista la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, la cual estará a cargo de María Isabel Bartolo. En declaraciones a este Diario, el legislador Posemoscrowte Chagua, quien durante la primera semana se resistió a inscribirse oficialmente a la bancada, indicó que venían trabajando en la unidad y que ya incluso estaban trabajando proyectos en conjunto.
José Vega (Lima) y Edgar Alarcón (Arequipa) firmaron los dos últimos proyectos de autoría de Chagua: uno para derogar la Ley de Protección Policial (promulgada por la actual Mesa Directiva) y una declaratoria para la implementación de laboratorios descentralizados de diagnostico del COVID-19 (coronavirus). Chagua hizo lo propio y firmó un proyecto de Tejada que establece medidas para desplegar el control simultáneo de la Contraloría durante en obras y servicios dados durante esta emergencia sanitaria. El intercambio de firmas en estas tres iniciativa ocurrió el último lunes 31 de marzo.
| Propuestas de ley de la facción etnocacerista de UPP | Autor | Proyecto | Fecha |
|---|---|---|---|
| Extinción especial de la pena en poblaciones carcelaria vulnerables al COVID-19 | Rubén Ramos | 4907 | 26/03/2020 |
| Pena de muerte para delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios en situación de emergencia | Jim Ali Mamani | 4957 | 30/03/2020 |
| Repatriación de extranjeros residentes en el Perú afectados por emergencia sanitaria | Jim Ali Mamani | 4958 | 30/03/2020 |
| Participación de la FFAA en la seguridad ciudadana y servicio militar obligatorio | Jim Ali Mamani | 4959 | 30/03/2020 |
| Pena de muerte en casos de feminicidio | María Isabel Bartolo | 4960 | 30/03/2020 |
| Pena de muerte en casos de violaciones a menores de edad | María Isabel Bartolo | 4961 | 30/03/2020 |
| Derogatoria de la Ley de Protección Policial | Posemoscrowte Chagua | 4970 | 31/03/2020 |
| Declaratoria para la implementación de laboratorios descentralizados para diagnóstico del COVID-19 | Posemoscrowte Chagua | 4971 | 31/03/2020 |
Pena de muerte, triple intento
Pero la agenda radical de UPP -o mejor dicho, de la facción etnocacerista- se explica mejor en los proyectos que buscan incorporar la figura de la pena de muerte en la Constitución. Son tres iniciativas de ley de este corte.
Dos de los proyectos han sido presentados por la legisladora María Isabel Bartolo. El primero plantea la pena de muerte para casos de feminicidio, y el segundo, para los casos de violaciones a menores de edad.
El tercer proyecto es del parlamentario Jim Ali Mamani, quien propone la pena de muerte para delitos de corrupción cometidos por presidentes de la República y otros altos funcionarios en situación de emergencia.
Mamani Barriga también tiene una iniciativa para instaurar el servicio militar obligatorio, y otro proyecto para la repatriación de extranjeros vulnerables por el COVID-19 (coronavirus), aunque haciendo énfasis en la comunidad venezolana.
El último proyecto de la facción etnocacerista es de Rubén Ramos (Puno) y busca la extinción de la pena en poblaciones carcelarias para evitar que los efectos del COVID-19 (coronavirus).
“Los centros penitenciarios son altos centros de contagio, el hacinamiento es algo peligroso. Antauro Humala solo sería un ciudadano más que se beneficie”, afirmó el vocero José Vega cuando se le consultó al respecto.
Además del proyecto de Alarcón sobre el control concurrente, la facción del vocero José Vega solo ha presentado otra iniciativa de Yessica Apaza (Puno), el cual propone el retiro facultativo de hasta 60 remuneraciones mínimas vitales (S/ 55.000) de los fondos de las AFP.
Sin embargo, en el actual debate sobre el retiro de fondos del sistema privado de pensiones, ambas facciones de UPP se han sumado al consenso para un retiro del 25%.
