Shack aseguró que existen "cerca 600 solicitudes para declarar la nulidad, suspensión y el archivamiento de procedimientos administrativos sancionadores" iniciados por la Contraloría tras sentencia del TC. (Foto: GEC)
Shack aseguró que existen "cerca 600 solicitudes para declarar la nulidad, suspensión y el archivamiento de procedimientos administrativos sancionadores" iniciados por la Contraloría tras sentencia del TC. (Foto: GEC)
Redacción EC

El contralor aseguró este jueves que el tiempo que se tarda el (TC) en aclarar su sentencia respecto a sanciones a funcionarios públicos "incrementará la sensación de impunidad”.

Es por ello que instó al organismo presidido por Ernesto Blume a que resuelva "prontamente" el recurso de aclaración, puesto que existen "cerca de 600 solicitudes para declarar la nulidad, suspensión y el archivo de procedimientos administrativos sancionadores" iniciados por la contraloría.



Precisó que dichas solicitudes involucran a más de 15 mil funcionarios públicos a quienes se les ha identificado posible responsabilidad administrativa a raíz de auditorías de casos emblemáticos.

“Esperamos que el TC pueda resolver prontamente el recurso de aclaración respecto de la sentencia emitida en la que, si bien reconoce la capacidad sancionadora de la contraloría, declara inconstitucional el catálogo de sanciones, para que estén claras las consecuencias y la aplicación práctica de su sentencia”, sostuvo Shack.

"Han pasado tres semanas y aún no se ha emitido ningún pronunciamiento formal sobre el tema", lamentó desde Ucayali, a donde acudió en el marco de la segunda fecha de la jornada de supervisión y traslado de su despacho a dicha región.

Como se recuerda, el pasado 28 de abril entró en vigencia la sentencia que suspendía los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a las sanciones de la contraloría a funcionarios públicos hasta pronunciarse sobre el recurso de aclaración.

Cabe destacar que cuando fue anunciado este recurso, el titular del TC indicó que la sentencia "ratifica las competencias sancionadoras de la contraloría" y no busca ir en contra de la lucha anticorrupción.

“El colegiado del Tribunal Constitucional va a estudiar este pedido de aclaración y lo va a resolver para disipar cualquier duda y quede claro que la sentencia ratifica la lucha contra la corrupción y las competencias sancionadoras de la Contraloría y que no hay ningún problema porque la situación va a ser superada”, explicó Ernesto Blume en aquella oportunidad.