La Contraloría General de la República confirmó irregularidades en la firma de la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, y detalló que hay 10 funcionarios públicos con responsabilidad penal.
En una conferencia de prensa, el contralor Edgar Alarcón señaló que están emitiendo recomendaciones para proceder con el cierre financiero del contrato, ya que con la adenda se iba a generar un perjuicio al erario público estimado en unos 40,6 millones de dólares.
"Hemos encontrado responsabilidad penal en 10 funcionarios: 6 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2 del Ministerio de Economía y Finanzas y 2 funcionarios de Ositran. Las acciones legales se están iniciando hoy a través de nuestra procuraduría ante el Ministerio Público", detalló Alarcón.
El contralor no brindó los nombres de los responsables de estas irregularidades por la reserva del caso, pero descartó que estén incluidos Martín Vizcarra o Alfredo Thorne. "No hay ningún titular (de los ministerios) involucrado en el informe. Son funcionarios que han estado vinculados directamente con la gestión adminsitrativa y la decisión de firmar la adenda", precisó.
- Conclusiones -
Alarcón señaló que el informe de la Contraloría llegó a la conclusión de que la adenda fue suscrita sin cumplir las normas que regulan las asociaciones público-privadas para favorecer al concesionario Kuntur Wasi.
"Se modificó la asignación de riesgos financieros inicialmente asignados. Primero, el concedente (Estado) asumía un 29% y el concesionario un 71%. Con la adenda se modificó y el concedente asumía más del 80% y el concesionario 19,20%", señaló.
En ese sentido, la Contraloría General recomendó restablecer las condiciones iniciales del proceso y que el concesionario Kuntur Wasi "acredite formalmente un acreedor permitido" para presentar su propuesta de financiamiento a fin de lograr el cierre financiero "en el menor plazo posible". También exhortan a evaluar las otras propuestas recibidas para obtener mejores condiciones económicas.
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