El ex gobernador regional del Callao, Alexander Kouri Bumachar, solicitó ser excarcelado y quedar bajo arresto domiciliario, ante riesgo de contraer coronavirus en el penal donde viene cumpliendo su condena de 5 años por delitos de corrupción.
A través de un recurso de hábeas corpus- interpuesto ante el juzgado de turno- la ex autoridad del Primer Puerto, solicitó que se considere los argumentos que usó días atrás el juez Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California (Estados Unidos) para ordenar la libertad del expresidente Alejandro Toledo, ante la posibilidad que pueda contraer dicha enfermedad.
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Alex Kouri se encuentra recluido en el Penal de Piedras Gordas II, donde cumple la condena que se le impuso en junio del 2016 tras ser hallado responsable del delito de colusión desleal en agravio del Estado por haber favorecido a la empresa Convial con cerca de US$32 millones a través de contratos y adendas firmadas por él cuando era alcalde del Callao.
Para sustentar su pedido de excarcelación, su abogado Ricardo Sánchez Carranza, presentó un informe médico alegando que la exautoridad padece de enfermedades pre-existentes.
Sostuvo entonces que su patrocinado posee “la trilogía asociada con el síndrome de muerte súbita –hipertensión, diabetes mellitus e hiperglicemia- lo que hace inminente el riesgo contra su salud y su vida".
“Como corolario de lo expuesto, venimos atravesando una pandemia Covid-19 (coronavirus), la misma que demuestra su gravedad por las medidas oportunas y extremas impuestas por el gobierno actual, siendo posible determinar que la vida, la integridad y la salud del favorecido se ve seriamente en riesgo y podría inclusive fallecer”, alegó en el documento.
Aplicación del Caso Toledo
La defensa legal de Kouri sostuvo que se debe tener en cuenta la reciente decisión que tuvo una Corte de Estados Unidos al liberar a Toledo Manrique, quien se encontraba bajo prisión preventiva a la espera de que se inicie su extradición.
Remarcó que la decisión del juez Thomas Hixson, “fija como interés superior la vida, de cara al coronavirus Covid-19”.
“Por demás y como es de conocimiento público en nuestros medios el expresidente Alejandro Toledo, fue puesto en libertad bajo fianza y otras restricciones, por un eminente riesgo a su salud y vida”, explica.
Si bien reconoció que hasta el momento no ha pagado la reparación que se le impuso, dijo que es porque aún no concluye el proceso judicial contra otras dos personas implicadas en su caso. Sin embargo, consideró que su patrocinado ya cumplió los cuatro cuartos de su pena impuesta y que los 15 meses que aún le faltan por cumplir podría purgarlos bajo el arresto domiciliario.
“El estado de salud, derecho inmerso dentro del derecho fundamental a la vida, se encuentra en estado de riesgo, pues de cara a la pandemia-coronavirus, se encuentran las graves afectaciones pre existentes al favorecido expuestas líneas arriba”, expresa en uno de los puntos de su petitorio constitucional.
- Podría proceder-
Al respecto, el abogado especialista en temas penales, Luis Lamas Puccio, consideró que su pedido sí podría proceder o ser evaluado, ya que los fundamentos y el razonamiento es el mismo tanto si se trata de una prisión preventiva como cuando se trata de una pena privativa de libertad.
“Si, porque son los mismos derechos para personas que están con prisión preventiva, para personas que están siendo procesadas y personas que ya han sido condenadas; el razonamiento es el mismo, porque lo que se pone en evidencia es que la pandemia no haría distinciones entre procesados y condenados”, dijo a El Comercio.
Cabe recordar que según el Ministerio de Justicia, hasta el momento no se ha presentado ningún caso de contagio por coronavirus al interior de los penales del país.
Frente a ello, Lamas Puccio indicó que “esta es una pandemia de una propagación incontrolable, entonces no hay que esperar que un caso se suscite para recién tomar decisiones”.
“El Estado tiene que asumir una posición corporativa frente al tema porque estos casos individuales van a ir en aumento, porque el problema de la pandemia es un tema de primer orden. Entonces, el Estado tiene que asumir como parte de una política, el cómo van a resolver los casos de las personas recluidas frente al tema de la pandemia; y justamente estas iniciativas en términos individuales provienen de personas que están en una posición política y económica distinta al común denominador de los reclusos que son miles”, indicó.
Agregó que, son precisamente los pedidos en términos individuales de dicho sector como los de Alex Kouri o el del ex primer ministro César Villanueva, los que están generando una situación de “distorsión” de los mecanismos que el Estado debería implementar en el sistema carcelario frente a la pandemia.
“Para evitar este desorden que se está suscitando y considerando que los magistrados nunca han sido coincidentes en sus resoluciones y sumado al hecho que se trata un problema grave de salud pública, lo menos que podemos pensar es que el Gobierno debería asumir una posición como para parte de las acciones que se están haciendo para enfrentar la pandemia”, dijo.
El abogado reconoció que el “tema no es sencillo” pues no toda la población carcelaria podría ser excarcelada.
“Acá tiene que diseñarse un protocolo, pues tampoco se suscribe la hecho de que porque existe la pandemia ya pueden salir en libertad. Tienen que establecerse un procedimiento, exigencias y medidas en términos sanitarios, pues no solo pedir al juez que salgan (sean excarcelados) . Las razones no son jurídicas sino pandémicas”, remarcó