Ante el avance del coronavirus (COVID-19) en las cárceles del país y el desborde que la pandemia ha generado, el Gobierno, a través del primer ministro Vicente Zeballos, anunció este martes la conformación de un comando de operaciones para dichos establecimientos penitenciarios.
Según explicó Zeballos, la medida le fue comunicada por el ministro de Justicia, Fernando Castañeda el lunes. “Es decir, un comando con capacidad de acción, respuesta para la serie de carencias que se están evidenciando en los penales, especialmente por lo que es la llegada del virus”, manifestó. Esto al presentarse en la sesión virtual conjunta de tres comisiones del Congreso: Fiscalización, Salud y seguimiento al COVID-19.
El anuncio se dio en el día 44 del Estado de Emergencia y luego de que se produjera un motín en el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, que dejó 9 internos muertos y 2 heridos. Asimismo, 60 agentes penitenciarios y 5 policías resultaron lastimados.
Como parte de la labor de dicho comando a implementarse próximamente, el jefe del Gabinete Ministerial adelantó que, a través de un convenio, Essalud brindará asistencia a internos especialmente en las regiones del país.
Cabe recordar que el 1 de abril, el Ministerio de Salud creó el Comando de Operaciones COVID-19, entidad que tiene como objetivo implementar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de atención a nivel nacional de los casos de la enfermedad. Es presidido por la exministra de Salud, Pilar Mazzetti.
Más medidas
El primer ministro se refirió a la situación de los penales y el hacinamiento en los mismos también a raíz de consultas desde las bancadas. Por ejemplo, el Partido Morado sostuvo que el motín en el penal Castro Castro fue por la exigencia de mejoras en la atención médica para los reos.
Al respecto, Zeballos sostuvo que el hacinamiento en los penales es de larga data, aunque se pone de manifiesto mayormente hoy. “Tenemos 68 penales con una capacidad de 39.000 internos, hoy son 97.000 internos”, detalló.
Recordó, además, que se aprobó un decreto legislativo para que condenados por omisión de asistencia familiar sean liberados en caso paguen su reparación civil y deuda alimenticia. Asimismo, comentó que se reformularon los lineamientos para otorgar indultos.
Con ambas medidas, Zeballos estimó que entre 4 mil y 5 mil internos serán excarcelados. “Se está evaluando caso por caso en permanente articulación con el Poder Judicial. Esto debe proyectarse a una o dos semanas aproximadamente”, adelantó.
Entre otras acciones, destacó la restricción de visitas, fumigaciones, lugares de atención en los penales para contagiados, compra de 110 mil mascarillas y la entrega de 13.000 pruebas rápidas para agentes penitenciarios, principalmente, e internos. “Son circunstancias bastante críticas, no ajenas a una realidad que tenemos que asumirla”, sostuvo.
En tanto, refirió que el Ejecutivo discute actualmente el otorgamiento de un bono para policías, agentes penitenciarios y militares que están en la primera línea de combate contra el coronavirus.
Al 26 de abril, el INPE reportó 645 internos contagiados y 28 muertos. Asimismo, 213 servidores penitenciarios dieron positivo y 5 fallecieron. “Cuánto hubiéramos querido poder evitarlo, pero ya esta enfermedad se ha hecho presente en algunos penales, con algunos fallecimientos de internos y agentes penitenciarios”, comentó el titular de la PCM.
Perspectiva
El exprocurador anticorrupción César Azabache consideró que un comando de operaciones en penales será básicamente de monitoreo, revisión y definición de políticas. Y aunque saludó la medida, apuntó que sería más efectiva con un proceso intenso de excarcelación.
Para ello, propuso que el Ministerio Público plantee excarcelaciones por listados y desista de prisiones preventivas de al menos el 30% de procesados bajo esa condición, así como de penas cortas para la mitad de internos con ese tipo de sentencias. “Con 50.000 personas en exceso, las únicas medidas que pueden tener impacto son las que afecten las libertadores provisionales, hay más de 36.000 registradas, que no afectan a personas condenadas, sino procesadas. Y las condenas cortas, que son más o menos 6.000, vigentes por menos de cuatro años”, explicó.
De darse la liberación de reos, recomendó que se instalen campamentos cerca de los establecimientos penitenciarios a fin de que los excarcelados sean monitoreados. “Dentro del Ejecutivo no hay competencias suficientes para poder abordar una situación de sobrepoblación”, sentenció.
La sesión virtual conjunta de las tres comisiones del Congreso duró unas seis horas. Zeballos intervino en las dos últimas. Participaron también el ministro de Salud, Víctor Zamora, y la presidenta de Essalud, Fiorella Mollinelli.
MÁS INFORMACIÓN
Zeballos negó que las políticas del gobierno frente al coronavirus esté pensada “en una cosecha de votos futuros”. “Si por ahí quedara suelto un mensaje de brindar su apoyo a algún candidato en particular, lo descartamos”, añadió.
Hoy vence el plazo para que el Gobierno observe o promulgue la norma sobre retiro parcial de fondos de las AFP. Zeballos no precisó la medida a tomar. “Se tiene que respetar los fueros del Ejecutivo [...] Estamos dentro de los plazos”, dijo.
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