La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para ejercer la función pública al exministro de Salud Víctor Zamora por presuntas irregularidades en su gestión durante la pandemia del COVID-19.
El documento, sustentado en la sesión de este miércoles 24 de julio, plantea que el extitular del Minsa sea procesado por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El texto fue aprobado con 13 votos a favor, 1 contra y 1 abstención y deberá ser ratificado por la Comisión Permanente y luego por el pleno.
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Se le atribuye al exministro la adquisición y suministro de oxígeno medicinal no adecuado (93% de pureza) y de pruebas rápidas que pusieron en riesgo la salud de todos los peruanos durante el inicio de la pandemia del COVID-19.
El informe fue sustentado por el ponente Jorge Montoya. La denuncia presentada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) señala que Zamora, en su condición de titular del Minsa, emitió una serie de resoluciones para mantener y/o ratificar la compra de pruebas rápidas.
En la audiencia del caso en mayo pasado, Zamora Mesía se defendió de las acusaciones señalando que respecto a la adquisición de este producto, antes de la pandemia la Digemid venía otorgando registro sanitario para la producción y comercialización de oxígeno medicinal al 93%.
Asimismo, refirió que uno de los principales objetivos de su gestión fue adoptar las medidas jurídicas que permitieran incrementar la producción y el acceso al sistema de oxígeno medicinal para el tratamiento del COVID-19.
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Del mismo modo, señaló que su gestión contribuyó dinámicamente en la recepción de oxígeno líquido criogénico con la finalidad de que sea útil a los pacientes en el Perú, velando porque sea un producto apto y seguro.
Zamora también alegó que las pruebas moleculares durante la gestión de su antecesora en el cargo, Elizabeth Hinostroza, estaban desfinanciadas, destinando mayor presupuesto para redes sociales en detrimento de éstas, y que no tuvo ninguna injerencia alguna en la emisión del Decreto Supremo 028-2020.
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Indicó que en el Perú las pruebas rápidas fueron compradas en la gestión de su predecesora, fueron utilizadas durante su periodo y se ratificó su uso cuando estuvieron al mando Pilar Mazzetti, Abel Salinas y Óscar Ugarte. Se dejaron de usar oficialmente el 21 de julio del 2021, seis días antes del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).
Muñante señaló en su denuncia que la ratificación de la compra de pruebas rápidas se llevó a cabo pese a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las advertencias de científicos y médicos peruanos que exigían realizar pruebas moleculares masivas.
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Respecto al desabastecimiento de oxígeno, se afirmó que las políticas dadas por Víctor Zamora y la imposición del uso de oxígeno medicinal de 99%, además de provocar escases, obstaculizaron la adquisición de oxígeno medicinal de 93% de concentración.
De otro lado, a pedido del congresista delegado Eduardo Castillo (Fuerza Popular), se reprogramará la sustentación y debate de la propuesta del informe final de la Denuncia Constitucional 355 contra la ex primera ministra Betssy Chávez.
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