La Comisión de Defensa del Congreso recibirá este lunes 11 el informe del procurador público especializado supranacional, Carlos Reaños Balarezo, para que informe sobre la admisión a trámite de la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del terrorista Víctor Polay Campos.
Dicho grupo de trabajo, que sesionará desde las 3:00 p.m., también recibirá al procurador público especializado en delitos de terrorismo, Milko Ruiz Espinoza, para que informe sobre los casos “Perseo”, “Olimpo” y “Las Gardenias”.
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Los dos primeros son casos que implican investigaciones por vínculos con presuntas organizaciones terroristas, como Sendero Luminoso. En el caso del último, se refiere al asesinato de cuatro personas perpetrado por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en Tarapoto el 31 de mayo de 1989.
Como se recuerda, la CIDH tiene en sus manos un proceso supranacional interpuesto por un grupo de personas, entre ellas el exministro Javier Valle Riestra, a favor de Polay Campos, integrante del MRTA.
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La demanda, que fue admitida en marzo del 2022 y no se había conocido hasta la fecha, plantea que Polay Campos habría sido condenado por el delito de terrorismo violando su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales; y que las condiciones carcelarias que se le impusieron afectaron su integridad personal, y que a pesar de que denunció haber sido constantemente torturado desde su detención, el Ministerio Público no investigó diligentemente tales hechos.
Junto a Valle Riestra, también firman la demanda internacional los abogados César Oyola y Javier Mujica Petit; así como sus familiares Otilia Campos y Otilia Clemencia Polay.
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El caso se revisará en un proceso en el que deberá señalarse audiencia para que las partes expongan sus argumentos; y, luego de ello, habrá un pronunciamiento de fondo.
La CIDH puede recomendar una solución amistosa entre los demandantes y el Estado Peruano. Si esto no prospera, la comisión determinará si hubo o no violación de derechos humanos y emitirá recomendaciones.
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Si el Estado peruano llegase a incumplir las recomendaciones, la CIDH denunciará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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