Coronavirus: los políticos investigados que no podrán pasar el control biométrico

Debido al distanciamiento social obligatorio y la paralización de actividades públicas dispuestos por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus, políticos y empresarios investigados en diversos casos de corrupción y crimen organizado no podrán pasar por el control biométrico, como parte de las normas de conducta que le impuso el Poder Judicial.

Líderes políticos como el expresidente Ollanta Humala, y su esposa, la exprimera Nadine Heredia, deben registrarse cada 30 días en el control biométrico, dijo días atrás el abogado y su vocero político Santiago Gastañadui. También lo debe hacer el exministro Luis Miguel Castilla, investigado por el Caso Odebrecht.

El excongresista por Fuerza Popular (FP) Moisés Mamani, investigado por el delito de tocamientos indebidos contra una aeromoza, también tiene la obligación de concurrir cada 30 días al control biométrico de la Corte Superior de Justicia del Callao, a fin de justificar sus actividades y acreditar su permanencia en Lima y Callao.

Marco Zevallos, exfuncionario de la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, la secretaria de Keiko Fujimori, Carmela Paucará y el empresario Augusto Bedoya, son aún investigados bajo la obligación de concurrir al registro biométrico.

Otros personajes como el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba y el exfuncionario Edwin Luyo, también deben cumplir con esta obliagación cada siete días.

Algunos de los anteriores lograron pasar el control biométrico, pero otros recién lo debían hacer dentro del plazo del período de emergencia nacional decretado por el coronavirus.

Procesado no tendría responsabilidad

En declaraciones a este Diario, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miguel Ángel Rivera Gamboa, confirmó que el cierre del registro electrónico, anunciado días atrás por su judicatura, se realizó debido a que no es posible su funcionamiento ante la emergencia nacional actual.

Como se sabe, muchos de los investigados inmersos en procesos como Lava Jato y Cuellos Blancos, con medidas restrictivas, deben acudir hasta el registro biométrico administrado por la Corte de Lima.

“Por obvias razones es materialmente imposible que se pueda cumplir o que se pueda obligar a las personas al control biométrico, que no olvidemos es una regla de conducta que han expedido los juzgados”, enfatizó.

Por tanto, el cumplimiento no puede exigirse ya que la sede judicial está cerrada, a excepción de asuntos urgentes, y dentro de lo cuales no está comprendido el control biométrico.

Aseguró el retraso en el registro biométrico de sentenciados e investigados, no puede serle atribuido a estos.

“Por tanto, no puede generar ninguna decisión que se le atribuya al sentenciado o procesado, el haber incumplido. Esto no es incumplimiento; si no imposibilidad material de cumplimiento y es algo distinta. Por tanto, los jueces no podrán revocar medidas o reglas de conducta, pues es de cargo del Poder Judicial el haber suspendido el control biométrico”, dijo.

Rivera Gamboa también anunció que, en este momento de excepción, se ha dispuesto la creación de correos electrónicos institucionales para que las denuncias se presenten de manera electrónica, con todo el acervo documentario digitalizado.

“Hay algunos aspectos que en ningún caso pueden suspenderse porque tienen que ver con derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad en el caso de detenidos, presentación de hábeas corpus, violencia de género o familiar o emisión de autorizaciones de órdenes judiciales”, detalló.

Normalmente, las demandas son presentadas personal y físicamente, pero con la excepción se hace imposible. Para ello, anunció, se ha comunicado esta disposición con la Sétima Región Policial de Lima y con la Dinincri.

Se de regular calendario de firmas

El abogado Julio Espinoza Goyena, defensa de Humala Tasso y Heredia Alarcón, sostuvo que más allá de casos específicos como la de sus patrocinados, también existen personas que han sido sentenciadas y a quienes se le ha impuesto el control biométrico como regla de conducta.

“Se trata de miles de casos. En la mayoría del país, en casi en todos los distritos (judiciales) funciona y entonces se convierte en una preocupación que hay que regular, sobre todos porque no tenemos claridad cuándo termina la emergencia”, dijo a El Comercio.

Por tanto, agregó, se justifica que la Corte Superior de Justicia de Lima, haya suspendido el registro biométrico. Sin embargo, sostuvo que ello debe ser replicado a nivel nacional.

Hasta ayer, se conoció que también la Corte Superior del Callao, había suspendido el registro de control biométrico.

Espinoza Goyena consideró que, bajo la situación actual, “debería existir una dispensa justificada para quienes les haya tocado la fecha de pasar por el control biométrico”; y posteriormente, el juez de cada caso debe actualizar sus calendarios desde el tiempo que dejó de funcionar el registro.

“El periodo o la fecha de pasar el biométrico lo define el juez y se debe actualizar cuando pase la emergencia, pues a la gente le genera una preocupación general pues de ello depende su libertad. Es un tema sensible”, advirtió.